El director ejecutivo del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik, puso en marcha un ambicioso programa de iluminación de carreteras con el objetivo de reforzar la seguridad vial en las principales autopistas del país.
El funcionario precisó que los trabajos abarcan toda la autopista Duarte, el Bulevar Turístico del Este en un tramo de unos 13 kilómetros, así como las autopistas Las Américas, del Nordeste y 6 de Noviembre.
Según Rizik, el proyecto contempla el reemplazo completo de las lámparas existentes por unidades LED de última tecnología, que además estarán equipadas con un sistema de cámaras de seguridad para prevenir robos o actos de vandalismo.
“La iluminación que estamos montando es solar LED; no consume energía, se nutre de la luz solar y tiene la capacidad, mediante la batería, de brindar iluminación constante”, explicó el director de RD Vial durante una entrevista en el programa Tribuna de la Verdad por Z101.
El programa prioriza las entradas, salidas y tramos oscuros de las autopistas, enfocándose en zonas que requieren mayor visibilidad nocturna. Las nuevas lámparas funcionan con energía solar, acumulando energía durante el día para garantizar iluminación durante la noche sin recurrir a la electricidad convencional, un paso hacia la sostenibilidad de la red vial.
Rizik recordó que RD Vial administra 18 estaciones de peaje a nivel nacional, cuyos ingresos se destinan a ampliar la red vial y mejorar la seguridad en las carreteras. Asimismo, destacó que desde su llegada a la institución ha buscado transparentar el uso de los recursos recaudados, siguiendo las directrices del presidente Luis Abinader.
Entre las obras actualmente en desarrollo, el funcionario mencionó la ampliación de la autopista Duarte, la construcción de circunvalaciones en Baní y Azua, y la evaluación de tres nuevos elevados en la vía expresa Santo Domingo–Santiago para mejorar la conectividad y seguridad en el tránsito.
Con este proyecto, RD Vial busca combinar tecnología, eficiencia energética y seguridad, reforzando la infraestructura vial mientras se optimiza el uso de los recursos públicos.
En los últimos días, varios consumidores han denunciado la falta de gasolina en algunas estaciones de servicio de la marca Texaco, lo que generó preocupación entre los usuarios del combustibles.
No obstante, la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (Anadegas) aclaró que la situación no se debe a un desabastecimiento general, sino a inconvenientes internos en el proceso de suministro de esa empresa en particular.
El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, aclaró que no existe una falta general de combustibles en el país, ya que el producto está disponible en las principales terminales de distribución.
EH+ realizó un recorrido por algunas estaciones ubicadas en el Gran Santo Domingo, donde los bomberos indicados no contar con el suministro. En algunos casos, se explicó que esperaban el camión de abastecimiento.
“El problema no es de abastecimiento en el país. Combustible hay en las terminales de San Pedro de Macorís y en otras terminales. Simplemente hay una compañía que tiene problemas con el suministro, pero no en sentido general”, explicó Pérez.
El dirigente del sector detallista indicó que las dificultades en algunas estaciones obedecen a situaciones de negociación, despacho o cuentas pendientes entre las empresas distribuidoras y los suplidores, lo que puede limitar temporalmente el despacho de combustible.
“Si tienen cuenta pendiente, no despachan”, precisó. “Nadie informa que no hay escasez de combustible, excepto algunas marcas que han tenido problemas de suministro”, agregó.
Pérez reiteró que el país cuenta con suficiente combustible disponible y que las terminales operan con normalidad. En ese sentido, las limitaciones detectadas en ciertos puntos de venta no representan una crisis de abastecimiento nacional, sino casos particulares de compañías específicas.
No es la primera vez que los consumidores reportan escasez de gasolina en el país. En ocasiones anteriores se han presentado denuncias similares relacionadas con dificultades logísticas o de suministro temporal, principalmente en estaciones de marcas internacionales que operan bajo sistemas de importación y despacho propios.
La gasolina premium, al ser un combustible de mayor octanaje y con componentes importados, suele ser la más vulnerable a variaciones del mercado internacional o a retrasos en los procesos de distribución. Su disponibilidad depende, en gran medida, de los acuerdos de importación y del flujo de despacho en las terminales.
Hasta el momento, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) no ha reportado irregularidades en el suministro nacional y mantiene los precios de los combustibles sin variaciones significativas en las últimas semanas.
