La suspensión del proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, obliga al país a enviar un mensaje claro de estabilidad a los inversionistas, afirmó ayer Biviana Riveiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana). La funcionaria subrayó que, aunque la decisión abre un espacio para revisar el impacto de este tipo de iniciativas, la prioridad es preservar la confianza en la República Dominicana como destino seguro para la inversión.
Riveiro reconoció que el sector minero ha sido históricamente un motor de inversión extranjera directa y un generador importante de empleos, por lo que la pausa en el proyecto podría repercutir en los inversionistas involucrados, especialmente porque Romero ya contaba con un cronograma avanzado de implementación.
Pese a ese escenario, la directora de ProDominicana enfatizó que el país puede mantener su credibilidad sin renunciar al escrutinio técnico. “Hay que escuchar a todos los actores y continuar las investigaciones necesarias para garantizar una minería responsable”, afirmó, al insistir en que el diálogo y la transparencia son claves para sostener la confianza internacional.
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Una ley minera desactualizada
La directora de ProDominicana insistió en la necesidad de reformar la legislación vigente. “Contamos con una ley muy vieja que debe ajustarse a los tiempos actuales”, afirmó, al destacar que la normativa debe permitir un equilibrio entre las preocupaciones de las comunidades y la viabilidad de un desarrollo minero ambientalmente sostenible.
Riveiro sostuvo que la ciudadanía debe entender que cada proyecto requiere tiempos y procesos específicos para realizar los análisis técnicos y legales correspondientes. “Tenemos ejemplos exitosos en la región. El reto es lograr el balance entre el análisis riguroso de los proyectos y la escucha activa de las comunidades”, agregó.
Las declaraciones se produjeron tras el anuncio de que el país será sede del Americas Investment Forum (AIF) 2026, una plataforma que busca posicionar a la República Dominicana y a otros países de la región como destinos competitivos para la inversión. La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para consolidar un clima de negocios estable y atractivo.
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