La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada el 13 de noviembre por el Congreso de la República de Guatemala , entrará en vigor el 3 de enero de 2025.
Esta es una norma que crea los mecanismos que permitirán avanzar y facilitar la inversión pública para el desarrollo de carreteras y caminos. La regulación se enfoca solo en las vías más transitadas del país.
La legislación permitirá cubrir el 10 % de la infraestructura vial de Guatemala, por donde transita el 70 % de la carga vehicular, sobre todo en las mercancías.
La normativa, que contiene 115 artículos, incluye como prioridad el mantenimiento y ampliación de 1,500 km de las rutas que conducen a los puertos y fronteras más importantes del territorio.
La ley fue publicada el 3 de diciembre de 2024 y cobrará vigencia 30 días después, excepto los artículos 89, 90 y 91, que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2026 y el artículo 92, que estará vigente hasta enero de 2027.
Los artículos se refieren al mecanismo por medio del cual será financiado el Fondo de Infraestructura del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP), que crea la presente ley.
Importancia de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria en Guatemala
La infraestructura vial de Guatemala va en retroceso y urge un nuevo modelo. En 2023 el país ocupó el puesto 117 de 119 evaluados por el Foro Económico Mundial en relación con la calidad de carreteras. Una década antes estaba en el lugar 90.
La nación centroamericana está en el puesto 20 de territorios con la velocidad media más baja y de peor calidad de carreteras respecto de 160 países evaluados por el Fondo Monetario Internacional.
El parlamento tomó en cuenta qué vías son las prioritarias y aprobó atender con ampliación, rehabilitación, operación y mejoramiento, así como uso, aprovechamiento, mantenimiento y conservación de estas carreteras:
- Ruta Centroamericana CA-1 Occidente
- Ruta Centroamericana CA-1 Oriente
- Ruta Centroamericana CA-2 Occidente
- Ruta Centroamericana CA-2 Oriente
- Ruta Centroamericana CA-8, Ruta Centroamericana CA-9 Norte
- Ruta Centroamericana CA-9 Sur
- Ruta Centroamericana CA-13 que va desde la CA-9 Norte hasta la Aduana Frontera Corinto, y la Ruta CA-14.
Y el complemento de estas vías son dos proyectos que llevan más de dos décadas en las gavetas de las oficinas de todos los gobiernos: el Anillo Metropolitano y el Anillo Regional. Ambos buscan evitar que la movilidad se centre, sin necesidad, en la capital de Guatemala.
Creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios
Con la creación del FOVIP, los legisladores buscan dar certeza jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros. Consideran que con un monto específico, inamovible y con financiamiento seguro, el contratista tendrá la seguridad de participar en inversiones de largo plazo -30 años.
La capitalización con fondos públicos y la distribución del impuesto a los derivados del petróleo, son las fuentes para pagar la infraestructura vial que establece la iniciativa.
Para atender estos proyectos se crea la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), la que gozará de autonomía operativa, técnica y financiera para garantizar el destino específico de los recursos. El Ministerio de Comunicaciones, la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), continuarán atendiendo el resto de carreteras, sin que se afecte su financiamiento.
“La adjudicación responde a seleccionar la oferta cuyas condiciones técnicas y financieras asegure el mejor resultado posible en términos de precio, calidad y cumplimiento de objetivos del contrato del proyecto prioritario”, se indicó en su momento.
Impulso a infraestructura en Guatemala
El Congreso y las autoridades del Organismo Ejecutivo, esperan dar un nuevo impulso a la infraestructura con esta ley.
Con nuevos mecanismos de transparencia, como la obligatoriedad de transmitir en vivo la apertura de ofertas, los legisladores esperan dar un nuevo impulso al resquebrajado y cuestionado sistema de contrataciones del Estado.
Los contratistas, bajo este esquema de “pagos por disponibilidad”, deben construir y dar mantenimiento a las obras adjudicadas a largo plazo. Solo se les pagará si la vía está en buenas condiciones.
Otro aspecto importante es que se establecen plazos en temas como los estudios de impacto ambiental. Asimismo, se especifica que el derecho de vía se negociará de manera directa, pero en caso de negativa, se recurrirá a la expropiación.
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