Santo Domingo. – El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones para evitar que 780 estaciones de combustibles afiliadas a la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) desconecten sus verifones a partir del próximo 25 de septiembre, aunque todavía no ha informado de una propuesta concreta para superar el conflicto.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó el martes que varias instituciones del Estado trabajan en la búsqueda de una salida a las diferencias entre Anadegas y los proveedores de los sistemas electrónicos de pago.
Las gestiones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades oficiales, según explicó Alcántara.
Anadegas no ha recibido invitación para debatir el tema
El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, sostuvo que el gremio aún no ha recibido una invitación formal para debatir o negociar este tema por parte del Gobierno, luego de que esta institución anunció que este 25 de septiembre desconectará los verifones de sus estaciones afiliadas.
“Los operarios se llevan un 45 % de la utilidad bruta y a nosotros no nos queda nada. Nosotros tenemos que pagar energía eléctrica, impuestos, gerencia y seguridad. Le explicamos al Gobierno y a Industria y Comercio la situación, pero no nos quieren escuchar. No queremos perjudicar a nuestros clientes, pero nos están llevando allá”, agregó.
Dijo que Anadegas mantiene la lucha de desconectar los verifones de las 780 estaciones de combustibles afiliadas, de no llegarse a un acuerdo en torno al tema.
Se vence el plazo
El anuncio se produce más de dos meses después de que el Gobierno y Anadegas acordaran, el pasado 7 de julio, darse un plazo de 30 días para buscar una solución. En ese momento se anunció la creación de una mesa de trabajo para evaluar el esquema de comisiones aplicado a las transacciones con tarjetas. Ese plazo transcurrió sin que se anunciara públicamente un acuerdo.
Alcántara no precisó este martes qué fórmula negocian actualmente las partes, si los proveedores han planteado una reducción de las comisiones ni si existe una nueva fecha límite para concluir las conversaciones.
“Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede resultar afectado”, sostuvo.
El funcionario llamó a Anadegas a actuar con sensatez y permitir que las autoridades continúen abordando el conflicto.
- Según Alcántara, Pro Consumidor mantiene comunicación con los directivos del gremio y da seguimiento a las gestiones encabezadas por Industria y Comercio.
La preocupación de la institución se centra en el efecto que tendría sobre los consumidores una suspensión de los pagos con tarjetas, especialmente para quienes dependen de esos medios y no acostumbran a realizar sus compras de combustible en efectivo.
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