La oposición a la actividad minera volvió a escalar en República Dominicana, más de 200 organizaciones sociales, populares y ambientales exigieron la cancelación inmediata de los proyectos extractivos en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, en un contexto de protestas crecientes y mayor tensión social.
El reclamo apunta directamente a iniciativas vinculadas a empresas como GoldQuest, Unigold y Belfond, a las que responsabilizan de impulsar actividades que, según sostienen, ponen en riesgo recursos clave como el agua, la agricultura, el turismo y otras áreas productivas.
El pronunciamiento se realizó durante una rueda de prensa en la sede del Colegio Médico Dominicano, en el marco del 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. En ese escenario, las organizaciones también anunciaron la convocatoria a movilizaciones masivas en rechazo a políticas que afirman trasladan el costo de la crisis global a los sectores populares, mientras favorecen a grandes corporaciones mineras y grupos económicos.
Más allá del rechazo general a la minería, el pliego de demandas incluye la paralización de proyectos específicos. Entre ellos, la construcción de una nueva presa de colas en El Naranjo, provincia Sánchez Ramírez, así como la cancelación de un vertedero proyectado en la comunidad de Los Aguacates, en el distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand.
Las organizaciones también denunciaron lo que califican como una práctica reiterada de imponer proyectos sin “licencia social” en distintas comunidades del país. Señalaron casos como Los Negros, en Azua, y Las Placetas, en San José de las Matas, entre otros territorios donde aseguran existe rechazo comunitario a iniciativas mineras y energéticas.
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En el plano ambiental, insistieron en la necesidad de proteger zonas consideradas estratégicas, como Loma Miranda, y demandaron el restablecimiento del Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo. Asimismo, pidieron el cese de las operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, en la provincia San Cristóbal.
Las agrupaciones sostienen que el uso de las montañas, valles y cuencas del país debe orientarse hacia actividades que generen beneficios sostenibles, como la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la pesca, el turismo comunitario, la agroforestería y el desarrollo de energías renovables.
Aunque las organizaciones han endurecido su postura y ampliado su capacidad de convocatoria, hasta el momento no se ha fijado una respuesta pública de las autoridades ni de las empresas señaladas. En este escenario, el conflicto en torno a la minería y el uso de los recursos naturales continúa ganando espacio en la agenda nacional.
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