REPÚBLICA DOMINICANA. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó que varias instituciones del Estado trabajan en una salida al conflicto entre la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y los proveedores de los dispositivos de pago electrónico conocidos como verifones.
Las gestiones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades oficiales, según explicó Alcántara.
El funcionario llamó a Anadegas a actuar con sensatez y permitir que las autoridades continúen abordando las diferencias entre las partes, al considerar que cualquier desenlace debe evitar consecuencias para los usuarios que acuden a las estaciones de combustibles y utilizan tarjetas como medio de pago.
“Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”, sostuvo Alcántara.
El 25 de septiembre marca el conflicto
La intervención de Pro Consumidor ocurre después de que Anadegas anunciara su decisión de retirar los verifones de más de 700 estaciones afiliadas a partir del próximo 25 de septiembre.
De concretarse, la medida modificaría los mecanismos de pago disponibles para los consumidores en cientos de estaciones de servicio del país, particularmente para quienes utilizan tarjetas para adquirir combustibles.
El conflicto involucra a los detallistas de combustibles y a los proveedores de los sistemas electrónicos utilizados para procesar los pagos. La información suministrada no detalla los términos económicos de la disputa ni una propuesta específica acordada entre las partes.
Ante este escenario, Pro Consumidor sostiene que el objetivo de las gestiones oficiales es evitar que las diferencias entre los actores involucrados terminen trasladándose al consumidor.
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Gobierno busca preservar alternativas de pago
Alcántara señaló que la participación de las autoridades procura impedir que el conflicto derive en una reducción de las alternativas disponibles para pagar la compra de combustibles.
La preocupación de la institución está vinculada con el efecto que tendría sobre los usuarios la eventual retirada de los dispositivos electrónicos en las estaciones afiliadas a Anadegas.
Por ello, el funcionario insistió en que cualquier acuerdo debe procurar que los consumidores mantengan alternativas para efectuar sus pagos al adquirir combustibles.
Pro Consumidor, agregó, mantiene seguimiento al proceso y comunicación permanente con los directivos de Anadegas, mientras da seguimiento a las gestiones desarrolladas por las demás instituciones públicas involucradas.
Las negociaciones continúan
El llamado de Alcántara no supone que exista ya un acuerdo definitivo. Su declaración confirma que las autoridades todavía trabajan en una salida al conflicto, aunque la información suministrada no establece cuándo podría concluir el proceso ni cuáles serían los términos de una eventual solución.
El punto de referencia es el 25 de septiembre, fecha anunciada por Anadegas para retirar los verifones de sus estaciones afiliadas.
Mientras avanzan las conversaciones, el Gobierno coloca en el centro de la discusión el acceso de los consumidores a medios de pago para la compra de combustibles. Para Pro Consumidor, el desenlace debe permitir que las diferencias entre los detallistas y los proveedores de los sistemas electrónicos no terminen limitando las opciones de pago disponibles para los usuarios.
