El creciente desorden en las calles del país, especialmente el caos generado por motoristas, ha encendido una alarma tanto en la ciudadanía como en las autoridades. Sin embargo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) asegura que el problema no radica en un vacío legal, sino en la falta de cumplimiento de las normas existentes. A pesar de ello, los recientes incidentes de violencia vial, como el brutal ataque a conductor de un camión recolector de desechos sólidos en Santiago, evidencian los peligros inherentes a un sistema de tránsito desordenado y descontrolado.
El ataque a Deivy Abreu Quezada, el 17 de abril, quien fue perseguido y finalmente asesinado por un grupo de motoristas, es solo uno de los ejemplos más estremecedores de la creciente violencia en las carreteras. Los agresores, según investigaciones del Ministerio Público, actuaron en “manada criminal”, persiguiendo al conductor durante 23 minutos, lo que culminó en su muerte a consecuencia de una estocada en la pierna.
Esta tragedia resalta un fenómeno cada vez más común: la persecución de conductores por parte de motociclistas, que no solo pone en riesgo la vida de los afectados, sino también la integridad de todos los que comparten las vías.
La violencia en las vías públicas ha generado preocupación a nivel nacional, especialmente por la impunidad con la que muchos de estos grupos operan. Las autoridades han acusado a los implicados de asociación de malhechores y asesinato, reflejando la organización y la violencia que caracteriza este tipo de agresiones. Los sucesos como este dejan en evidencia la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial y de sancionar de manera efectiva a quienes no respetan las normas.
Además de la violencia entre conductores, los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en el país. En un trágico incidente ocurrido este martes en la autopista 6 de Noviembre, tres personas perdieron la vida cuando un camión volquete perdió el control y atropelló a una motocicleta. Este tipo de tragedias refleja la falta de disciplina en las carreteras, la deficiencia en la educación vial y la inadecuada fiscalización de las normas de tránsito.
El Intrant ha señalado que el incumplimiento de las leyes, especialmente por parte de vehículos pesados, continúa siendo uno de los principales factores que alimenta la inseguridad vial en el país.
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La entidad, ha subrayado que el país cuenta con un marco legal robusto, en particular la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece disposiciones claras para los conductores, incluyendo el uso obligatorio del casco, licencia de conducir y el respeto a las normas.
Sin embargo, la verdadera problemática radica en la falta de cumplimiento efectivo de estas leyes, lo que se ve reflejado en la creciente impunidad de quienes violan las reglas.
El Intrant ha insistido en que se requiere un esfuerzo conjunto entre las diversas instituciones encargadas de la fiscalización, la regulación y la educación vial. El reto es integrar estas tres áreas de manera eficiente para lograr un cambio real en la cultura del tránsito. La violencia y los accidentes no solo afectan la seguridad de los conductores, sino que también tienen un costo social y económico significativo para el país.
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