Jochy Gómez, CEO de Aurix —una empresa tecnológica especializada en vigilancia y seguridad cibernética—, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en la República Dominicana, reveló en una entrevista en el programa Somos Pueblo que había interpuesto formalmente una acusación contra Milton Morrison, actual director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en las cortes de los Estados Unidos.
La acusación, según Gómez, se basa en violaciones al Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), después de que presuntamente Morrison intentara sobornar a varios funcionarios norteamericanos en un proceso relacionado con contratos tecnológicos.
Este señalamiento no solo coloca a Morrison en el epicentro de una crisis de credibilidad política y legal, sino que también abre la puerta a consecuencias extremadamente severas en territorio estadounidense y dominicano.
El Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) es una ley federal estadounidense de 1977 que prohíbe que ciudadanos, residentes y empresas estadounidenses —y, en ciertos casos, también extranjeros— ofrezcan pagos o beneficios indebidos a funcionarios públicos extranjeros para obtener o retener negocios.
Aunque en su origen la ley estaba dirigida a empresas estadounidenses, su aplicación extraterritorial ha evolucionado. Hoy, si un acto de corrupción ocurre en suelo estadounidense, afecta el comercio estadounidense o involucra entidades estadounidenses, un extranjero también puede ser procesado bajo el FCPA.
Las sanciones bajo el FCPA incluyen:
-
Penas de prisión de hasta 15 años para individuos.
-
Multas económicas de hasta el doble del valor del soborno ofrecido.
-
Prohibiciones comerciales, siendo colocados en listas negras del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro.
-
Revocación de visas y restricciones bancarias, como el cierre de cuentas o la cancelación de tarjetas de crédito.
En otras palabras, un individuo acusado o investigado bajo esta ley puede quedar virtualmente excluido del sistema financiero y migratorio de los Estados Unidos.
Le podría interesar: Jochy Gómez revela algunos detalles sobre el caso Transcore-Intrant
Implicaciones legales en los Estados Unidos
De confirmarse las acusaciones, Morrison enfrentaría una serie de cargos graves bajo el marco jurídico estadounidense:
Violación de 18 U.S.C. § 201
Esta sección del Código Penal prohíbe ofrecer o prometer algo de valor a un funcionario público con la intención de influir en un acto oficial. Su pena incluye hasta 15 años de prisión y multas considerables.
Violación del FCPA
A pesar de ser un funcionario dominicano, si el soborno fue ofrecido en suelo estadounidense o utilizando medios del sistema financiero estadounidense, Morrison podría ser procesado. En este caso, la consecuencia incluye cárcel, multas millonarias, prohibiciones comerciales y expulsión del país.
Consecuencias migratorias y financieras
Incluso antes de un fallo definitivo, el solo hecho de estar bajo investigación por soborno puede conllevar:
-
Revocación de visas de entrada a los Estados Unidos.
-
Cancelación de cuentas bancarias en instituciones sujetas a normativas americanas.
-
Restricciones de viaje internacional mediante inclusión en listas de observación de Interpol o bases de datos del Tesoro (OFAC).
Implicaciones legales en la República Dominicana
En el ámbito local, Morrison también enfrentaría sanciones bajo la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, que tipifica y sanciona el soborno transnacional.
Posibles consecuencias en territorio dominicano:
-
Prisión de 3 a 10 años.
-
Multas del doble o triple del valor del beneficio buscado.
-
Inhabilitación para ocupar funciones públicas, lo cual tendría efectos devastadores en su carrera política y administrativa.
Dado que ambos países son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y de la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA), existe un compromiso formal de cooperación judicial internacional.
Esto significa que, de ser requerida por los EE. UU., la República Dominicana tendría la obligación de facilitar evidencias, extraditar personas o colaborar en la ejecución de sentencias relacionadas con corrupción transnacional.
Las peligrosas consecuencias de estar en la lista del FCPA
Ser incluido en las listas negras asociadas a investigaciones por corrupción bajo el FCPA tiene efectos devastadores:
-
Empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales o contratos con individuos sancionados.
-
Bancos internacionales que operan en dólares pueden rechazar abrir o mantener cuentas para el acusado.
-
Proveedores de servicios esenciales, como aerolíneas, tarjetas de crédito y compañías de tecnología, pueden suspender servicios.
-
Impacto reputacional global, afectando cualquier posibilidad futura de negocios, consultoría o vida pública.
En resumen, estar bajo investigación del FCPA es equivalente a una muerte civil y financiera a escala internacional.
¿Ya has visitado nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete ahora!
