Joel Santos proyecta reducción de hasta cinco puntos porcentuales en las pérdidas eléctricas entre 2027 y 2028

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano se propone disminuir entre cuatro y cinco puntos porcentuales las pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) durante los próximos dos años, mediante inversiones en infraestructura, ampliación de las redes y mejoras en la gestión comercial del sistema eléctrico.

La proyección fue presentada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, durante un encuentro con periodistas, en el que explicó que la reducción se produciría de manera gradual: entre dos y 2.5 puntos porcentuales en 2027 y una proporción similar en 2028.

El funcionario señaló que el comportamiento de las pérdidas comenzaría a estabilizarse durante 2027, mientras que los avances más importantes se esperan para el año siguiente, cuando entren en funcionamiento nuevos proyectos de generación y se concreten parte de las inversiones programadas.

Para alcanzar esos resultados, el Gobierno contempla destinar US$400 millones en 2027 a inversiones de capital, como parte del proceso de modernización de la infraestructura de las distribuidoras y de la respuesta al crecimiento de la demanda eléctrica.

Santos advirtió que las mejoras no se reflejarán de inmediato, debido a que la evolución del sistema requiere recursos para ampliar y adecuar las instalaciones. Explicó que una proporción importante de las necesidades financieras de las EDE está vinculada a la infraestructura necesaria para elevar la eficiencia y reducir las pérdidas técnicas.

En ese contexto, planteó la importancia de separar las pérdidas que se originan por deficiencias técnicas de las relacionadas con la gestión comercial y el cobro de la energía, así como identificar el peso que tienen las inversiones de capital en las finanzas de las empresas.

Pérdidas representaron US$1,700 millones

La dimensión económica del problema quedó reflejada en los resultados del año anterior, cuando el impacto de las pérdidas de las distribuidoras rondó los US$1,700 millones. De esa cantidad, aproximadamente US$900 millones correspondieron al diferencial tarifario.

El ministro aclaró que la reducción de las pérdidas no implicará necesariamente un alivio financiero inmediato para las empresas, debido a los recursos que tendrán que continuar destinando a inversiones de capital para mejorar sus redes e infraestructura.

Las intervenciones también tendrán un componente territorial. Aunque la ampliación de las redes de distribución está prevista para todo el país, el Gobierno identificó a Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y San Cristóbal como zonas prioritarias, debido a la elevada demanda de energía que registran.

A estas medidas se sumará un proceso de auditoría a las Empresas Distribuidoras de Electricidad, cuya ejecución está prevista para 2027, con el propósito de evaluar el desempeño de esas compañías.

Subsidio eléctrico continuará en 2027

Santos reconoció que el Gobierno tendrá que mantener los aportes económicos al sector eléctrico durante 2027, debido a los recursos que requerirá el programa de inversiones en infraestructura.

Explicó que los trabajos de modernización de las redes no generan resultados inmediatos, ya que sus efectos pueden tardar entre tres y cinco años en reflejarse en el funcionamiento del sistema.

A esto se sumará la entrada de nuevos contratos de suministro de gas natural a largo plazo, que contribuirían a reducir los costos de generación eléctrica. No obstante, indicó que parte de esos beneficios comenzaría a percibirse hacia finales de 2027.

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Sin cambios tarifarios previstos a corto plazo

En cuanto a una posible modificación de la tarifa eléctrica, el ministro afirmó que actualmente no se contempla adoptar esa medida en el corto plazo.

También reconoció que República Dominicana ha desarrollado una cultura de subsidios cuya transformación requiere condiciones y estrategias específicas.

Por el momento, la política del Gobierno estará concentrada en disminuir las pérdidas mediante inversiones, fortalecer las redes de distribución y lograr que más usuarios se incorporen progresivamente al sistema eléctrico formal.

Para avanzar en ese último objetivo, consideró necesario combinar las acciones de acercamiento a los consumidores con mecanismos de fiscalización y penalización dirigidos a quienes incumplan las disposiciones del sistema eléctrico.

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