El asfalto cemento AC‑30, insumo clave en la construcción de carreteras, autopistas y calles urbanas en República Dominicana, ha mostrado su vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional del petróleo, lo que afecta directamente los costos y la planificación de las obras viales del país.
Derivado del crudo, el AC‑30 se utiliza como aglutinante en mezclas asfálticas en caliente, esenciales para garantizar pavimentos resistentes al tránsito pesado y a las condiciones climáticas locales. Su precio está estrechamente ligado al valor del petróleo, y cualquier variación en este mercado repercute en el costo final de la infraestructura vial, tanto pública como privada.
En Latinoamérica, el AC‑30 se cotiza generalmente entre US$380 y US$410 por tonelada métrica, dependiendo del volumen de compra y la logística asociada. En República Dominicana, históricamente se han registrado precios referenciales cercanos a un dólar por galón, cifra que sirve de orientación para la planificación de presupuestos en obras viales.
Este tipo de asfalto se distingue por su resistencia y durabilidad, ideal para pavimentos de alto tránsito. Otros asfaltos, como el AC‑20, se emplean en proyectos con menor carga vehicular y suelen ser más económicos, mientras que asfaltos modificados con polímeros o aditivos especiales alcanzan precios superiores debido a su mayor desempeño.
El costo final del AC‑30 no depende solo de su calidad o grado, sino también de factores como transporte, almacenamiento, impuestos y volumen de adquisición. Esto explica por qué incluso dentro de un mismo país los precios pueden variar entre contratos públicos y privados.
Por estas razones, la dependencia del AC‑30 y su vínculo con el crudo refuerzan su carácter estratégico para la infraestructura vial dominicana. Variaciones en su precio pueden afectar la planificación y ejecución de proyectos, la inversión pública y privada, así como la conectividad y el mantenimiento de las carreteras a nivel nacional.
Contratos históricos y arbitraje internacional
Entre 2003 y 2020, la empresa Sargeant Petroleum, principal proveedora de AC-30 para el Estado dominicano, mantuvo una relación estrecha con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
En 2017, bajo la administración del exministro Gonzalo Castillo, el MOPC firmó un contrato con Sargeant Petroleum para la entrega mensual de 1.260.000 galones de AC-30. Sin embargo, el Ministerio decidió dar por vencido el contrato el 30 de noviembre de 2020, citando irregularidades en adendas anteriores y distorsiones de precios acumuladas durante más de 20 años.
Dieciocho meses después, la empresa solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial un proceso de arbitraje contra la República Dominicana.
El tribunal de arbitraje fue conformado el 28 de octubre de 2020, con la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler como presidenta y los árbitros David R. Haigh y Alexis Mourre, propuestos por la parte reclamante y la parte reclamada, respectivamente.
El MOPC señaló que, durante décadas, se registraron contratos poco transparentes en la adquisición de AC-30 y hormigón asfáltico caliente, lo que generó distorsiones de precios y dependencia de proveedores específicos.
Uso técnico y relevancia estratégica
El AC-30 no es un material que pueda aplicarse sin control. Su correcta utilización requiere calentamiento, mezcla con agregados pétreos, colocación y compactación, siguiendo estándares de pavimentación reconocidos internacionalmente.
La calidad de la mezcla y la temperatura de aplicación son determinantes para la durabilidad de los pavimentos, un aspecto crítico para el mantenimiento vial y la inversión en infraestructura.
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La disponibilidad y el costo del AC-30 impactan directamente la planificación de obras públicas, la inversión privada en urbanización y la conectividad nacional, elementos esenciales para el desarrollo económico del país.
Las variaciones en el precio del petróleo, que afectan el valor del asfalto, se traducen en mayores presiones presupuestarias y posibles ajustes en proyectos de pavimentación.
La relación histórica con Sargeant Petroleum evidencia la necesidad de planificación, transparencia y regulación estricta en la adquisición de insumos estratégicos como el AC-30.
Aunque los contratos analizados corresponden a años anteriores, reflejan cómo la dependencia del mercado petrolero y la gestión de proveedores impactan directamente en la infraestructura vial y en los recursos del Estado.
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