Santo Domingo.– Abogados del Reino Unido buscan que sea paralizada la comercialización del oro producido por Barrick Gold, como parte de una acción vinculada a denuncias sobre presuntos daños ambientales y afectaciones a comunidades de Sánchez Ramírez. La medida, según lo explicado por representantes del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), procura que la empresa se siente a discutir en República Dominicana los señalamientos sobre sus operaciones y que las autoridades intervengan para atender las reclamaciones de las comunidades.
El planteamiento parte de los cuestionamientos formulados en torno a las condiciones en que se estaría produciendo el mineral y los efectos que, según las denuncias, estarían recibiendo las poblaciones ubicadas en el entorno de las operaciones mineras en la provincia Sánchez Ramírez.
De acuerdo con lo expuesto por el Observatorio, la intención inicial de la acción es detener el proceso relacionado con el oro para generar las condiciones que obliguen a Barrick a abordar los señalamientos en el país, mientras las autoridades asumen un papel en la protección de los derechos de las comunidades involucradas.
La actuación también coloca bajo escrutinio a los actores que participan después de la extracción del mineral. Los abogados habrían emplazado a empresas vinculadas con la comercialización del oro para que suspendan el proceso mientras avanzan las acciones relacionadas con las denuncias.
El reclamo no se limita a los posibles efectos ambientales. Los señalamientos incluyen también aspectos sociales y humanos, relacionados con las comunidades que conviven con la actividad minera. Según lo planteado por el Observatorio, la intervención busca que cualquier afectación denunciada sea primero detenida y posteriormente atendida.
La dimensión internacional de la acción lleva el conflicto más allá del punto donde se extrae el mineral y coloca atención sobre la cadena que interviene posteriormente en su procesamiento y comercialización.
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Durante la exposición del caso también se planteó la necesidad de que las autoridades intervengan para garantizar los derechos de las comunidades y evitar que los señalamientos sobre las operaciones mineras deriven en riesgos mayores.
Los planteamientos corresponden a denuncias y señalamientos que forman parte de la acción legal divulgada por el Observatorio, por lo que las eventuales responsabilidades deberán establecerse en los procedimientos correspondientes.
El caso abre así una vía internacional para cuestionar las condiciones bajo las cuales se produce y posteriormente se procesa y comercializa el oro de Barrick, mientras los promotores de la acción reclaman que la empresa y las autoridades aborden los señalamientos directamente en República Dominicana.
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