El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) solicitaron la creación de un marco legal que permita transferir al Estado dominicano los beneficios extraordinarios derivados del alto valor de mercado del oro.
La propuesta surge luego de que la cotización del metal precioso alcanzara un máximo histórico de US$5,100 por onza el pasado lunes 26 de enero. Ante este escenario, ambas organizaciones plantean que se establezca por ley un precio tope de US$2,000 por onza para la exportación.
Bajo este esquema, todo excedente por encima del límite fijado pasaría directamente a las arcas del Estado, independientemente de los acuerdos contractuales vigentes. Los proponentes sostienen que el aumento del precio no responde a nuevas inversiones de la empresa arrendataria, sino a factores externos como la volatilidad geopolítica y la devaluación de divisas internacionales.
El CNLCC y el Insaproma recordaron que el Estado dominicano mantiene la propiedad de la mina Pueblo Viejo a través de la empresa Rosario Dominicana, por lo que consideran legítimo que el país capture una mayor proporción de las ganancias extraordinarias.
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El costo actual del oro
De acuerdo con datos técnicos presentados, el costo de producción actual del oro se sitúa en US$1,538 por onza, lo que permitiría un margen de rentabilidad adecuado aun con la aplicación del precio tope propuesto.
De manera complementaria, las entidades sugirieron que el Gobierno disponga el cobro de una parte de los impuestos corporativos en oro físico, como una forma de fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, en un contexto de incertidumbre financiera global.
La iniciativa, remitida originalmente en 2024 tanto al Poder Ejecutivo como a sectores de la oposición política, incluye además la regulación de los excedentes en las ventas de plata.
Finalmente, los juristas y activistas afirmaron que el Estado dominicano tiene plena soberanía para dictar leyes generales sobre los recursos naturales, sin que sea necesaria la reforma de contratos específicos.
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