El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, calificó como una muestra de “mala administración de los recursos públicos” el manejo del Gobierno en áreas como el sector eléctrico y los fondos ociosos depositados en bancos estatales, al considerar que esos recursos podrían destinarse a indexar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado a los salarios.
En un video difundido a través de sus redes sociales, Fernández cuestionó el argumento oficial de que el Estado perdería alrededor de RD$16,000 millones si se ajustaran los tramos del impuesto, al afirmar que “no se puede perder lo que nunca se debió tener”.
Además, el legislador señaló que, mientras se les niega ese alivio fiscal a más de 720 mil trabajadores dominicanos, el déficit del sector eléctrico alcanzó este año los RD$105,000 millones.
“El Gobierno ha prometido que para 2026 entrarán en operación plantas privadas que reducirán ese déficit en unos RD$19,000 millones. Solo con cumplir esa promesa habría dinero suficiente para la indexación”, expresó Fernández, subrayando que el problema radica más en la disposición política que en la falta de fondos.
El senador también cuestionó la administración de los recursos depositados en el Banco de Reservas y otras cuentas estatales, donde, según dijo, reposan unos 6,330 millones de dólares provenientes de deudas que aún no se han utilizado.
“Seguimos pagando intereses por un dinero que no usamos, mientras se sigue tomando más deuda para el próximo presupuesto”, advirtió.
Fachada de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) en Santo Domingo, sede de la entidad encargada de supervisar el sistema dominicano de seguridad social.
Fernández afirmó que solo los intereses de esos empréstitos bastarían para compensar lo que el Estado deja de devolver a los trabajadores al no actualizar el impuesto a sus salarios.
A esto sumó un llamado de atención sobre el aumento de la nómina pública, que de acuerdo con datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) creció en RD$122,470 millones entre 2020 y 2024, “una cifra que cubriría más de siete veces lo que aportan los trabajadores”.
En su intervención, el legislador lamentó no contar con los votos suficientes para aprobar su iniciativa, pero reiteró su compromiso de seguir defendiendo lo que calificó como una causa de justicia fiscal.
“Esto no es un tema político, es un tema de bienestar. No es contra mí, es por ustedes los trabajadores dominicanos”, concluyó.
El pronunciamiento de Fernández reabre el debate sobre la transparencia en el manejo del sector eléctrico, los recursos en la banca estatal y la priorización del gasto público, en momentos en que el país enfrenta un creciente déficit y nuevas emisiones de deuda.
En un momento en que la transición energética y la confiabilidad eléctrica son desafíos crecientes en América Latina y el Caribe, Wright Energy Storage Technologies (WEST) surge como una alternativa innovadora y sostenible.
La compañía propone soluciones tecnológicas capaces de garantizar electricidad confiable y rentable, mediante sistemas seguros, eficientes, robustos y duraderos, difíciles de igualar por otras tecnologías.
Para conocer un poco más, EH+ conversó con Linda Habgood, directora financiera de WEST, quien llegó a la industria de energía renovable tras una extensa carrera en finanzas internacionales y desarrollo, incluyendo su liderazgo en Delphos International.
Linda Habgood, directora financiera de WEST
Su experiencia en mercados emergentes le permitió comprender que la energía renovable tiene un impacto limitado si no se puede almacenar y utilizar cuando el viento no sopla o el sol no brilla.
Cada año, se desperdician aproximadamente 8,5 billones de dólares en electricidad debido a la falta de almacenamiento adecuado, señala Habgood.
Su decisión de unirse a WEST se basó en el “poder” de la tecnología de la compañía, que ofrece soluciones capaces de cambiar la manera en que se almacena y distribuye la energía.
Asimismo, indica que, a diferencia de las baterías de ion-litio, los sistemas de WEST utilizan celdas electrostáticas que almacenan electricidad como electrones, en lugar de en un formato químico. Esto permite alcanzar un 97 % de eficiencia, mínima degradación, más de 30 años de vida útil y el costo nivelado de almacenamiento más bajo del mercado.
Entre sus ventajas destacan que los módulos no generan calor, eliminando riesgos de incendio o la necesidad de sistemas de control de temperatura. Sus sistemas ya han sido probados en 3.500 sitios, sumando 50 MWh de capacidad, operando con éxito desde el calor africano hasta el frío de la Antártida.
