La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en México puso en marcha un amplio proceso de regularización ambiental en el sector de hidrocarburos, tras detectar que cerca del 60% de las instalaciones registradas en el RENAGAS presentan irregularidades relacionadas con la vigencia de sus autorizaciones ambientales.
La medida forma parte del Programa de Ordenamiento Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en México, y abarca estaciones de servicio de gasolinas, diésel y gas LP, así como plantas de distribución que operan actualmente en el país.
El programa entró en vigor el 1 de mayo y establece una nueva etapa de supervisión para el mercado de combustibles mexicano, con inspecciones, revisiones documentales y procesos de evaluación ambiental que podrían impactar a miles de operadores en todo el territorio nacional.
Según reportes publicados por Surtidores Latam, uno de los elementos centrales del esquema es la reapertura extraordinaria de la plataforma RENAGAS por un periodo de 30 días naturales, lo que permitirá la incorporación de instalaciones no registradas previamente para iniciar su proceso de regularización.
El programa también contempla la aplicación de multas reducidas para aquellos regulados que colaboren con la autoridad y avancen en la normalización de su situación documental y ambiental, con el objetivo de incentivar el cumplimiento normativo.
No obstante, la estrategia establece limitaciones claras: quedarán excluidas del esquema las instalaciones ubicadas en zonas forestales sin autorización de cambio de uso de suelo, aquellas dentro de Áreas Naturales Protegidas federales y las que ya enfrentan procesos administrativos abiertos ante la autoridad ambiental.
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Desde el sector privado, especialistas advierten que las empresas deberán actuar con rapidez para revisar su estatus regulatorio.
En ese sentido, Ángel Loyo, gerente general de Lejar, señaló a Surtidores Latam que los regulados deben “revisar de manera inmediata el estatus documental y ambiental de sus instalaciones, así como mantenerse atentos a los programas calendarizados y requerimientos emitidos por la autoridad”.
La implementación del PRONAGAS podría generar en 2026 una mayor presión técnica, jurídica y administrativa dentro del sector hidrocarburos en México, especialmente entre operadores que deberán acelerar procesos de actualización documental para garantizar la continuidad operativa de sus instalaciones.
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