República Dominicana. – República Dominicana entra al último trimestre de 2026 expuesta a presiones que se acumulan: combustibles e insumos agrícolas costosos, crédito más restrictivo y una factura energética que compromete recursos públicos. Para las familias, el riesgo es perder capacidad de compra. Para las empresas, especialmente las MIPYMES, es vender sin margen para sostenerse.
La geopolítica y las perturbaciones internacionales explican parte de esas dificultades. Pero la vulnerabilidad con que las enfrentamos tiene causas estrictamente internas: reformas postergadas, compromisos institucionales sustituidos por consignas y recursos que no se convierten en los resultados prometidos.
El costo de abandonar la ruta establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley Orgánica No. 01-12) es llegar a cada crisis con menos capacidad para resistirla.
El país ya había trazado un camino vinculante por mandato de ley. La END articuló una visión de desarrollo y dispuso pactos para transformar la educación, el sector eléctrico y las finanzas públicas, junto a metas expresas de seguridad hídrica, alimentaria y reconversión productiva. Su propósito era articular las aspiraciones nacionales con reformas de fondo, inversión medible, responsabilidades y resultados.
Sin embargo, seguimos inventando destinos a plazos lejanos mientras dejamos pendientes los pasos indispensables para caminar el presente. Señalar metas grandilocuentes a diez o doce años vista sin ejecutar las leyes vigentes equivale a prometer una llegada sin molestarse en financiar el camino.
El sector eléctrico es la muestra más onerosa de esa contradicción. El Pacto Eléctrico, firmado en febrero de 2021, fijó compromisos de reducción de pérdidas, eficiencia técnica y sostenibilidad, con metas que debían acercar al sistema a una operación viable hacia 2026. Más de cinco años después, el indicador se movió en la dirección contraria. En julio las distribuidoras estatales perdían 39.2 % de la energía que compran —56.5 % en Edeeste, 31.9 % en Edesur y 26 % en Edenorte—, frente a 38.2 % un año antes. El subsidio para cubrir ese déficit ya alcanzó RD$88,317 millones al 25 de septiembre, el 92.8 % de la partida de todo el año, con un trimestre todavía por delante.
Construir generación privada es necesario, pero sus beneficios se diluyen cuando se factura mal y se cobra tarde. Las transferencias del Presupuesto Nacional pueden maquillar el déficit operativo; jamás sustituyen la transformación estructural que permitiría reducirlas. Cada peso destinado a cubrir ineficiencias recurrentes compite directamente con el mantenimiento de escuelas, la atención sanitaria, el abastecimiento de agua y la infraestructura productiva. El Gobierno debe transparentar cuánto cuesta sostener el sistema y qué mejoras concretas compra ese dinero.
En hidrocarburos, la coyuntura vuelve a evidenciar la falta de previsión estructural. En 2026 el subsidio a los combustibles ya supera los RD$35,500 millones, más del doble de lo presupuestado al inicio del año. Mitiga el golpe inmediato, sobre todo si se focaliza en los hogares de menores ingresos. Pero su utilidad se agota cuando no viene acompañado de lo que reduce la dependencia de raíz. El país requiere saber si las existencias utilizables, la logística y la distribución garantizan una reserva estratégica real frente a interrupciones prolongadas del suministro internacional. Capacidad instalada de tanques y reserva operativa utilizable son conceptos distintos. Una política energética madura exige reservas estratégicas diversificadas, programas serios de biocombustibles que convivan con la producción agrícola y una transformación decidida de la movilidad urbana. Estas decisiones toman años. Precisamente por eso debieron ejecutarse en el marco de la planificación plurianual que el país ya se dio.
El Pacto Fiscal sigue siendo indispensable. Pero su discusión real ha sido esquivada y reducida a parches coyunturales. La discusión debe comenzar por la calidad y racionalidad del gasto: qué resultados produce, cuáles programas se duplican, qué privilegios se mantienen y cuánto espacio queda para invertir en capital productivo.
