El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) exhortó este lunes a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a utilizar de manera excepcional el recurso de la declaratoria de urgencia para el conocimiento y aprobación de proyectos de ley, al considerar que el uso frecuente de este mecanismo debilita el proceso legislativo y restringe la participación de los sectores interesados.
En un comunicado, la principal organización empresarial del país expresó su preocupación por la práctica recurrente de conocer iniciativas de gran impacto mediante procedimientos acelerados, sin que medie un proceso amplio de consulta y deliberación técnica.
“La declaratoria de urgencia es una facultad extraordinaria prevista para circunstancias excepcionales. Su uso frecuente termina debilitando el debate legislativo, limitando la participación de los sectores interesados y reduciendo oportunidades para construir reformas duraderas”, sostuvo el Conep.
La organización emitió su posición luego de que fuera sometido este lunes, alrededor de las 3:00 de la tarde, un nuevo proyecto para modificar la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, iniciativa que nuevamente sería conocida bajo el procedimiento de urgencia.
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La ley había sido modificada en 2025
El gremio empresarial recordó que esta legislación ya había sido modificada en enero de 2025 mediante el mismo mecanismo, proceso que calificó en ese momento como un “golpe de bolsón”, al entender que la rapidez con que fue aprobada limitó el análisis y la discusión de una normativa de alto impacto para el país.
Para el Conep, cuando una ley requiere modificaciones recurrentes poco tiempo después de haber sido reformada, ello evidencia la necesidad de fortalecer el proceso de construcción legislativa y no de acelerar nuevamente su aprobación.
“Cuando reformas complejas requieren correcciones recurrentes, la respuesta no debería ser acelerar más el proceso, sino entender la necesidad de ampliar el diálogo, la consulta y, sobre todo, la deliberación técnica”, expresó la entidad.
El organismo empresarial reiteró que la seguridad jurídica y la calidad de las políticas públicas dependen de procesos legislativos transparentes, participativos y técnicamente sustentados, especialmente cuando se trata de normas que inciden sobre sectores estratégicos de la economía, la inversión y la competitividad del país.
Asimismo, hizo un llamado a ambas cámaras del Congreso Nacional a fortalecer los espacios de consulta con los sectores productivos, la sociedad civil y los actores técnicos antes de aprobar reformas de amplio alcance, con el objetivo de garantizar marcos legales más sólidos, consensuados y sostenibles en el tiempo.
El Conep sostuvo que un proceso legislativo abierto y participativo fortalece la institucionalidad democrática, genera mayor confianza en las decisiones públicas y contribuye a la aprobación de leyes con mayor legitimidad y estabilidad.
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