El Caribe y Centroamérica están frente a una bifurcación: o fortalecen su institucionalidad energética o seguirán atrapados en un modelo costoso, fragmentado y socialmente insostenible. Hoy tenemos sol, viento, y apetito de inversión. Pero sin reglas claras, visión regional y marcos regulatorios modernos, ni el mejor recurso renovable puede convertirse en motor de desarrollo. ¿Estamos listos para diseñar esa hoja de ruta o volveremos a improvisar? La integración energética regional no es un lujo, es una necesidad.
Hoy, América Latina y el Caribe producen alrededor del 63,82% de su electricidad a partir de generación renovable como la hidroeléctrica, solar, eólica, geotermia y la bioenergía. En 2024, la generación eléctrica en la región creció un 5,5%, impulsada especialmente por la expansión de la energía solar y eólica, según datos de OLADE (2024). Esta evolución es positiva, pero aún insuficiente frente al potencial regional y los compromisos climáticos asumidos por nuestros países.
Mientras tanto, solo el 3,2% de la capacidad renovable agregada a nivel global provino del Caribe y Centroamérica en 2024, según IRENA (2024). Esto confirma un rezago preocupante en términos de atracción de inversión, integración tecnológica y armonización normativa. No es un problema de recursos -sol, viento, geotermia y biomasa sobran- sino de gobernanza, regulación y visión compartida.
En los últimos 5 años, países como República Dominicana, Panamá y Costa Rica ha hecho un esfuerzos por aumentar su capacidad renovable instalada, en el caso Dominicano pasando del 11.9 % al 23.5%, Panamá del 55,11% al 57,07% y Costa Rica al 85,63% al 86,6%. Particularmente, en el caso dominicano, proyectos como Cotoperí solar o el parque Girasol han demostrado que el apetito de inversión existe y que las renovables son competitivas: Cotoperí -recién entrado en operación- con 162,6 MW de capacidad instalada, generará más de 286.000 MWh anuales, evitará 210.000 toneladas de CO₂, equivalente a plantar más de 5,5 millones de árboles. Pero ¿por qué no tenemos más Cotoperís en la región? La respuesta está en los cuellos de botella institucionales y normativos que frenan la escalabilidad.
La regulación es el corazón de la transición
El mayor error sería asumir que la transición energética es un asunto puramente tecnológico. La historia reciente muestra que, incluso con costos decrecientes -el 86 % de la nueva capacidad renovable en 2022 fue más barata que cualquier fuente fósil (IRENA, 2023)- los avances se estancan si no hay un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica a las inversiones. Más allá del trillado e incompleto slogan que reza “sin transmisión no hay transición” lo propio, es decir: “sin seguridad jurídica no hay inversión, sin inversión, no hay transmisión, ni distribución, ni transición”
Desde mi experiencia -asesorando gobiernos, reguladores, empresas distribuidoras, generadoras e inversionistas- he visto cómo los problemas más complejos no están solo en el kilovatio-hora, sino en el diseño institucional, en la planificación desconectada y en el riesgo político que, ayuno de criterios técnicos destruye lo que sí funciona.
El reto no es menor: modernizar sin improvisar, competir sin desproteger al usuario, atraer inversión sin erosionar la confianza pública, y finalmente, descentralizar sin fragmentar.
Por eso urge una agenda regulatoria regional inteligente, basada en cinco ejes:
- Planificación energética técnica y despolitizada, que incorpore escenarios de resiliencia climática, demanda futura y seguridad energética.
- Estabilidad normativa con enfoque en resultados, que ofrezca certidumbre al sector privado y coherencia institucional al sector público.
- Tarifas transparentes y modelos de subsidios inteligentes, orientados a la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad fiscal.
- Fomento efectivo de esquemas de asocio público-privado, con reglas claras, procesos competitivos y contratos equilibrados.
- Fortalecimiento a las interconexiones regionales, con especial acento en nuestra región el MER y el SINEA.
El rol de los datos, los acuerdos y la cooperación
La transición energética no se improvisa. Exige planificación, institucionalidad, cooperación y liderazgo político. La iniciativa RELAC, liderada por OLADE e IRENA (2023), busca alcanzar al menos un 70% de generación renovable en la región para 2030, lo que podría generar hasta tres millones de empleos verdes y retornos de hasta 8 dólares por cada dólar invertido.
Además, América Latina y el Caribe enfrentan con relativo éxito la volatilidad energética internacional. Mientras países OCDE sufrieron inflación energética superior al 40% en 2022, nuestra región cerró marzo de 2024 con una tasa promedio de solo 1,96% (OLADE, 2024). Esto refleja una resiliencia derivada del uso estratégico de renovables, pero que necesita ser blindada con gobernanza sólida.
Este espacio quincenal en EH Plus nace con el propósito de aportar al debate con profundidad, evidencia y experiencia. Aquí abordaremos -sin eufemismos- temas como pérdidas técnicas y no técnicas, fiscalidad de los hidrocarburos, transición justa, minería, redes inteligentes, contratos de compraventa de energía, regulación de almacenamiento, ciberseguridad, inteligencia artificial en redes, mecanismos de resolución de disputas, financiamiento verde y alianzas público-privadas sostenibles.
No será un espacio para la crítica fácil, sino para la construcción informada y propositiva que conduzca a encontrar caminos viables, legales y sostenibles.
Desde la regulación se puede construir confianza. Y desde la confianza, puede emerger una nueva etapa de inversión, sostenibilidad y bienestar para el Caribe y Centroamérica. Las medidas de ayer no necesariamente funcionan para los problemas de hoy ni del mañana, obligado resulta apostar por una construcción regulatoria flexible, adaptable y cercana.
Sobre el autor. Abogado y Consultor Internacional especializado en Regulación, Gobernanza y Políticas Públicas. Ha liderado reformas normativas y proyectos de impacto asesorando a gobiernos, empresas distribuidoras, generadoras e inversionistas en Centroamérica y el Caribe. Reconocido como Energy Lawyer of the Year en Costa Rica en 2022 y 2024, es fundador de Core Alliance Inc., firma consultora con presencia en Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Actualmente, forma parte del panel de expertos de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), integra el Comité de Disputas del CICA-AMCHAM y es miembro del Consejo Asesor de la Revista Global Energy Law and Sustainability de la Universidad de Dundee (Escocia).
