EL RETO DE LA ENERGÍA
LA INFLACIÓN, LA GUERRA Y LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
En un artículo reciente sobre los efectos de la guerra de Ucrania en la economía Europa, el periódico La Razón de Madrid destacó cómo, inmediatamente luego de los efectos de la pandemia, a los europeos se les desató una nueva crisis global, con una inflación sin control, cuando aún Europa apenas comenzaban a recuperarse de los efectos económicos de la pandemia. Por una parte, el alza de la energía, por la dependencia de Rusia, contagia hacia el incremento de costos de una cesta de la compra en la que la también se sumarán los efectos de recesión provocados por la misma guerra en la economía de Ucrania, uno de los mayores productores y granero del mundo de trigo, papas, y otros productos agrícolas, y también de fertilizantes. Finalmente a todo lo anterior se le suma, más recientemente, el aumento de las tasas de interés y sus secuelas en la desestabilización de la banca, en el tejido productivo de las industrias y la agricultura, y en las viviendas, reflejada en el aumento de las hipotecas, resultado a su vez de la lucha global de los bancos centrales contra la inflación, que dio fin a un largo periodo de costos muy bajos del dinero que propulsó las economías europeas luego de la crisis mundial del 2008. Todos estos factores tuvieron, y seguirán teniendo, un efecto importante en la economía dominicana en los próximos dos años.
Nuestro sector de energía está condicionado por cuatro situaciones y objetivos estructurales:
1. Nuestra alta dependencia en insumos energéticos importados, cuyos precios estarán sujetos a una muy alta volatilidad a corto plazo, especialmente en el 2023.
2. Nuestra necesidad de incrementar la producción de energía a una tasa de crecimiento mayor que el 3 % anual que era el objetivo de las autoridades del sector a principios del actual gobierno y, probablemente, el nuevo objetivo sea cerca de un 5 % anual.
3. Nuestro interés en que las energías renovables alcancen no menos de un 25 % del total de las fuentes para el año 2030.
4. El compromiso nacional con el acuerdo de París de reducir las emisiones un 25 % para el 2030.
EL RETO INMEDIATO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE ENERGÍA
La variable externa de costos que más afecta la economía dominicana son los precios de los combustibles que, durante gran parte del 2022 como resultado de la guerra en Ucrania y la imposición de diversas sanciones a Rusia así como la disciplina de la OPEP, se elevaron considerablemente desde principios del 2022 y se mantuvieron en niveles muy altos durante la mayoría del año, sufriendo una baja solo en los últimos meses. Actualmente el sector entiende que este año se mantendrá una tendencia hacia la baja en los precios, sobre la base de que Europa ha logrado pasar un invierno relativamente benigno, aun con un acceso limitado al gas de Rusia y un control en los precios de adquisición de otros combustibles provenientes de esa nación, y una reorganización en el mercado que le ha permitido a Rusia colocar una gran parte de su producción primordialmente en Asia, especialmente China y la India, a precios de descuento que, aunque más baratos, le permiten un nivel de beneficios aceptable debido a su relativamente bajo costo de producción, lo cual le ha permitido capear el precio de la guerra.
Muchos expertos en el mundo del petróleo ven señales que describen un ciclo económico particular de la industria petrolera, hacia la contención o baja de los precios en el 2023, lo que parece estar experimentándose en este momento. No compartimos totalmente el escenario de los expertos, pensamos que los ciclos serán muy afectados por la inestabilidad política derivada de la conducta de la guerra, porque se mantendrá una alta incertidumbre si el conflicto, como parece, se entroniza o se amplía, lo cual tendría un efecto político disruptivo, y la respuesta norteamericana para llegar aumentar los niveles de sus reservas estratégicas de petróleo, que la administración Biden ha llevado a sus más bajos niveles de la historia, contrario a lo que ha sucedido en otros países, especialmente Europa, que están acumulado inventarios aprovechando la reducción de precios. Por estas razones, tenemos reservas a la opinión de los expertos y, paradójicamente, dentro de una tendencia evolutiva del sector hacia la baja de los precios de petróleo y la energía en general, esperamos un nuevo aumento –aunque sea temporal– si se materializan las muy anunciadas ofensivas y contraofensivas entre Rusia y Ucrania que podrían iniciarse en la primavera y el verano. De hecho, terminando de escribir este artículo, la OPEP anunció una reducción de producción diaria de 1.660.000 barriles al día que de manera inmediata elevó los precios en un 8 %; este tipo de eventos, de alta volatilidad, han de marcar el mercado durante el 2023.
Aun, si así suceden las cosas, en este aspecto el 2023 se manifiesta mucho más positivo para nuestro país que el 2022, pero seguirá la incertidumbre vigente. Sería entonces importante que el Gobierno y los privados adquirientes de combustibles aprovechen la oportunidad para una estrategia dual, en que al menos una parte de nuestro consumo quede fijado en precios razonables que reflejen la perspectiva del mercado actual, estrategia que ya el gobierno utilizó en el pasado con buen éxito para reducir los riegos de variaciones en el gas.