Además, son modulares, fáciles de expandir, reparar y mantener, y ofrecen 100 % de profundidad de descarga, algo que las soluciones de ion-litio no pueden igualar sin incurrir en costos adicionales significativos. En términos de operación, las soluciones de ion-litio pueden resultar 3.14 veces más costosas que la tecnología de WEST para resultados equivalentes.
WEST ha logrado importantes hitos en certificación internacional. Con UL810A e IEC 62619 a nivel de celda, sus módulos pueden enviarse por aire sin considerarse mercancías peligrosas. Para enero de 2026, la compañía contará con UL1973, 1998, 60730, 9540A y IEC 60529, lo que abrirá mercados globales que antes solo podían abordarse con muestras de ingeniería.
Idalia Cabrera, directora de EH+, durante la entrevista con Linda Habgood, directora financiera de WEST
Actualmente, WEST ofrece soluciones de hasta 10 MWh y planea introducir próximamente sistemas de alto voltaje de hasta 2000 VDC.
Los sistemas de WEST representan una opción confiable para enfrentar problemas de interrupciones eléctricas. Funcionan junto a cualquier tipo de generación, ya sea renovable o basada en combustibles fósiles, y pueden operar conectados a la red o de forma autónoma, eliminando preocupaciones por el tiempo de inactividad.
La compañía ofrece productos residenciales de bajo voltaje (48V DC) de 3,3 kWh, 5,0 kWh y 6,5 kWh, apilables y montables en pared, que pueden operar en paralelo hasta 500 kWh. Las soluciones de media tensión alcanzan hasta 10 MWh por sistema, representando una alternativa confiable a los generadores diésel, sin necesidad de combustible ni mantenimiento.
WEST puede ser clave en la transición energética, al permitir que la energía renovable se convierta en una fuente confiable 24/7. Sus soluciones UPS, como el Envoy Series 10, pueden entregar 1 MW durante 12 minutos con un sistema de 200 kWh, recargándose en igual tiempo, algo que requeriría más de 10 veces la capacidad nominal con ion-litio.
El principal desafío sigue siendo aumentar la conciencia tecnológica y la aceptación del mercado.
La bancabilidad es esencial para escalar nuevas tecnologías de energía sostenible. WEST ya está comercializado y listo para pruebas en la República Dominicana, con software EZPower que permite diseñar soluciones adaptadas a las necesidades de cada usuario.
Con el apoyo de su asesor, su Excelencia el Embajador de EE. UU., Wally Brewster, WEST firmará un acuerdo con KAYA Energy para distribuir sus sistemas en la región. Este equipo local está preparado para identificar los desafíos energéticos y de red que enfrentan las operaciones locales y ofrecer soluciones a medida.
Con esta propuesta, WEST se presenta como una alternativa confiable, segura y sostenible capaz de transformar la manera en que se genera, almacena y utiliza la energía en la República Dominicana y toda la región.
Los ministros Víctor “Ito” Bisonó, de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y Julio Moltó, de Comercio e Industrias de Panamá, realizaron una Declaración Conjunta mediante la cual ambos ministerios acordaron reforzar la cooperación técnica y el intercambio de experiencias en el combate contra el comercio ilícito y la competencia desleal.
El documento, presentado durante el Quinto Foro sobre Combate al Comercio Ilícito, establece el compromiso de ambos ministerios de mantener el diálogo permanente e involucrar a las entidades gubernamentales correspondientes para fortalecer el comercio formal y proteger la salud pública, la recaudación fiscal y el desarrollo sostenible.
“Con esta declaración conjunta sellamos una alianza que trasciende fronteras. Los ministerios de República Dominicana y Panamá compartimos la convicción de que la cooperación es la vía más efectiva para erradicar los ilícitos y garantizar mercados más transparentes, competitivos y seguros”, afirmó Bisonó.
El ministro sostuvo que el país ha avanzado con firmeza en el fortalecimiento de su sistema de control, prevención y persecución de ilícitos, consolidando una política de Estado que ha generado confianza internacional y nuevas oportunidades de colaboración.
“El hecho de que aliados estratégicos como el Gobierno de los Estados Unidos se sumen a esta agenda es una señal clara de confianza en lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una política moderna, basada en inteligencia operativa, trazabilidad y transparencia”, agregó.
