En San Juan no se discute únicamente un proyecto minero. Se debate, en esencia, el modelo de desarrollo de toda una provincia. La reciente movilización bajo la consigna “agua sí, oro no” dejó claro que la población no solo cuestiona la minería, sino que exige respuestas concretas sobre su futuro.
La marcha, que recorrió la ciudad hasta la Presa de Sabaneta, puso en el centro del debate su recurso más importante: el agua. San Juan es uno de los principales polos agrícolas del país, y su sistema productivo depende directamente de ese recurso. Por eso, cualquier proyecto que genere dudas sobre su disponibilidad activa todas las alarmas sociales.
En ese contexto surge el proyecto Romero, impulsado por GoldQuest Mining Corp en la Cordillera Central. Sobre el papel, representa una inversión millonaria, con potencial de generar empleos, ingresos fiscales y dinamización económica. Actualmente, este proyecto se enfrenta al rechazo social.
Y es aquí donde la discusión se vuelve más profunda.
¿Qué podría ganar San Juan?
En términos económicos, la minería promete inversión, actividad comercial y empleos, principalmente durante su fase de construcción. También generaría ingresos para el Estado a través de impuestos y regalías. Pero, cuánto de esos recursos llegaría realmente a la provincia y que tan real será que se traduzcan en mejoras tangibles para su población.
Proyectos de esta magnitud suelen impulsar infraestructura: carreteras, energía o logística. Sin embargo, estas mejoras muchas veces responden a las necesidades operativas de la mina, no necesariamente a un plan de desarrollo local sostenible.
La experiencia comparada —tanto en el país como en la región— demuestra que la riqueza minera no siempre se traduce en bienestar local. Sin mecanismos claros de distribución, las comunidades pueden quedar al margen de los beneficios.
A esto se suma la temporalidad del proyecto. La vida útil estimada de la mina es limitada. Por tanto, la pregunta no es solo qué se gana durante su operación, sino qué quedará cuando esta termine.
El Gobierno ha insistido, a través del Ministerio de Energía y Minas encabezado por Joel Santos, en que cualquier decisión dependerá del Estudio de Impacto Ambiental. Es un paso necesario, pero no suficiente.
La ciencia puede determinar la viabilidad ambiental, pero no sustituye la necesidad de consenso social. Sin licencia social, ningún proyecto es sostenible, por más respaldo técnico que tenga.
Entonces, ¿qué gana realmente San Juan con la minería?
Hoy, más preguntas que certezas.