EL AUMENTO GLOBAL DE LA PRODUCCIÓN Y LAS PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN
El actual gobierno ha licitado la instalación de 800 MW en Manzanillo, en base a gas, y existen otras iniciativas privadas que aumentaran la producción total quizás otros 800 MW adicionales. Sin embargo, ya en 2020 existía una tensión entre la oferta y la demanda energética, usual en el sector energético por el relativamente largo periodo que pasa entre la toma de decisión de construir una planta y su materialización, en cualquiera de las tecnologías disponibles; este desfase puede ser aún mayor si se requieren permisos, soluciones medioambientales, y otros requisitos gubernamentales que atrasan las decisiones. En noviembre del 2020 le sugerimos al Gobierno medidas urgentes para adquirir de inmediato nuevas plantas de gas disponibles inesperadamente en el mercado por caídas de operaciones de venta resultado de la pandemia, que no fueron aprovechadas por el país, resultando la necesidad de traer barcazas, una de las peores alternativas por su alto costo y gran contaminación.
La capacidad instalada total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado al mes de diciembre 2021 fue de unos 5.242 MW. De éstos, unos 3.908,4 MW son de origen convencional representando un 74,6 % del total general; 366,6 MW son provenientes de centrales eólicas para un 7 %; 313 MW solar fotovoltaica que representa un 6 %; 30 MW provienen de biomasa representando un 0,6 % y, finalmente, 624 MW son de origen hídrico, siendo esto un 11,9 % de la capacidad total instalada.
Las nuevas plantas entrarán en producción en el 2024 y más allá, y cuando terminen sus instalaciones, de nuevo la oferta y la demanda estarán tensionadas. Por eso es necesario trabajar desde ahora en las necesidades a partir del 2025-2026, tomando en cuenta muy especialmente acelerar la participación de las renovables, pero también teniendo en consideración que el relativamente reducido impacto de estas ante la demanda adicional.
El informe de la AIDE concluye destacando la necesidad de mejoras en la distribución, citamos: “Para el año 2021 hubo un incremento significativo de la demanda de energía eléctrica de un 10 % frente al mismo periodo del 2020 como resultado de la reactivación económica del país. En el mes de enero la demanda de energía disminuyó 0,5 % con relación a enero 2020, pero a partir de febrero la demanda creció progresivamente,1,34 % febrero 2021 frente a febrero 2020; 17,15 % marzo, 19,01 % abril, 15,23 % en mayo, 12,30 % en septiembre, 16,25 % en noviembre, y finalmente 11,49 % en diciembre, resultando este balance importante entre la reactivación de la economía y la demanda incremental de energía para satisfacer esa necesidad adicional de la población y empresas. En cuanto a las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras, aunque se constataron proyectos exitosos para mejorar los indicadores, cerraron en promedio en 33 %. Esto representó un incremento de un 6 % si la comparamos con el año 2019 cuando cerraron en un 27 % y se mantuvieron igual al 2020 cuando, para el periodo enero noviembre, cerraron en el 33 %. El indicador estuvo impactado por mayor abastecimiento de la demanda de los clientes y el aumento significativo de la demanda, según fue señalado. Bajo el amparo de estos datos, podemos concluir que el reto principal continúa siendo la gestión y eficiencia de la distribución de la energía. Este es uno de los pendientes más críticos que tiene el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado para caminar hacia su desarrollo y madurez completa y poder así abordar temas de cara al futuro para que todos recibamos una energía asequible, segura, sostenible y adecuada a los nuevos tiempos”.
LAS RENOVABLES Y LOS OBJETIVOS NACIONALES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
En el último foro de Davos, la firma McKinsey presentó un informe sobre el progreso de la sustitución de energías a nivel mundial para enfrentar el cambio climático, donde las renovables en términos generales incluyen una variedad, incluidas la hidroeléctrica y la geotérmica, pero con énfasis en la fotovoltaica y eólicas.
Expresa el reporte que el impulso hacia las energías renovables está creciendo aceleradamente, pero sin una disminución correspondiente en las emisiones globales. En la última década, la producción de energías renovables se ha más que duplicado a nivel mundial, y su participación en el total el consumo de energía primaria ha crecido del 9 % en 2011 al 13 % en 2021. A este ritmo tardaríamos por lo menos 30 años más para que la producción de energía sea mayoritariamente renovable. Más aun, a pesar del crecimiento de las energías renovables, el uso de combustibles fósiles también se está expandiendo para satisfacer creciente demanda de energía. La demanda mundial de energía creció un 14 % entre 2011 y 2021, impulsado principalmente por fuentes intensivas en emisiones. Como resultado, las emisiones globales relacionadas con la energía han aumentado en la última década en aproximadamente un 5 %, o 1,7 gigatoneladas (Gt) de CO2 y la proporción actual de energía primaria a partir de combustibles fósiles sigue siendo preponderante, con un 82 %. Las prescripciones sobre el papel de los combustibles fósiles no pueden ser demasiado simplistas, dada esta continua dependencia. La transición neta cero requiere descensos pronunciados y decisivos en los combustibles fósiles consumo para 2050, más tiempo para los países como el nuestro que apenas empiezan a invertir en renovables, y con limitaciones importante de capital en una industria que es intensiva en inversiones tanto de la producción como las infraestructuras de distribución.