Por su parte, el ministro Julio Moltó destacó la importancia de continuar estrechando los lazos de cooperación entre ambos ministerios y de compartir mejores prácticas que fortalezcan la formalidad comercial en la región.
“El combate al comercio ilícito requiere de coordinación, información y confianza. Hoy damos un paso importante para seguir aprendiendo juntos y avanzar hacia mercados más seguros y transparentes”, expresó Moltó.
Liderazgo regional y reconocimiento internacional
Bisonó destacó que la experiencia dominicana en el combate al comercio ilícito ha despertado el interés de organismos y gobiernos de la región.
Recordó que recientemente el Senado de Brasil invitó al MICM a presentar los resultados del país en el control del alcohol ilícito, “una muestra de que la República Dominicana ha dejado de ser un caso nacional para convertirse en un referente regional”.
Asimismo, señaló que el país fue reconocido en el Índice TRACIT 2025, ocupando la posición 50 entre 158 economías, por encima del promedio global y regional. Igualmente, tras casi tres décadas, fue excluido del Informe Especial 301 de los Estados Unidos, pasando a la sección de buenas prácticas en materia de propiedad intelectual.
“Estos hitos confirman que la República Dominicana es hoy un país que inspira confianza y credibilidad. La cooperación internacional y los reconocimientos que estamos recibiendo reflejan el compromiso de esta gestión con la legalidad y la competitividad”, afirmó Bisonó.
El ministro también resaltó el papel del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Mercancías (CECCOM) como eje clave en la estrategia nacional contra el comercio ilícito, al coordinar las acciones de inteligencia, decomiso y control junto con las instituciones sanitarias, aduanales y de defensa.
La Declaración Conjunta realizada entre ambos ministerios reafirma el interés de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana y de Comercio e Industrias de Panamá en promover políticas públicas que fortalezcan la trazabilidad, la cooperación técnica y la medición del impacto económico y social del comercio ilícito en sus respectivos mercados.
“Esta causa no es solo del Gobierno; es de todos los sectores que defienden la formalidad, la ley y el bienestar colectivo. Lo que hoy hacemos junto al Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá es sembrar confianza para las próximas generaciones”, concluyó Bisonó.
Durante la década de 1950, República Dominicana enfrentaba una creciente crisis eléctrica que amenazaba el desarrollo urbano e industrial. En ese contexto, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1961) evaluó medidas poco convencionales para garantizar el suministro de energía: la instalación de una planta nuclear industrial.
En 1956, se publicó el “Plan Trujillo de Electrificación Total de la República Dominicana”, un documento de 145 páginas elaborado por la empresa estadounidense Stone and Webster Service Corporation, que detallaba la producción, transmisión y distribución eléctrica, incluyendo el costo estimado de la planta nuclear. Según el plan, la central se ubicaría a orillas del río Haina, con capacidad de generar 20,000 kilovatios, elevando hasta 57,000 kilovatios la capacidad combinada de las centrales existentes.
El periodista Leoncio Pieter, en su artículo publicado en El Caribe el 13 de junio de 1956, describió la iniciativa como la primera en América en utilizar energía atómica con fines industriales. Pieter explicó que el reactor funcionaría mediante un sistema de agua presionada, que transferiría calor del uranio enriquecido a un generador de vapor, moviendo turbinas y generadores eléctricos con eficiencia.
Los expertos de Stone and Webster advertían que, aunque la planta podría ofrecer independencia de los combustibles fósiles, generaría una dependencia absoluta del combustible nuclear estadounidense y riesgos significativos de radiación. Además, el manejo de residuos radiactivos y agua contaminada planteaba desafíos no resueltos para la época.
La suspensión del proyecto permaneció en el misterio hasta que, según el geólogo Osiris de León, un radiólogo, Rafael González Massenet, alertó a Trujillo sobre los peligros de un escape de radiación: el viento podría arrastrarla hacia San Cristóbal, la ciudad natal del dictador, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes. Ante esta advertencia, el proyecto fue desestimado.
Así, la planta nuclear de Trujillo quedó en papel y mapas, convirtiéndose en un episodio histórico desconocido del desarrollo energético dominicano, donde la ambición tecnológica chocó con los límites de la seguridad y la salud pública.
