La llegada de Viettel Global al mercado dominicano ha generado opiniones encontradas. Algunos la observan con entusiasmo, otros con cautela. Sin embargo, más allá del nombre de la empresa o de su país de origen, la discusión debería centrarse en lo que realmente está en juego: el futuro de las telecomunicaciones en República Dominicana.
Actualmente, el mercado de las telecomunicaciones está dominado principalmente por dos grandes operadores: Claro y Altice. Aunque ambos han realizado importantes inversiones durante las últimas décadas, también es cierto que el sector ha alcanzado una etapa de madurez donde las grandes expansiones de infraestructura ya no ocurren con la misma velocidad de años anteriores.
Como ingeniero en telecomunicaciones, he sostenido durante años que el negocio ha cambiado. Las empresas del sector ya no compiten únicamente por captar nuevos usuarios de telefonía móvil. Hoy la competencia se encuentra en los servicios de datos, la fibra óptica, la conectividad empresarial, la computación en la nube, los centros de datos y las plataformas digitales que sustentan la economía moderna.
Esta realidad ha obligado a las operadoras a replantear sus estrategias de inversión. El despliegue de nuevas tecnologías requiere inversiones multimillonarias y períodos de recuperación cada vez más largos. El mejor ejemplo es el 5G.
Aunque comercialmente se habla mucho de esta tecnología, una verdadera red 5G nacional requiere una densificación significativa de infraestructura, nuevas bandas de espectro, ampliación del transporte de datos y una modernización constante de los equipos de red. Los conocedores del sector saben que existe una diferencia importante entre ofrecer cobertura limitada en determinadas zonas y desplegar una red con alcance nacional.
Precisamente por esta razón, muchas empresas de telecomunicaciones alrededor del mundo han decidido enfocarse en aquellas áreas donde el retorno de la inversión resulta más atractivo. De ahí el crecimiento acelerado de la fibra óptica hasta el hogar, los servicios corporativos y las soluciones digitales de valor agregado.
Paralelamente, numerosas operadoras han vendido parte de su infraestructura pasiva para luego alquilarla a empresas especializadas. Este modelo permite reducir costos operativos y concentrar recursos en áreas estratégicas del negocio. Hoy es común encontrar compañías dedicadas exclusivamente a la gestión de torres y otras infraestructuras compartidas.
En este contexto se produce la llegada de Viettel Global al mercado dominicano, respaldada por una inversión anunciada de US$560 millones destinada al despliegue de infraestructura digital y de telecomunicaciones. Se trata de una de las inversiones más relevantes que ha recibido el sector en los últimos años y que podría tener un impacto significativo en la evolución del mercado.
Todo indica que su despliegue podría apoyarse en tecnologías desarrolladas por Huawei y ZTE, fabricantes ampliamente reconocidos por ofrecer soluciones escalables, competitivas y eficientes desde el punto de vista económico. Estas tecnologías no son ajenas al mercado local y forman parte de numerosas redes desplegadas en diferentes regiones del mundo.
Según la licitación en curso, las frecuencias objeto de asignación corresponden a las bandas de 700 MHz, 1700/2100 MHz, 2300-2400 MHz y 3500-3700 MHz.
La banda de 700 MHz posee un enorme valor estratégico debido a su capacidad para cubrir grandes extensiones geográficas y ofrecer una excelente penetración en interiores. Las bandas de 1700/2100 MHz y 2300-2400 MHz proporcionan capacidad adicional para soportar el crecimiento del tráfico de datos, mientras que la banda de 3500-3700 MHz es considerada la principal plataforma espectral para el desarrollo de servicios 5G de alta capacidad.
Sin embargo, limitar el debate al ámbito de la telefonía móvil sería un error.
Las telecomunicaciones constituyen una infraestructura crítica para el desarrollo nacional. Sobre ellas operan los bancos, los hospitales, las universidades, las industrias, los comercios, las plataformas digitales y una parte significativa de los servicios gubernamentales.
Por ello, la licitación de espectro debe analizarse desde una perspectiva mucho más amplia. Lo que está en discusión no es simplemente la entrada de un nuevo operador, sino la capacidad del país para fortalecer su infraestructura digital durante las próximas décadas.
La llegada de un nuevo competidor podría generar efectos positivos en distintos niveles: incremento de la inversión privada, aceleración del despliegue de nuevas redes, expansión de la cobertura, mejora de la calidad de servicio, desarrollo de nuevos productos y fortalecimiento de la competencia.
La experiencia internacional demuestra que los mercados con mayor competencia suelen ofrecer mejores servicios, mayor innovación y una evolución tecnológica más rápida en beneficio de los usuarios.
Por supuesto, cualquier proceso de asignación de espectro debe realizarse con absoluta transparencia, reglas claras y condiciones equitativas para todos los participantes. Ese principio es fundamental para preservar la confianza en el sistema regulatorio.
No obstante, este debate también debería servir para abrir una conversación que el país ha pospuesto durante demasiado tiempo: la necesidad de modernizar la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98.
Cuando esta legislación fue promulgada en 1998, internet apenas comenzaba a expandirse, los teléfonos inteligentes no existían, las redes sociales eran inexistentes y conceptos como computación en la nube, inteligencia artificial, centros de datos, internet de las cosas o economía digital aún no formaban parte de la realidad tecnológica.
Casi tres décadas después, el sector ha evolucionado radicalmente, pero gran parte del marco regulatorio continúa sustentándose sobre una visión concebida para un mercado completamente distinto.
La llegada de nuevos operadores, el desarrollo del 5G, la expansión de la fibra óptica, la ciberseguridad, la protección de datos, la infraestructura compartida y la transformación digital del Estado evidencian la necesidad de una legislación moderna, capaz de responder a los desafíos tecnológicos actuales y futuros.
No obstante, una vez garantizada la transparencia del proceso, la pregunta verdaderamente importante es otra: ¿cómo aseguramos que República Dominicana disponga de una infraestructura de telecomunicaciones y de un marco regulatorio capaces de sostener su crecimiento económico, social y tecnológico durante los próximos veinte años?
Si la llegada de un nuevo player contribuye a responder positivamente esa pregunta, entonces estaremos frente a una oportunidad que merece ser analizada con visión de futuro y no únicamente desde la perspectiva de la competencia comercial inmediata.
Las telecomunicaciones han dejado de ser un servicio complementario. Hoy constituyen uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y de la competitividad de las naciones.
Por esa razón, el debate debe centrarse menos en quién entra al mercado y más en cómo esa entrada puede ayudar a construir el país digital que República Dominicana necesitará en las próximas décadas.
