El Gobierno apuesta por un giro en su política social en territorios vinculados a proyectos energéticos y mineros: usar datos actualizados para dirigir las intervenciones directamente hacia las comunidades más vulnerables.
Con ese objetivo, el Ministerio de Energía y Minas y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) pusieron en marcha un esquema de trabajo conjunto que permitirá identificar, priorizar y asistir a los hogares con mayores carencias, apoyados en información socioeconómica precisa.
El ministro Joel Santos aseguró que la iniciativa marca “un cambio de fondo” en la forma de diseñar políticas públicas en el sector. “No se trata solo de energía, se trata de bienestar. Ahora podremos ubicar con exactitud dónde están las brechas y actuar con mayor justicia y eficacia”, sostuvo.
Según explicó, la integración de inteligencia social permitirá decisiones más acertadas, intervenciones focalizadas y garantizar que cada proyecto energético o minero tenga un impacto tangible en la calidad de vida de la población. “Estamos alineando desarrollo con equidad. Cada acción debe traducirse en oportunidades reales, sobre todo en territorios históricamente rezagados”, enfatizó.
De su lado, el director del Siuben, Augusto de los Santos, destacó que el acuerdo fortalece la articulación entre instituciones, en momentos en que la entidad avanza en la actualización de su registro social en al menos siete provincias, con prioridad en la región Sur.
“Este proceso crea un marco claro de interoperabilidad que permitirá contar con datos más precisos para políticas públicas mejor dirigidas y más efectivas”, afirmó.
La alianza contempla la producción de informes técnicos, datos confiables y documentos de política pública que orienten la intervención estatal, bajo criterios de confidencialidad y protección de datos.
El enfoque incluye el diseño de estrategias sociales en comunidades impactadas por proyectos mineros —en exploración o explotación—, así como en zonas con déficit de electrificación y servicios básicos, incorporando además el enfoque de género.
Como parte del acuerdo, Energía y Minas identificará las comunidades priorizadas, mientras que el Siuben aportará información clave y cartografía social para ubicar y caracterizar a los beneficiarios.
La iniciativa busca consolidar un modelo más eficiente de política pública, donde el crecimiento del sector energético y minero se traduzca en reducción de brechas sociales y mejoras concretas en la vida de las comunidades.
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