Venezuela.- La generación de electricidad en Venezuela dejará de estar reservada exclusivamente a la empresa operadora estatal. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que incorpora a empresas privadas y mixtas a esta actividad, con concesiones que podrán extenderse hasta 25 años.
La modificación legislativa establece que la producción eléctrica podrá quedar en manos de la empresa operadora del Estado o de compañías privadas y mixtas que obtengan la habilitación correspondiente. La apertura busca facilitar la entrada de capital nacional y extranjero a un sector que enfrenta una prolongada crisis de suministro.
La aprobación se produjo este martes, después de tres aplazamientos de la discusión definitiva, en un contexto en el que las dificultades del sistema eléctrico se han agravado durante este año por el aumento de la demanda, mientras Venezuela avanza en la apertura de su industria petrolera.
De acuerdo con datos publicados pr EFE, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió el alcance de la reforma y aclaró que la incorporación de operadores particulares no supone entregarles el control del sector. Según explicó, el propósito es permitir que empresas privadas participen en la generación y autogeneración de electricidad y puedan ofrecer el servicio a determinados consumidores.
Rodríguez calificó de necesaria esta apertura, luego de que el sector fuera nacionalizado en 2007 durante el Gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
Condiciones para las concesiones privadas
La nueva legislación establece que las autorizaciones para proyectos de generación superiores a 50 megavatios (MW) deberán ser concedidas por el Ministerio de Energía Eléctrica. También estarán sujetas a concesión las actividades que involucren o afecten bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, redes de distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional.
La participación de las compañías privadas estará sujeta a obligaciones incluso después de finalizar sus contratos. Una vez vencida la habilitación, el operador tendrá que entregar a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), o a la entidad que se designe, todos los bienes que haya incorporado, construido o adquirido durante el período de concesión. Esos activos deberán transferirse libres de gravámenes.
En cuanto a posibles desacuerdos entre las partes, la norma contempla que las controversias que no puedan solucionarse mediante entendimiento podrán llevarse ante los tribunales venezolanos o resolverse a través de mecanismos alternativos, entre ellos la mediación y el arbitraje.
Obligaciones para las compañías petroleras
La reforma también incorpora disposiciones dirigidas a las empresas que desarrollan actividades petroleras. Estas deberán garantizar un suministro eléctrico continuo, regular, confiable, suficiente y estable para sus operaciones primarias.
Para cumplir con esa obligación, podrán recurrir a instalaciones propias de autogeneración, esquemas de cogeneración o contratos con terceros, con el objetivo de mantener la autonomía operativa de sus actividades.
La legislación establece, además, que las compañías petroleras y las sociedades independientes de generación no necesitarán autorización estatal para producir electricidad destinada a sus redes internas. Esa exención dejará de aplicarse cuando las instalaciones se conecten a la red eléctrica nacional.
Multas y penas por infracciones
El nuevo marco legal contempla sanciones económicas para las empresas que incumplan las disposiciones aplicables a sus instalaciones, desatiendan instrucciones de las autoridades o no entreguen la información requerida por el organismo competente.
Las multas podrán alcanzar el 2 % de los ingresos brutos de la compañía correspondientes a los 12 meses anteriores al mes en que se haya cometido la infracción. También se considerará motivo de sanción la negativa injustificada a permitir verificaciones e inspecciones.
En materia penal, la legislación establece condenas de dos a cinco años de prisión por el hurto de equipos eléctricos. Para el robo de energía con fines de lucro mediante conexiones no autorizadas por la empresa operadora, cuando superen los 5,000 kilovatios hora mensuales, contempla penas de dos a seis años de cárcel.
Relacionada: ExxonMobil firma acuerdo preliminar con PDVSA para explorar inversiones petroleras en Venezuela
Una reforma en medio de los apagones
La apertura a operadores privados se produce mientras Venezuela acumula más de una década de dificultades en el suministro eléctrico. Durante el último año, los apagones se han intensificado y han provocado protestas en diferentes estados del país.
Las causas del deterioro del servicio generan posiciones enfrentadas. Sectores de la oposición y especialistas atribuyen las fallas a problemas de corrupción y falta de mantenimiento de la infraestructura, mientras que el Gobierno responsabiliza a las sanciones internacionales, los fenómenos climáticos y supuestos actos de sabotaje.
Ante la persistencia de la crisis, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió recientemente que el país recibirá «pronto» un alivio en el suministro eléctrico.
Fuente: CNN Español
¿Ya has visitado nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete ahora!
