Santo Domingo, República Dominicana.— La aplicación de un cargo del 25% por uso de la red eléctrica a determinados usuarios con paneles solares, prevista por Edesur Dominicana para el 1 de noviembre de 2026, ha generado cuestionamientos sobre el tratamiento económico de la energía que los clientes producen e inyectan al sistema de distribución.
El ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan, representante del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IE-UASD), sostiene que la medida carece de fundamento técnico y económico y que el problema que debería atenderse es el consumo de la red, no la energía que los usuarios entregan a ella.
La disposición establece que el cargo se calculará multiplicando la energía inyectada por el 25% del cargo por energía correspondiente a la tarifa asignada al cliente. Moreno San Juan cuestiona esa fórmula y afirma que penalizar la inyección podría desincentivar que los usuarios entreguen sus excedentes de electricidad a la red.
“Hemos cuestionado ese cargo a las inyecciones desde el momento en que nos enteramos de que eso era así cuando salió la resolución en enero; hemos hecho todo lo posible porque se modificara esa resolución porque el problema no eran las inyecciones, sino los retiros”, declaró.
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El debate sobre el valor de la energía inyectada
Según el ingeniero, las distribuidoras obtenían cinco centavos de dólar por cada kilovatio hora inyectado por los consumidores, por lo que considera contradictorio establecer un cargo sobre esa energía.
A su juicio, el esquema podría llevar a algunos propietarios de sistemas solares a evitar la inyección de excedentes para no asumir el recargo, lo que cambiaría los incentivos para utilizar la red como punto de intercambio de electricidad.
“Es un punto de intercambio. Es como si usted les dijera a los grandes productores solares que trabajan en la parte de transmisión que usted les va a cobrar un peaje por usar las líneas de distribución cuando ellos compran la energía en la subestación de distribución. Es la misma lógica”, criticó.
Moreno San Juan también cuestionó que, bajo el esquema de medición neta, se cobre mensualmente por las inyecciones mientras el pago de los excedentes se difiere hasta el cierre del año, en lugar de realizarse mensualmente. El ingeniero calificó ese mecanismo de “descabellado”.
La controversia se centra, por tanto, en cómo se valoran los intercambios entre los usuarios que producen su propia electricidad y las distribuidoras, así como en la distribución de los costos asociados al uso de la infraestructura eléctrica.
Cuestionamientos legales a la resolución
El representante del IE-UASD afirmó que la medida afecta especialmente a los pequeños productores conectados en baja tensión simple y sostuvo que podría contradecir el artículo 110 de la Constitución dominicana.
“Hay una violación de lo que es el artículo 110 de la Constitución y lo que establece ese artículo. O sea, que hay una violación constitucional en esta resolución y eso se puede incluso impugnar”, declaró.
Se trata de una interpretación jurídica planteada por el ingeniero; la información suministrada no incluye una decisión judicial que determine la existencia de una violación constitucional.
Moreno San Juan agregó que estas objeciones fueron discutidas con otras autoridades del sector eléctrico en el Consejo Económico y Social, pero aseguró que no recibió una respuesta satisfactoria.
Un usuario afirma que redujo su factura a menos de RD$100
El debate también tiene una dimensión económica para los hogares que invirtieron en generación solar con el propósito de reducir sus gastos eléctricos.
Un usuario que pidió mantener su identidad en reserva calificó la medida como una “injusticia” y sostuvo que el cobro penaliza a quienes buscan utilizar energías limpias y reducir su dependencia de la electricidad suministrada por la distribuidora.
El consumidor explicó que, antes de instalar los paneles, su factura mensual oscilaba entre RD$7,000 y RD$8,000. Tras más de seis meses utilizando el sistema solar, aseguró que logró reducirla a menos de RD$100.
El usuario afirmó que investigó antes de realizar la inversión, motivado por la posibilidad de obtener mayor autonomía eléctrica y mejorar su calidad de vida. Ahora cuestiona que se aplique un cargo sobre la energía que produce y entrega a la red.
Su experiencia ilustra el ahorro que puede representar la generación solar para un hogar con una factura elevada, aunque el resultado descrito corresponde a su caso particular y no establece el ahorro que obtendrán otros usuarios.
La entrada en vigor del cargo el 1 de noviembre abre el debate sobre cómo deben distribuirse los costos de la red eléctrica entre las distribuidoras y los clientes que, además de consumir energía, producen excedentes mediante sistemas solares.