El Estado dominicano ha destinado más de RD$73,000 millones en subsidios a los combustibles entre 2022 y septiembre de 2025, según datos oficiales del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Los años de mayor gasto fueron 2022, cuando el barril de petróleo promedió US$94.90 y el subsidio alcanzó los RD$36,000 millones, y 2024, con un desembolso de RD$16,700 millones pese a un precio internacional más bajo.
Desde la emisión del Decreto 625-11, que faculta al Estado dominicano a realizar ajustes en el precio final de los combustibles para amortiguar las variaciones del mercado internacional, los subsidios a los hidrocarburos se han convertido en un componente clave de la política económica.
Dicho decreto establece, en su artículo 5, el mecanismo mediante el cual el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) puede traspasar parcial o totalmente los incrementos o reducciones en los precios internacionales, generando así cuentas por pagar o saldos a favor con los importadores.
Este esquema ha permitido suavizar los impactos del petróleo en el mercado interno, aunque ha implicado un costo fiscal considerable. En 2022, cuando el precio promedio del barril de crudo alcanzó US$94.90, un alza del 39% respecto a 2021, el subsidio a los combustibles ascendió a RD$36,000 millones, equivalente al 0.58% del producto interno bruto (PIB).
Subsidio a los combustibles en RD del 2022 a septiembre del 2025.
En 2023, con un precio promedio de US$77.58 por barril de WTI, el monto destinado a mantener estables las tarifas internas fue de RD$12,000 millones, mientras que en 2024 se incrementó a RD$16.7 mil millones, pese a que el petróleo promedió US$76.63 por barril.
A septiembre de 2025, las cifras oficiales reportan RD$8.6 mil millones, lo que podría proyectar un gasto total cercano a los niveles de 2024 al cierre del año.
Distribución por tipo de combustible
Subsidio a los combustibles por tipo, desde 2023 hasta septiembre del 2025.
Los registros de la Oficina de Transparencia del MICM detallan que en 2023 y 2024 el gasoil regular fue el principal beneficiario del subsidio, con RD$6.2 mil millones y RD$5.4 mil millones, respectivamente.
Le siguió el gasoil óptimo, con RD$2.8 mil millones en 2023 y RD$1.8 mil millones en 2024.
Las gasolinas representaron montos menores: la regular recibió RD$1.6 mil millones en 2023 y RD$2.0 mil millones en 2024, mientras que la premium requirió RD$1.4 mil millones y RD$1.7 mil millones, respectivamente.
En cuanto al GLP, en 2023 las cuentas por pagar con los importadores arrojaron un saldo a favor del Estado, por lo que no se otorgó subsidio ese año. Sin embargo, en 2024 el monto ascendió a RD$5.7 mil millones, y a septiembre de 2025 ya acumulaba RD$5.5 mil millones.
La distribución porcentual del subsidio ha variado significativamente: en 2023, el gasoil regular concentró el 51% del total, mientras que en 2024 representó el 32%, y en los primeros nueve meses de 2025, apenas el 22%. Por el contrario, el GLP, que no recibió apoyo en 2023, alcanzó el 34% del total subsidiado en 2024 y el 64% en 2025.
Comparación con otros subsidios
El gasto en subsidios a combustibles, aunque relevante, es inferior al de otras transferencias estatales. Los subsidios sociales, como Supérate, BonoGas y BonoLuz, representaron al menos 0.6% del PIB en 2024, equivalente a RD$47 mil millones.
En cambio, el subsidio eléctrico, dirigido a compensar las pérdidas del sector y mantener las tarifas, ha promediado 1.0% del PIB en los últimos años, alcanzando un 1.4% del PIB en 2024, equivalente a RD$105 mil millones.
Durante 2023 y 2024, el Gobierno también implementó subsidios excepcionales para mitigar los efectos inflacionarios, destinando RD$1,884 millones en 2023 y RD$1,731 millones en 2024 a alimentos derivados de la harina, como el pan y las pastas, y a la producción avícola. Estos apoyos, sin embargo, no forman parte de esquemas permanentes.
Exenciones y su impacto en la recaudación
Además de los subsidios directos, el Estado mantiene exenciones fiscales en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los combustibles. Estas medidas benefician a sectores como la generación eléctrica, las concesiones mineras y las zonas francas.
