Organizaciones comunitarias y de amas de casa del Gran Santo Domingo rechazaron el incremento de los precios de los combustibles y solicitaron al presidente Luis Abinader adoptar medidas para evitar que el encarecimiento continúe trasladándose a los hogares y pequeños comerciantes.
Las entidades sostienen que el aumento de los combustibles tiene un efecto que trasciende el precio que pagan directamente los consumidores por carburantes, debido a su incidencia sobre el transporte, los alimentos y otros bienes y servicios.
Entre las organizaciones que expresaron su preocupación figuran la Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional (Acadisando), la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Junta de Desarrollo Comunitario La Cuaba, el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp), el Consejo de Desarrollo Comunitario La Caleta (Codecoc) y la Red de Organizaciones Comunitarias 27 de Febrero (Reocofe).
Advierten presión sobre el costo de los alimentos
Las dirigentas comunitarias Barbina Herrera Peña, Altagracia Brand y Natacha Guzmán señalaron que las familias dominicanas han tenido que reducir progresivamente sus compras de alimentos debido al incremento de los precios.
En un documento de prensa, las organizaciones expresaron su preocupación por la situación de los hogares de los barrios más vulnerables del Gran Santo Domingo y cuestionaron que, a su juicio, las autoridades no estarían considerando suficientemente el impacto que tiene el aumento de los combustibles sobre esas familias.
El planteamiento central de las entidades es que el encarecimiento de los carburantes termina trasladándose a los costos de transporte y de otras actividades económicas, reduciendo la capacidad de compra de los hogares.
También advirtieron que la situación puede afectar la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas, particularmente aquellas con una alta exposición a los costos de transporte y operación.
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Reclaman respuestas al Gobierno
Las organizaciones pidieron al presidente Luis Abinader adoptar medidas para evitar que el incremento de los combustibles continúe profundizando las dificultades económicas de los sectores de menores ingresos y de los trabajadores informales.
Los dirigentes comunitarios José Mieses, Ynocencio Reyes, Felicita Dismehy, Alexis Rafael Peña, Arsenio Pineda y Pedro Mota Díaz también manifestaron su respaldo a eventuales movilizaciones sociales promovidas por organizaciones y comités de amas de casa para reclamar respuestas a sus demandas.
Además del precio de los combustibles, las entidades colocaron entre sus principales reclamos la reducción del costo de la canasta familiar, así como soluciones a los apagones y las facturas del servicio eléctrico.
De esta manera, el reclamo comunitario vincula el comportamiento de los precios de los combustibles con dos de las principales presiones económicas que, según las organizaciones, enfrentan los hogares: el costo de adquirir productos básicos y el gasto asociado al suministro energético.
Combustibles como presión para los hogares
El planteamiento de las organizaciones parte de un efecto en cadena: cuando aumentan los costos de los combustibles, también se encarece el transporte, y ese incremento puede repercutir sobre las actividades comerciales y los bienes que llegan a los consumidores.
Para las entidades comunitarias, esta situación resulta especialmente sensible entre las familias de menores ingresos y los trabajadores informales, a quienes identifican como algunos de los sectores con menor capacidad para absorber nuevos aumentos de costos.
Los dirigentes cuestionaron además la respuesta de las autoridades frente a las dificultades económicas de estos grupos y afirmaron que existe una pérdida de sensibilidad ante las condiciones que enfrentan los hogares vulnerables y los denominados “chiriperos”.
El reclamo coloca nuevamente los precios de los combustibles y el costo de la energía en el centro de las preocupaciones de organizaciones sociales, que demandan una respuesta gubernamental ante el impacto que atribuyen al encarecimiento de los carburantes sobre la economía familiar.
