Los recientes operativos conjunto entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en varias zonas del país vuelve a poner sobre la mesa una problemática histórica y punzante en la República Dominicana: la informalidad en el transporte público y la urgente necesidad de ejercer una fiscalización estricta en las rutas urbanas.
La retención de vehículos dedicados al concho es el reflejo de un síntoma de un mal mayor. La proliferación de personas indocumentadas en dicho oficio; como ocurrió recientemente en Ciudad Juan Bosh donde cinco de seis conductores sancionados fueran ciudadanos extranjeros sin licencia de conducir. El transporte de pasajeros no puede seguir operando a la sombra de la ilegalidad, donde la falta de documentos básicos pone en riesgo la vida de miles de usuarios que abordan estas unidades diariamente por pura necesidad de movilidad.
Por décadas, el transporte público en el país ha funcionado bajo el esquema de la libre voluntad, atomizado por gremios que actúan como feudos y por la proliferación de operadores improvisados. Permitir que circulen conductores sin la debida acreditación, independientemente de su nacionalidad, constituye una renuncia del Estado a su rol de regulador y un peligro directo para la seguridad vial.
La intervención del Intrant es una señal correcta y necesaria. La fiscalización no debe ser vista como una persecución, sino como la restauración del orden público y el principio de autoridad. Si el país aspira verdaderamente a modernizar su infraestructura vial y a transitar hacia un sistema de colectivización eficiente y seguro —como los corredores de autobuses y la ampliación del metro y teleférico—, la erradicación del “concho clandestino e informal” debe ser una prioridad innegociable.
El desafío para las autoridades radica en la sostenibilidad de estas medidas. Los operativos no pueden limitarse a intervenciones espasmódicas o selectivas para apaciguar las quejas del momento. Se requiere una vigilancia continua y sistemática en todas las rutas del Gran Santo Domingo y las provincias, acompañada de sanciones ejemplares para los propietarios de los vehículos que permiten estas prácticas.
Garantizar que quien se siente detrás del volante de un vehículo público cumpla estrictamente con la ley vial y migratoria es el piso mínimo exigible. El Intrant y la Digesett han dado un paso en la dirección correcta en Ciudad Juan Bosch; sostener ese pulso firme contra la informalidad es lo que determinará si avanzamos hacia el orden o si seguimos atrapados en el caos de nuestras vías.