De acuerdo con el Informe de Gasto Tributario 2025, las exenciones del ISC se estiman en RD$13.1 mil millones para ese año y RD$13.7 mil millones para 2026, equivalentes al 0.16% del PIB y al 1.02% de los ingresos fiscales estimados. Estos montos representan aproximadamente el 3.5% del total del gasto tributario nacional.
Del total exonerado, el 56% corresponde a incentivos relacionados con el pago del ISC específico, y el 44% restante al ISC ad valorem. El mecanismo de devolución de impuestos a las generadoras eléctricas constituye el mayor gasto tributario dentro de esta categoría, con RD$7.1 mil millones, equivalentes al 0.08% del PIB.
Asimismo, se estima que las tasas diferenciadas del ISC aplicadas al gasoil y a las gasolinas implican una renuncia fiscal de RD$3.6 mil millones, mientras que la no indexación por inflación de los montos del impuesto genera una pérdida adicional de RD$2.1 mil millones.
Comparativamente, el sector turismo disfruta de exenciones fiscales por RD$14.7 mil millones en 2026, un 7% superior a las del ISC de combustibles. Dentro de este régimen, las concesiones mineras reciben RD$829 millones en exenciones y las zonas francas, RD$43 millones.
Según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)“Impuestos a los combustibles en la teoría y en la práctica” (2022), más de 150 países aplican impuestos sobre los combustibles, y solo Ecuador y Nigeria carecen de un impuesto selectivo.
En promedio, los tributos representan el 40% del precio final de la gasolina y el 37% del gasoil, reduciéndose a 32.9% y 28.3%, respectivamente, si se excluyen las economías avanzadas.
En Chile, los combustibles pagan un IVA del 19% y un impuesto selectivo con un componente base fijo y otro variable, que actúa como estabilizador de precios. En Uruguay, la gasolina paga un IVA del 22%, además del Impuesto Específico Interno (IMESI) y un tributo ambiental por emisiones de CO₂. El gasoil, en cambio, paga una tasa reducida del 10% de IVA y un aporte al transporte público.
En Centroamérica, los países aplican esquemas mixtos. Guatemala y El Salvador combinan IVA con impuestos específicos; Costa Rica y Panamá gravan con un impuesto único selectivo variable según el tipo de combustible; Nicaragua incluye una contribución vial; y Honduras cobra un impuesto destinado al patrimonio vial.
En promedio, los impuestos representan el 29% del precio de la gasolina y el 18% del gasoil en la región. En la República Dominicana, la carga tributaria es del 32% para la gasolina premium y del 22% para el gasoil, inferior a la de Chile y Costa Rica, pero superior a la de Uruguay.
La política de subsidios a los combustibles ha permitido estabilizar los precios internos frente a las fluctuaciones internacionales, aunque con un costo fiscal creciente. Si bien los montos asignados han disminuido respecto a 2022, su proporción en el PIB se mantiene en torno al 0.2%, sin considerar las pérdidas fiscales por exenciones.
En un contexto de limitaciones presupuestarias y presiones inflacionarias, el desafío del Estado dominicano será equilibrar la sostenibilidad fiscal con la protección social, evitando que los subsidios energéticos aunque populares comprometan los recursos destinados a otros sectores prioritarios.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó la rápida respuesta técnica que permitió restablecer el servicio eléctrico nacional en tiempo razonable, tras la avería ocurrida en la subestación San Pedro I, que provocó un apagón general la tarde del martes.
“Luego del evento no se generó ningún otro incidente en el sistema, lo que nos permitió avanzar rápidamente en el proceso de restablecimiento. Tomando en cuenta la complejidad del sistema, logramos completar el restablecimiento en un tiempo bastante rápido, siguiendo todos los protocolos establecidos”, explicó el ministro.
Agrego: “La rápida restauración del servicio muestra también un sistema robusto y maduro que asegura resiliencia frente a estas situaciones”.
El titular del MEM destacó la importancia de las plantas hidroeléctricas durante el proceso de recuperación, al señalar que fueron esenciales para reactivar el sistema.
“Las hidroeléctricas jugaron un papel fundamental, ya que proporcionaron la energía inicial necesaria para crear tensión en las líneas de transmisión y permitir la entrada gradual del resto de las unidades generadoras”, indicó Santos.
El ministro detalló que el proceso de reconexión debe hacerse de forma técnica y ordenada para garantizar la estabilidad del sistema.
