El secretario de Energía del partido Fuerza del Pueblo, Juan Gómez, criticó la situación actual del sector eléctrico en la República Dominicana, desmontando los discursos oficiales y exponiendo con claridad la falta de inversiones estructurales que, a su juicio, están detrás de los constantes apagones que afectan a millones de ciudadanos.
Gómez recordó que el presidente Luis Abinader anunció el pasado 6 de agosto una “inversión histórica” en el área de distribución eléctrica, pero cuestionó la efectividad y alcance real de ese compromiso frente a la magnitud de los problemas que enfrenta el sistema.
Citó además al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso José Marranzini, quien habló de un anuncio de US$400 millones para la modernización, mientras que el ministro de Energía afirmó que la inversión sería de US$750 millones, con un ritmo aproximado de US$300 millones por año.
“¿Ahora, qué ha pasado en la realidad? Porque datos matan relatos. Eso yo lo he escuchado muchas veces de mi amigo Celso”, indicó Gómez, tras ser preguntado en el programa radial El Gobierno de la Mañana.
Para ejemplificar, detalló la inversión realizada hasta mayo de 2025 en la empresa distribuidora. En mayo de 2024 se invirtieron US$23.6 millones, pero en mayo de este año, año histórico de inversión, solo se invirtieron US$13.6 millones, es decir, US$10 millones menos. Además, señaló que en los primeros cinco meses de 2024 se invirtieron US$ 90 millones, mientras que en el mismo periodo de 2025 apenas se alcanzaron US$78 millones.
“Yo lo único que le aconsejo ahí, José Luis, es que si ellos quieren invertir US$ 300 millones al quinto mes llevan 78, que apuren bastante el paso, que se hablen con Félix Sánchez a ver si le ayuda”, ironizó Gómez.
En el sector de generación, Gómez reconoció que hubo grandes incorporaciones tras el proceso de capitalización, siendo esta área la más beneficiada.
Sin embargo, explicó que, a junio de 2025, el precio monómico de compra de energía por contrato presenta una variabilidad considerable entre las centrales:
- Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) (estatal): 9 centavos de dólar por kWh
- Solar fotovoltaica a 9 centavos
- Punta Catalina: 12 centavos
- Kar Powership: hasta 38 centavos
- SIBA: hasta 108 centavos de dólar por kWh (más de 11 veces el costo promedio)
- Punta Catalina a 12 y Seaborg, ubicada bajo un puente, a 18 centavos.
“El problema serio en nuestro sistema… causa de muchos apagones financieros… hay que dejarse de cosas. No es solo el calor, que ha aumentado, sino que tenemos que aumentar la oferta para evitar esos problemas”, señaló.
El dirigente criticó además la debilidad del regulador en el seguimiento de los procesos de licitación y el cumplimiento de los plazos de instalación de nuevas plantas, señalando que si no se cumplen las garantías de fiel cumplimiento, estas deberían ser ejecutadas, pero nadie lo menciona ni habla del tema.
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Gómez recordó que la demanda eléctrica aumenta cada año entre un 5% y un 8%, y que el país debería incorporar al menos una central nueva anualmente, con capacidad entre 150 y 200 megavatios. Sin embargo, explicó que existe un rezago histórico en la incorporación de generación, lo que deja al sistema sin reserva fría y vulnerable ante picos de demanda.
Sobre el mecanismo de incorporación, dijo que las centrales entran en una fila según el precio, y si alguna planta es demasiado cara, no se incorpora y se generan apagones para evitar un mayor déficit, que podría escalar de US$1,700 a US$2,000 millones.
“Hay que ser muy responsable en este tema, no podemos politizarlo porque hay decisiones que se van a tener que tomar en materia tarifaria”, advirtió, recordando las alzas tarifarias iniciadas en 2021, que provocaron protestas por la brusquedad de los incrementos.
Destacó la importancia de ofrecer un buen servicio y recuperar la confianza de la población, ejemplificando con los antiguos “circuitos 24 horas”, donde había un compromiso comunitario para mantener el servicio eléctrico a cambio de pago.
Juan Gómez también hizo referencia a un artículo del economista Jaime Arista Escuder y a un trabajo de la Cámara de Cuentas que analizan los costos financieros del proyecto eléctrico, aclarando que los costos financieros deben considerarse como gastos normales en una inversión, y lamentó que haya confusión o mala intención en algunos análisis.
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Criticó la falta de desarrollo en proyectos hidroeléctricos, señalando que la generación hidroeléctrica, que puede autofinanciar proyectos, ha sufrido descuido y falta de mantenimiento, y que el agua se valora en cero, lo que impide avanzar hacia una mayor independencia de los derivados del petróleo.
El secretario de Energía del partido Fuerza del Pueblo puso de manifiesto la problemática de tener más de 500,000 ciudadanos sin medidores eléctricos, lo que genera pérdidas para el sistema, comparándolo con hacer una compra en un supermercado sin que se registre el precio real en caja.
Gómez ejemplificó el problema de las pérdidas eléctricas con una comparación sencilla: “Es como ir al supermercado, llenar el carrito y que en la caja no funcione el lector de precios; la persona dice, por apreciación, ‘ok, tú tienes ahí 8,000 pesos en ese carrito’, pero al llegar a la casa te das cuenta de que normalmente pagas 20,000 pesos. Es un tema serio”.
Recordó que el decreto 655-21, que puso en vigencia el pacto eléctrico, establece metas claras para la reducción de pérdidas eléctricas, las cuales deberían haberse reducido desde un 33 % en 2020 hasta un 19 % en 2024, según lo firmado por el presidente de la República. Sin embargo, la falta de planificación y continuidad ha impedido alcanzar esos objetivos, situando al país como el primero en América Latina con mayores pérdidas eléctricas, incluso por encima de naciones como Honduras y Nicaragua, que no generan estadísticas oficiales para comparación.
Gómez enfatizó que reducir las pérdidas eléctricas es una tarea compleja que requiere inversiones, rehabilitación de redes, instalación de medidores, trabajo social y conciencia ciudadana. Lamentó la falta de continuidad en las políticas de reducción de pérdidas, que se iniciaron en 1998 y continuaron parcialmente hasta 2019.
Asimismo, denunció que las nóminas de las empresas distribuidoras se han disparado con empleados innecesarios, lo que afecta la eficiencia del sistema.
Finalmente, hizo un llamado a la conciencia nacional y a dejar de lado la politización del tema eléctrico, recordando la experiencia personal de un cirujano que perdió la luz cinco veces durante una operación, calificando esta situación de “criminal”.
“Esto es un tema país, no de partido político. Hoy le toca al PRM, mañana a Fuerza del Pueblo, pero es un problema que nos afecta a todos”, concluyó.
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