La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) propuso que la modernización de la Ley Minera 146-71 incorpore mecanismos financieros obligatorios que garanticen el cierre responsable de las minas y la remediación ambiental de los terrenos intervenidos, incluso antes de que los proyectos entren en operación.
La iniciativa forma parte de la propuesta de actualización del marco regulatorio minero que impulsa el sector, con el objetivo de responder a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la gestión de los pasivos ambientales derivados de las actividades extractivas.
Según CAMIPE, la legislación vigente, promulgada en 1971, carece de herramientas modernas para asegurar una minería responsable, ya que no contempla de manera integral aspectos como evaluaciones rigurosas de impacto ambiental, planes de cierre y remediación, garantías financieras específicas ni mecanismos formales de participación ciudadana.
La propuesta plantea que cada proyecto minero constituya desde el inicio de sus operaciones un fondo o garantía financiera destinado exclusivamente a cubrir los costos de cierre y restauración ambiental. Estos recursos estarían protegidos mediante mecanismos públicos de asignación y supervisión, evitando que factores como cambios en el mercado o dificultades financieras de las empresas afecten la disponibilidad de los fondos.
“Estos recursos no dependerán de la voluntad de las compañías. Serán canalizados a través de mecanismos públicos de asignación y seguimiento bajo estrictas reglas de gobernanza, auditoría independiente y publicación periódica de información”, explicó Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE.
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Planificar el cierre antes de iniciar la explotación
Para la organización, una legislación moderna debe garantizar no solo la evaluación de los impactos ambientales de un proyecto, sino también la existencia de un plan de remediación claramente definido antes del inicio de cualquier actividad extractiva.
“Se trata de saber cómo terminará el proyecto antes de que empiece”, señaló Valerio, al destacar que la seguridad jurídica para las inversiones también depende de la transparencia ambiental y de reglas claras para todos los actores involucrados.
CAMIPE considera que una minería sostenible requiere un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales, sustentado en permisos oportunos, fiscalización efectiva, cierre planificado de operaciones, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.
Alineación con estándares internacionales
La propuesta también busca armonizar la legislación dominicana con los estándares internacionales más avanzados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).
En particular, la iniciativa incorpora principios promovidos por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la cual República Dominicana forma parte, y que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos naturales.
La entidad sostiene que la confianza ciudadana solo puede fortalecerse mediante un sistema robusto de gobernanza que combine transparencia, monitoreo tecnológico, supervisión independiente y garantías financieras verificables.
Un proceso participativo
CAMIPE afirmó que la modernización de la ley debe surgir de un proceso técnico y participativo que involucre al Estado, las empresas, las comunidades y la sociedad civil.
La organización subraya que su propuesta no busca flexibilizar las regulaciones existentes, sino establecer un marco normativo más claro, exigente, transparente y aplicable, capaz de promover inversiones responsables y garantizar una adecuada protección ambiental.
Según la entidad, una legislación moderna permitirá aprovechar los recursos minerales del país de manera sostenible, fortaleciendo la trazabilidad de las operaciones y contribuyendo al desarrollo económico y social de las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
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