REPÚBLICA DOMINICANA. Unas 780 estaciones de combustibles afiliadas a Anadegas podrían desconectar los verifones el próximo 25 de septiembre si el gremio y los proveedores de sistemas electrónicos de pago no alcanzan un acuerdo sobre las comisiones aplicadas a las transacciones con tarjetas de crédito y débito.
La fecha se acerca sin que las autoridades hayan presentado públicamente una propuesta concreta para cerrar el conflicto, que enfrenta a los detallistas de combustibles con los proveedores de los sistemas de pago.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que varias instituciones estatales participan en las conversaciones, encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades públicas.
Anadegas cuestiona el costo de las transacciones
El origen de la disputa está en las comisiones cobradas por las operaciones con tarjetas en las estaciones de combustibles.
Anadegas sostiene que estos cargos tienen un peso considerable sobre los márgenes de los detallistas, debido a que las estaciones deben cubrir otros costos asociados con su operación, entre ellos electricidad, impuestos, administración y seguridad.
El presidente de la organización, Juan Elías Pérez, ha señalado que las comisiones pueden representar aproximadamente 27 % del margen bruto obtenido por cada galón vendido. Esta proporción, según la explicación del gremio, corresponde al margen y no al precio final del combustible.
Representantes de Anadegas también han indicado que algunas estaciones enfrentan tasas de entre 1.95 % y 3 % sobre el valor de las operaciones.
Como alternativa, el gremio ha planteado reducir esas tasas hasta aproximadamente 0.3 % o establecer un cargo fijo por transacción.
Pérez afirmó además que Anadegas no ha recibido una invitación formal del Gobierno para retomar la discusión, pese a las gestiones anunciadas por las autoridades.
Mientras tanto, el dirigente mantiene la decisión de desconectar los verifones el 25 de septiembre si no se alcanza una solución.
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RD$41,002 millones en compras con tarjetas
La dimensión económica del conflicto se observa en el volumen de operaciones que pasan por los sistemas electrónicos de pago.
Entre enero y mayo de 2026, las compras de combustibles realizadas mediante tarjetas alcanzaron RD$41,002.1 millones.
El monto explica por qué la disputa sobre las comisiones trasciende el costo individual de cada operación: cualquier modificación del esquema puede tener efecto sobre un volumen significativo de transacciones vinculadas directamente con la venta de combustibles.
Para Anadegas, el problema se encuentra en la proporción que representan esas comisiones dentro del margen disponible para las estaciones.
El Gobierno, por su parte, enfrenta otro componente del conflicto: evitar que una disputa comercial termine afectando las opciones de pago de los consumidores que utilizan tarjetas para adquirir combustible.
Gobierno busca evitar restricciones a los consumidores
Pro Consumidor ha advertido que una eventual suspensión de los pagos con tarjetas podría afectar a los usuarios que dependen de medios electrónicos para realizar sus compras de combustibles.
Alcántara ha pedido a Anadegas actuar con prudencia mientras continúan las conversaciones y sostuvo que las partes deben alcanzar un entendimiento que evite trasladar el conflicto directamente a los consumidores.
El Gobierno y Anadegas habían acordado el 7 de julio establecer una mesa de trabajo para revisar el esquema de comisiones. En ese momento se otorgó un plazo de 30 días para buscar una solución.
Ese período concluyó sin que se anunciara públicamente un acuerdo definitivo.
A pocos días de la fecha fijada por el gremio, tampoco se conocen públicamente los términos de una eventual nueva estructura de comisiones, si los proveedores aceptarían reducir sus tarifas o si se establecería un mecanismo alternativo para procesar las operaciones.
Una disputa que llega a una fecha decisiva
El conflicto plantea un equilibrio entre dos intereses. Por un lado, los detallistas buscan reducir el costo que representan las transacciones electrónicas sobre sus márgenes. Por otro, las autoridades procuran preservar el acceso de los consumidores a los medios de pago electrónicos en las estaciones.
La diferencia adquiere especial relevancia en un sector donde las operaciones con tarjetas representan decenas de miles de millones de pesos en compras en pocos meses.
Si no se alcanza un acuerdo antes del 25 de septiembre, las 780 estaciones afiliadas a Anadegas podrían dejar de utilizar los verifones para procesar pagos, salvo que se establezcan mecanismos alternativos.
Por ahora, no se han informado públicamente los términos específicos de la negociación ni un acuerdo definitivo con los proveedores de servicios de pago. El desenlace determinará si los clientes de las estaciones involucradas podrán continuar utilizando sus tarjetas de crédito y débito con normalidad para comprar combustibles.
