En un operativo encabezado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el gobierno estadounidense confiscó el segundo avión vinculado a la administración de Nicolás Maduro en la República Dominicana.
La aeronave, un Dassault Falcon 2000, matrícula YV-3360 y valorada en aproximadamente US$10 millones, se encontraba retenida desde septiembre del 2024 en un hangar del Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer (La Isabela), en Santo Domingo Norte.
Rubio, quien concluyó una agenda de dos días en el país, se trasladó desde el Palacio Nacional hasta el aeropuerto para colocar personalmente el precinto de incautación en la aeronave, junto a miembros del Ministerio Público dominicano. Se trata del segundo avión oficial venezolano confiscado en territorio dominicano en menos de un año.
Motivos de la incautación
Según Edwin López, representante del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (HIS, por sus siglas en inglés), la aeronave fue adquirida por la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en el 2017 en los Estados Unidos y posteriormente exportada a Venezuela. No obstante, las autoridades estadounidenses alegan que el avión fue sometido a múltiples reparaciones utilizando piezas estadounidenses sin la debida autorización, lo que supone una violación a las sanciones impuestas por Washington.
López también afirmó que la aeronave estaba involucrada en un esquema de evasión de sanciones y había sido utilizada por altos funcionarios del régimen de Maduro para viajar a países como Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba. Se estima que los trabajos de mantenimiento para adecuar el avión tomarán entre 45 y 60 días.
Este nuevo decomiso se suma a la incautación, en septiembre del 2024, de otro avión venezolano en la República Dominicana: un Dassault Falcon 900EX, adquirido supuestamente mediante una empresa fantasma del Caribe por US$13 millones. En ese caso, la aeronave fue trasladada a Florida tras una orden judicial.
Según la agencia AP, para llevar a cabo la confiscación del Falcon 2000, Rubio tuvo que firmar una solicitud de exención de la congelación de la ayuda extranjera para costear más de US$230,000 en gastos de almacenamiento y mantenimiento. Además, la operación requirió la aprobación del Departamento de Justicia de los EE. UU.
El Dassault Falcon 2000EX, modelo incautado en esta ocasión, entró en servicio en el 2003 y puede transportar hasta 10 pasajeros. Registros oficiales indican que su único vuelo documentado bajo uso venezolano ocurrió el 14 de septiembre del 2019, con destino a Malta, un país que por entonces mantenía estrechos vínculos con el gobierno de Maduro.
Relacionada: Autoridades dominicanas aseguran no tener participación directa en incautación de avión vinculado a Nicolás Maduro
Venezuela reaccionó de inmediato
La administración de Nicolás Maduro condenó enérgicamente la incautación de la aeronave, calificándola de «robo descarado»y acusando a Marco Rubio de actuar como un «ladrón de aviones».
«La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el mundo el robo descarado de una aeronave propiedad de la nación venezolana, ejecutado por orden del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio«, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado oficial.
Caracas aseguró que tomará todas las medidas necesarias para exigir la devolución inmediata del avión y responsabilizó a Washington de una «agresión continua» contra su soberanía.
Mientras que Rubio defendió la incautación como parte de los esfuerzos de su gobierno para hacer cumplir las sanciones contra el régimen de Maduro. «La confiscación de este avión venezolano, utilizado para evadir sanciones y lavar dinero, demuestra nuestro compromiso de responsabilizar al ilegítimo gobierno de Maduro por sus actividades ilícitas», escribió en la red social X (antes Twitter) al término de su gira por América Latina.
Otros casos similares
Los Estados Unidos ha intensificado en los últimos años la presión sobre el gobierno de Maduro mediante sanciones económicas y acciones legales. En junio del 2022, un avión Boeing 747 venezolano-iraní fue inmovilizado en Argentina y posteriormente destruido en los EE. UU. en enero del 2024, una acción que Caracas también calificó de« «robo».
Con esta nueva incautación, Washington reafirma su postura de endurecimiento de medidas contra el gobierno de Maduro, mientras Venezuela insiste en que estas acciones forman parte de una estrategia de hostigamiento político y económico en su contra.
¿Ya has visitado nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete ahora!
