Siete personas, entre ellas exdirectores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), están detenidas en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, involucradas en un contrato que otorgó dicha entidad a la empresa Transcore Latam para la modernización de la red semafórica del Gran. Santo Domingo.
Entre los detenidos figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José “Jochi” Gómez-Canaán, representante de la empresa Transcore Latam; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Intrant hasta febrero de este año. Las autoridades realizaron varios allanamientos la noche del miércoles, incluyendo la residencia de Beras y la sede de Aurix, empresa propiedad de Gómez-Canaán.
Según fuentes judiciales, podrían presentarse más peticiones en el transcurso de la investigación, lo que apunta a un entramado de corrupción que involucra a varias instituciones gubernamentales. En una operación de gran envergadura, el Ministerio Público ha revelado un entramado criminal que supuestamente se beneficia de contratos millonarios otorgados fraudulentamente para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. La red, compuesta por siete imputados, habría operado mediante empresas de “carpeta” —empresas sin capacidad técnica ni experiencia— a las que se les adjudicaron contratos de manera irregular.
Una nueva investigación y hallazgos del programa El Informe con Alicia Ortega, expone que la red no solo manipuló el proceso de licitación, sino que también instaló un sistema de vigilancia mediante cámaras y drones sin la debida autorización, todo bajo el control de la empresa Transcore Latam.
Un traje a la medida
El Ministerio Público señala que la licitación para el control del sistema semafórico fue manipulada desde el inicio. “El oferente fue seleccionado antes de que el proceso de licitación fuera publicado en el portal institucional, configurando un proceso diseñado como un ‘traje a la medida'”, afirmaron los fiscales. Las empresas adjudicatarias no contaban con las capacidades técnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto, lo que levantó sospechas sobre el trasfondo de las contrataciones.
Las autoridades destacan que, además del proyecto de semáforos, la red instaló cámaras de videovigilancia en diversos sectores del Gran Santo Domingo, con logotipos de agencias de seguridad del Estado, aunque no tenían la autorización para ello. Este sistema de videovigilancia supuestamente tenía multas ilícitas, como el espionaje satelital y la extracción ilegal de información telefónica.
Los imputados y su modus operandi
Los siete imputados, que incluyen exfuncionarios del Intrant y empresarios, fueron arrestados tras varios allanamientos simultáneos en la capital. Entre los acusados se encuentran Hochi Gómez, propietario de Transcore Latam, y Hugo Veras, exdirector del Intrant, quienes habrían dirigido la adjudicación fraudulenta de los contratos.
Según el Ministerio Público, los implicados formaron una asociación de malhechores para defraudar al Estado mediante contratos otorgados a empresas sin capacidad técnica, desviando más de 1,300 millones de pesos. La red también habría colocado drones estratégicamente para realizar videovigilancia ilícita, contribuyendo a generar un caos en el tránsito de la ciudad.
Fraude en las rúbricas
Uno de los elementos clave en la investigación es la falsificación de firmas. El Ministerio Público asegura que las rúbricas del ciudadano alemán, accionista de Transcore Latam y de otras empresas de “carpeta” registradas en los Estados Unidos, no coinciden gráficamente con sus documentos reales. Esto refuerza la acusación de que la identidad de personas físicas y jurídicas fue robada y utilizada para participar en el proceso de licitación fraudulenta.
Una de las pruebas más reveladoras es una carta falsificada supuestamente firmada por Michael Moig, de Chance LP, una empresa con sede en Estados Unidos, que se presentó como parte de la documentación fraudulenta en el proceso de licitación. Estos documentos, junto con otros, son parte de las evidencias que sustentan la acusación del Ministerio Público.
Declaraciones y procesos judiciales
La solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía también señala a Hugo Veras como una de las figuras clave en la manipulación del proyecto. Veras habría facilitado la participación de empresas sin capacidades técnicas en el proceso licitatorio, resultando en la reducción de recursos del Estado mucho antes de que el proyecto de semáforos fuera públicamente anunciado.
A pesar de las graves acusaciones, los abogados de los imputados han calificado los arrestos como ilegales, argumentando que aún no se han realizado los interrogatorios correspondientes. Sin embargo, el Ministerio Público continúa firme en su postura, señalando que existen 53 testigos que testificarán en el juicio contra los acusados.
Impacto y seguimiento
Este escándalo ha generado una gran repercusión en los medios y en la sociedad dominicana, especialmente debido al monto millonario involucrado y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas que fueron atacadas. Las investigaciones continúan, y se espera que en los próximos días se presenten nuevas evidencias que puedan esclarecer el caso.
El fraude en la red semafórica no solo pone en evidencia la fragilidad del sistema de contratación pública, sino que también levanta alarmas sobre el uso de empresas falsas para beneficiar de recursos del Estado, un patrón que podría repetirse en otras áreas sensibles de la administración pública. .
Detalles adicionales sobre el fraude
- Falsificación de documentos: Se imputa al exdirector administrativo y financiero, Juan Francisco Álvarez, la emisión de una certificación falsa que indicaba la existencia de apropiación presupuestaria para iniciar un proceso de licitación, a pesar de que los fondos no se solicitaron hasta mayo de 2023.
- Desviación de fondos: El exfuncionario también está acusado de desviar fondos mediante una nómina de supuestos jornaleros, como parte de su responsabilidad en la red semafórica y de videovigilancia.
- Coordinación técnica del fraude: Samuel Gregorio Baquero Seúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, está señalado como clave en la coordinación técnica del fraude, facilitando el control del sistema a la empresa Transcore Latam, que no cumple con los requisitos legales y técnicos necesarios.
- Modificaciones al pliego de condiciones: Se señala que se realizaron cambios sustanciales en el pliego de condiciones, eliminando requisitos técnicos y legales que permitieron que Transcore Latam se adjudicara el contrato.
- Control pleno del proceso: La investigación indica que Baquero Seúlveda controlaba el proceso de licitación, evitando la descalificación de Transcore Latam a pesar de las sugerencias de otros peritos.
- Participación de otros funcionarios: Varios funcionarios, incluidos los miembros del comité de compras, están involucrados en el caso. Se destaca que algunos documentos firmaron sin haber tenido la oportunidad de revisar adecuadamente el pliego de condiciones.
- Contratos de seguridad macional: Se menciona un acuerdo entre una empresa privada y el Ministerio de Defensa que otorga a esta empresa funciones de seguridad, lo cual sería ilegal y en violación de la Constitución. Este acuerdo permitió a la empresa realizar instalaciones de vigilancia de forma no autorizada.
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Implicaciones para la seguridad pública: El director del DNI advirtió sobre las posibles consecuencias para la seguridad pública si se continuaba con la firma del contrato con Transcore Latam, señalando la manipulación y el riesgo de intrusión no autorizada en los sistemas.
