La Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Andegas) presentó este martes al Senado de la República observaciones sobre la Ley 225‑20, conocida como la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana, y solicitó formalmente que su sector quede excluido de las disposiciones relacionadas con el coprocesamiento de desechos sólidos.
Según Andegas, aunque valoran “la existencia de un marco normativo que establezca responsabilidad compartida y manejo integral de los residuos sólidos”, han identificado en la ley previsiones “ostensiblemente desproporcionadas e irracionales” aplicables a las estaciones de expendio de combustibles.
Estas no constituyen grandes empresas y sus ingresos provienen de arbitrios, impuestos y otras obligaciones fiscales, recibiendo únicamente una comisión del 8 % sobre el precio total por galón.
Al ser un sector regulado, explican, no pueden trasladar los costos del manejo de desechos sólidos al precio final del combustible, el cual es fijado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Por esta razón, la asociación interpuso una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pendiente de fallo. No obstante, advierten que una declaración de inconstitucionalidad total podría afectar partes de la ley que consideran beneficiosas para el medio ambiente.
Andegas busca además aprovechar el proceso de reformas iniciado por el Senado para perfeccionar la ley mediante un mecanismo participativo y democrático, fomentando el diálogo entre los actores involucrados y la administración de la Presidenta de la República.
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Contexto sobre la Ley 225‑20
La Ley 225‑20, conocida como Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, fue promulgada para establecer un marco legal que garantice la gestión integral de los residuos en el país y promueva un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Recientemente, el Senado aprobó modificaciones a la ley, declarando la urgencia de su reforma. Estas buscan fortalecer el marco normativo, modificando artículos específicos y agregando numerales adicionales, con el objetivo de subsanar, corregir o eliminar situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y la biósfera.
El proyecto de reforma fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán y Ginnette Bournigal de Jiménez. Según los legisladores, desde la promulgación de la ley original no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, pese a los desafíos persistentes en la implementación efectiva de su gestión integral.
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