La transición energética en América Latina y el Caribe tiene una oportunidad única de liderazgo global, pero aún enfrenta retos estructurales que limitan su escala y sostenibilidad. Así lo afirmó Frida Ruiz, representante del IFC (Corporación Financiera Internacional) para la República Dominicana, durante su participación en en el panel Desafíos y Oportunidades en la Transición Energética en América Latina y el Caribe, en el marco del III Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y Felaban en Santo Domingo.
Ruiz compartió un análisis detallado del rol del sector financiero en el avance hacia una matriz energética más limpia, destacando cifras contundentes:
“El portafolio de energía de IFC a nivel global es de aproximadamente US$5.800 millones, de los cuales América Latina y el Caribe representa unos US$1.200 millones. Más del 55 % de ese monto está destinado a energías renovables, a través de tecnologías como la solar, eólica, hidráulica y biomasa”, dijo
Con esta base, Ruiz enfatizó que la región posee una “oportunidad gigantesca” de liderar la transición energética a nivel global, en parte gracias a la abundancia de recursos naturales y al creciente compromiso con la sostenibilidad y el financiamiento climático.
No obstante, también enumeró los principales obstáculos que frenan el desarrollo acelerado de esta transición:
-
Políticas fragmentadas
-
Limitaciones fiscales
-
Un entorno financiero con retos para asumir riesgos asociados a nuevas tecnologías
“En los últimos 10 años, hemos desembolsado alrededor de US$30 mil millones en proyectos de energía en la región, pero aún hay un espacio inmenso por trabajar”, aseguró.
Desde la perspectiva del IFC —brazo del sector privado del Banco Mundial— el desafío más inmediato es lograr escalar estos programas y, al mismo tiempo, innovar en los modelos financieros que permitan atraer mayor inversión privada.
Ruiz concluyó su intervención subrayando la necesidad de contar con políticas públicas estables y un entorno regulatorio predecible, factores fundamentales para impulsar la inversión sostenible y hacer viable una transición energética inclusiva en países como República Dominicana.