Pedir más ingresos sin demostrar rigor en la administración de los existentes erosiona la legitimidad. Una reforma estructural debe simplificar el cumplimiento, distribuir las cargas con equidad y, fundamentalmente, crear un régimen de incentivo y formalización que permita a las MIPYMES bancarizarse, crecer y acceder a crédito competitivo. Sostener la economía a base de deuda pública para financiar subsidios ineficientes mientras se asfixia al pequeño contribuyente es el opuesto exacto del modelo productivo que ordena la ley.
Esa misma inacción golpea el campo y la mesa familiar. La END manda una política de Estado para la seguridad y soberanía alimentaria basada en productividad, inocuidad y bioseguridad agropecuaria. En lugar de blindar fitosanitariamente nuestras cosechas, tecnificar el riego y generar reservas estratégicas de insumos para mitigar shocks internacionales, la respuesta predominante ha sido la importación masiva en momentos de escasez y los subsidios coyunturales. El resultado: el productor nacional queda desprotegido frente a contingencias sanitarias o climáticas y la familia dominicana paga la comida a precios internacionales.
La vulnerabilidad hídrica corre por la misma cuenta. El Pacto por el Agua 2021-2036 fue presentado en 2023, pero sigue sin aprobarse la Ley de Aguas que ordene la preservación de cuencas, regule el almacenamiento y garantice infraestructuras de represas y canales modernos. Firmar sin ley y sin obra no es ejecutar. Cada sequía paraliza la producción y cada tormenta desborda caudales mal gestionados, convirtiendo un recurso natural vital en un motivo periódico de emergencia presupuestaria.
En educación, el país dio pasos institucionales importantes. La asignación del 4 % comenzó en 2013; el Pacto Educativo de 2014 ratificó ese compromiso. La expansión de aulas y la jornada extendida ampliaron las posibilidades de acceso. Los recursos del Ministerio de Educación se han más que duplicado en términos nominales. Aun así, la asignación de 2026, RD$332,030 millones, equivale a cerca de 3.83 % del PIB, por debajo del piso que manda la Ley 66-97. El problema no es solo de monto. Una elevada proporción de lo que sí se ejecuta queda comprometida en nómina y gasto corriente no pedagógico. El éxito educativo se mide en estudiantes capaces de leer, comprender, razonar e integrarse productivamente a una economía que exige mayor valor agregado. Más presupuesto, y el cumplimiento del piso legal, obligan a mejores resultados.
La salud plantea una exigencia semejante. Existen infraestructuras de primer nivel y planes institucionales recurrentemente presentados. La pregunta que el Gobierno debe contestar es cuánto de esa retórica se convierte en atención cercana, continua y resolutiva. La atención primaria debe detectar temprano, controlar enfermedades crónicas y descongestionar los hospitales. Una red que funcione todos los días transforma el sistema; las inauguraciones y los anuncios aislados no.
Mantener subsidios generalizados e indefinidos, en energía como en combustibles, sin tocar las causas del problema deja las arcas públicas desarmadas ante el siguiente repunte externo. Esa es la discusión que la administración del PRM debe encarar con serenidad y rigor: qué está haciendo para que la próxima crisis encuentre al país con cimientos institucionales y productivos más fuertes.
Fijar horizontes lejanos o inventar nomenclaturas de modernidad resulta cómodo, pero concentrarse únicamente en el destino sin organizar las reformas del trayecto no es planificar: es evadir. En nuestro caso, la falta es doblemente grave, porque la sociedad dominicana ya debatió, consensuó y promulgó su ruta en una Ley Orgánica que no prescribe con los cambios de gestión.
La Estrategia Nacional de Desarrollo debe mandar sobre el presupuesto y servir de rasero para evaluar el desempeño gubernamental. La factura de saltarse la ruta termina llegando al hogar, al campo y al pequeño negocio. Y cuando llega, se paga con menos empleo de calidad, mayor endeudamiento y un desarrollo que sigue postergándose.
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