La República Dominicana tiene forzosamente que hacer reformas económicas e institucionales profundas si quiere mantener las tasas de crecimiento que han sustentado el bienestar y el progreso.
Las reformas económicas, tanto generales como sectoriales, deben estar dirigidas para lograr un crecimiento económico sostenible, mayor equidad y distribución del ingreso, competitividad internacional, fomento de la inversión, eficiencia del sector público y protección del medioambiente.
Para que funcionen deben ser racionales, antiburocracia y amistosas con el mercado. Tendrán que tener en cuenta la realidad geopolítica mundial que estamos viviendo y dado que la libertad individual es la base de la democracia, deberán aumentar la transparencia y limitar la discrecionalidad del Estado.
Dentro de las reformas sectoriales que deben emprenderse están las relacionadas con la minería. Pocas áreas tienen una estructura institucional más atrasada que la de este sector. Tres indicadores lo confirman:
En primer lugar, la legislación vigente (que incluye la descripción «teórica» de la carga impositiva del sector) tiene más de cincuenta años (Ley 146-71).
En segundo lugar, porque el PIB minero se ha constituido al margen de los términos económicos de la Ley 146-71, bajo regímenes fiscales especiales. Los contratos firmados tienen regímenes dispares entre empresas y cargas fiscales en exceso a lo que contempla la Ley (lo que no necesariamente los hace injustos, solo arbitrarios). Así las cosas, nadie sabe antes de empezar los trabajos de exploración para una mina cuánto acabará pagando de impuestos.
En tercer lugar, la falta de una filosofía racional medioambiental. El activismo fundamentalista y el cíclico chantaje político contrastan con la ausencia de una política medioambiental desarrollista y no discrecional por parte del Estado. Los inversores potenciales sepan a qué atenerse.
La minería no es una actividad rara en Latinoamérica y hay, por tanto, suficiente experiencia sobre cuáles son las prácticas que han funcionado para abaratar el proceso de catalizar las inversiones (en otras palabras, para hacer el país más competitivo), la secuencia de los requisitos medioambientales (mejores prácticas y racionalidad) y la estructura fiscal.
La minería puede ser una fuente muy importante de recursos para el país. Esto requiere una estructura impositiva acorde al riesgo y el retorno esperado del capital que resulte en nuevas inversiones.
Chile recibe un 3 % del PIB de ingresos fiscales mineros y el sector representa el 14 % del PIB, con una tasa efectiva de impuestos sobre la renta y royalties de un 22 % (2021) (como referencia la presión fiscal de toda la economía dominicana, incluyendo los impuestos al consumo no llega al 14 %). Perú, recauda tributos mineros de 1.7 % del PIB, de un sector que representa alrededor de un 10 % del tamaño de su economía, una tasa efectiva de 17 % (2021).
En República Dominicana la importancia minera es menor. Pero no debemos de olvidar que una sola mina (Barrick) elevó la participación del sector de un 0.5 % a casi un 2 % del PIB.
Como consecuencia de este atraso en reformar el sector, el mapa geológico dominicano es anémico comparado con su potencial. Los datos oficiales muestran una escasa actividad minera en el país y además el ratio de “«pendientes de aprobación» es a todas luces excesivo.
El Gobierno tiene unos cinco años planeando una modificación en la ley. Hay conversaciones con el sector privado y otros interesados para consensuar una nueva ley, pero se está muy lejos de un resultado satisfactorio. El país puede tener un sector minero más dinámico. Por ejemplo, no hay explicación por la que proyectos como el Goldquest en San Juan de la Maguana, Unigold en Restauración y Belfond en Barahona, que aunque está operando, aún espera la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de otra concesión para explotación que le permitirá seguir desarrollándose.
Las mejores prácticas en la secuencia medioambiental recomiendan que la ley permita culminar el proceso de exploración con la menor inversión posible y que solo cuando esté dada la decisión de inversión, la misma deba ser avalada por un adecuado plan medioambiental, que es un costo innecesario en la fase de exploración.
El régimen fiscal que parece óptimo para la RD es el que tienen Chile, Perú y Colombia, muy similares entre sí. Lo importante es que estén consignados en una ley y que el estado la respete. La recomendación es que el sector minero:
- Tenga las mismas exenciones (y no más) que las que tengan los demás sectores exportadores. Por ejemplo, no deben exportarse impuestos, el impuesto selectivo al combustible puede exonerarse y recuperarse como un crédito al ISR.
- Tenga el mismo régimen para el Impuesto sobre la Renta que el que se esté aplicando a las demás actividades de la economía (hoy la tasa es 27 %), con las mismas reglas de depreciación, deducción de intereses y de precios de transferencia, entre otras.
- Tenga que pagar un impuesto sobre ventas entre 0.5 % y 5 % (royalty), dependiendo del mineral extraído, calculado sobre precios internacionales.
Debemos tener una nueva ley cuanto antes, que fomente la inversión, con reglas claras y con las mejores prácticas institucionales.
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