El expediente del Ministerio Público sobre la Operación Lobo detalla que el exdirector de Seguridad Física de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Luis Ernesto Vicioso Bocio, recibió más de dos millones de pesos en sobornos entre 2015 y 2021, a cambio de favorecer a la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral (SENASE) con la agilización de pagos de contratos de vigilancia.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), tras asumir el cargo en octubre de 2020, Vicioso Bocio convocó al representante de SENASE, Quilvio Bienvenido Rodríguez González, a una reunión institucional en su oficina de la avenida Sabana Larga, en la que le exigió pagos mensuales a cambio de evitar retrasos administrativos de hasta 90 días o más en los desembolsos contractuales.
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Ante la presión y las amenazas, el empresario accedió a entregar sobornos mensuales que sumaron RD$1,655,000.00 entre enero y junio de 2021. Los pagos se realizaron mediante transferencias y cheques emitidos a nombre de empleados de SENASE y luego cobrados a favor del funcionario.
Funcionarios de otro gobierno también exigían soborno
Además, el expediente revela que desde 2015, otros funcionarios de Edeeste también recibieron pagos ilegales. Entre ellos figura el entonces coronel y gerente de Seguridad Física, Ramón Quezada Ortiz, quien exigía RD$100,000.00 por cada factura pagada, y Daniel Martínez, director de Seguridad, quien solicitó RD$150,000.00 adicionales bajo el mismo esquema. Estos sobornos buscaban evitar supervisiones rigurosas y asegurar la continuidad de los contratos.
La PEPCA indica que los pagos se realizaban directamente a cuentas personales o mediante intermediarios, en efectivo y por transferencias, desde las cuentas bancarias de SENASE. En total, la suma entregada a funcionarios de Edeeste identificada en el expediente asciende a RD$2,217,500.00.
El Ministerio Público considera que este esquema buscaba garantizar pagos, evitar controles institucionales y perpetuar un esquema de colusión entre funcionarios públicos y contratistas, violando múltiples disposiciones de la Ley de Compras y Contrataciones, así como del Código Penal.
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