Energéticamente, no somos una economía en desarrollo dotada de recursos naturales, como por ejemplo Brasil, México e Indonesia, que tienen un potencial energético significativo a partir de fuentes solares o eólicas y recursos naturales críticos como los metales raros. Su prioridad natural será establecer el marco para desarrollar estos recursos y pasar a un modo de producción sostenible. En RD somos una economía en desarrollo y en riesgo. Estas economías son principalmente agrícolas y tienen una exposición desproporcionada al riesgo climático. Algunas tienen un potencial limitado para el desarrollo de energías renovables, ya sea debido a restricciones financieras o a dotaciones naturales limitadas. Su transición deberá ir acompañada del establecimiento de servicios básicos de infraestructura y la alta inversión en adaptación climática.
La actual política de promoción de inversiones renovables, primordialmente a través de promover la instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas, no será suficiente para cumplir con los objetivos a los que el país se ha adherido en términos de cambio climático. La expectativa de la Comisión Nacional de Energía según su informe del 2017 era que la energía total relacionada con las emisiones de CO2 en la República Dominicana aumentara a 35 millones de toneladas en 2030 (2,9 toneladas de CO2 por habitante). Esto es una limitación, ya que los objetivos de reducción de emisiones de gases, en el índice nacional de contribuciones (INDC) del país, será un 25 % en 2030, en comparación con el equivalente de 3,6 toneladas de CO2 per cápita en 2010. Esto implica que el total de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 deberán estar en un nivel equivalente a 2,7 toneladas de CO2 per cápita (para todos los sectores, incluyendo la energía).
Así las cosas, se requiere profundizar no solo el incremento de plantas renovables, sino que debemos tomar medidas que promuevan significativamente la descarbonización en las industrias, el transporte, y la construcción y manejo de edificios e infraestructuras, al tiempo que se garantizan la seguridad y la asequibilidad energética. Uniendo el reporte de McKinsey y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Energía en el 2017, se obtienen un conjunto de políticas integrales, siguiendo el marco de McKinsey, que nos sugieren áreas de acción política inmediatas:
(1) Facilitar el acceso a la tierra, agilizar la burocracia y los permisos, y simplificar los procesos para acelerar la implementación de las energías renovables y las tecnologías limpias. Establecer objetivos claros y consistentes para ello, que sean consistentes con otras estrategias nacionales de energía y un marco regulatorio institucional estable, con los incentivos financieros apropiados para atraer inversiones en renovables, desarrollando marcos de remuneración atractivos, con seguridad jurídica, y diseños de mercado y estructuras de compra para fomentar las inversiones en energías renovables y tecnologías limpias.
(2) Modernizar y reutilizar la red y otras infraestructuras heredadas y desarrollar nuevos activos para acelerar la integración de las energías renovables y las tecnologías limpias en el sistema energético. Hay que asegurar que haya suficiente generación gestionable y está disponible para proporcionar la flexibilidad requerida por el sistema eléctrico. Diseño de incentivos adecuados a este propósito apoyados por planes actualizados de expansión de generación con objetivos intermedios.
(3) Fortalecer las cadenas de suministro globales para asegurar materias primas críticas, componentes y competencias laborales.
(4) Descarbonizar los sectores de la industria y el transporte mediante la inversión en nuevas tecnologías, como la captura, utilización y almacenamiento de hidrógeno y carbono, junto con la electrificación y la eficiencia energética, Desarrollar una estrategia para el uso de las energías renovables en la industria prestando particular atención al diseño técnico/económico, horas de funcionamiento y temperaturas de procesos industriales. Crear un mercado para los biocombustibles líquidos en el transporte y promover la movilidad eléctrica en las zonas urbanas congestionadas y zonas turísticas del país. Este mercado también necesita hacer uso de sinergias con el sector eléctrico y planes relacionados con infraestructura y necesidades de financiamiento,
(5) Limitar y mitigar la generación intensiva en emisiones, por ejemplo, controlando los vertederos y el manejo de la basura, incluyendo su utilización como fuente de energía y de sostenibilidad, para reducir la huella de carbono de los combustibles fósiles y disminuir los riesgos de activos varados; Determinar objetivos para el uso de la bioenergía en aplicaciones que carecen de cualquier otra alternativa de energía renovable y donde la bioenergía crea valor añadido al sistema. Promover los usos de sus recursos más eficientes y vías rentables para garantizar la sostenibilidad.
(6) Establecer los marcos y estándares de escala para medir la intensidad de carbono de la energía y los productos finales, y desarrollar una nueva economía de carbono global.
FRASE:
La actual política de promoción de inversiones renovables, primordialmente a través de promover la instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas, no será suficiente para cumplir con los objetivos a los que el país se ha adherido en términos de cambio climático.
Luis Álvarez Renta
Economista
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