“No es posible encender todas las plantas al mismo tiempo; debe seguirse una secuencia precisa que asegure la estabilidad y evite un nuevo apagón. Aun así, logramos restablecer la generación total a las 2:20 de la madrugada”, agregó.
Durante el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico, el ministro Joel Santos destacó el papel decisivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs), cuya labor conjunta fue fundamental para la recuperación total del sistema.
“La ETED asumió un rol protagónico en la revisión y normalización de las líneas de transmisión, restableciendo la estabilidad y sincronización del sistema interconectado, mientras que las EDEs desempeñaron una función clave en la coordinación del cierre de los circuitos y la reposición gradual del servicio a los usuarios. Esta articulación técnica y operativa entre las instituciones del sector permitió una recuperación ordenada, segura y eficiente, garantizando que la energía llegara nuevamente a los hogares y a la actividad productiva del país en el menor tiempo posible”, indicó.
Santos informó, además, que el Comité de Fallas del Organismo Coordinador se reunió y analizó la secuencia de hechos de la eventualidad ocurrida ayer, con el propósito de profundizar en las investigaciones técnicas, determinar las causas exactas del evento y fortalecer los protocolos de prevención. La próxima reunión está pautada para el viernes.
“Esperaremos los resultados de la investigación técnica, que será rigurosa y objetiva. Lo importante es aprender de este evento y reforzar las medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir”, subrayó el funcionario.
República Dominicana llevaba casi diez años sin experimentar un apagón general prolongado como el ocurrido este lunes 11 de noviembre, que paralizó el transporte público, afectó el comercio y, parcialmente, las telecomunicaciones en todo el territorio nacional.
De acuerdo con registros internacionales, en los últimos dos años varios países —entre ellos España, Portugal, Puerto Rico, Cuba, Chile y Nigeria— también han enfrentado apagones eléctricos a gran escala, lo que evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de energía incluso en naciones con infraestructuras avanzadas.
El apagón del 11 de noviembre en República Dominicana se suma a esta lista y subraya la urgencia de modernizar la red eléctrica nacional, incorporando tecnologías de respaldo y almacenamiento energético que permitan mitigar el impacto de futuras interrupciones masivas.
Estos incidentes han puesto de relieve la urgencia de fortalecer las redes de transmisión mediante sistemas de almacenamiento, respaldo y mayor redundancia, a fin de reducir el impacto de interrupciones masivas en el suministro eléctrico.
España y Portugal quedaron a oscuras durante el gran apagón eléctrico del 28 de abril.
España y Portugal – abril de 2025
Un informe preliminar de Entso-e, publicado el 3 de octubre de 2025, atribuyó el gran apagón que afectó a la península ibérica el 28 de abril a un problema de sobretensión en la red europea, lo que desató una cadena de desconexiones que dejó sin electricidad a decenas de millones de personas.
El corte interrumpió internet, telefonía, transporte ferroviario y pagos electrónicos, además de provocar el cierre de escuelas y comercios. España perdió cerca de 15 gigavatios de electricidad, el 60 % de su suministro, mientras que Portugal sufrió un impacto similar.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, descartó un ciberataque y atribuyó el fallo a errores técnicos y de planificación.
Puerto Rico – abril de 2025
Un apagón general dejó a 1.45 millones de personas sin electricidad y a más de 400,000 sin agua. La falla se originó en la línea de transmisión entre Cambalache y Manatí, un reflejo de las vulnerabilidades estructurales que persisten desde el huracán María (2017).
Cuba – 2024 a 2025
Desde octubre de 2024, Cuba ha sufrido múltiples apagones nacionales, resultado del envejecimiento de sus plantas generadoras, la falta de mantenimiento y la dependencia del combustible importado, factores que mantienen al país en una crisis energética crónica.
Chile – febrero de 2025
Más del 90 % de la población chilena fue afectada por un fallo en una línea de transmisión de 500 kV, que provocó desconexiones en cascada. Aunque se descartó un ciberataque, la baja redundancia del sistema facilitó la expansión del fallo a nivel nacional.
Nigeria – 2024
Durante julio y octubre de 2024, Nigeria enfrentó apagones masivos por fallas en generadores y limitaciones de gas natural, lo que evidenció la debilidad de su red eléctrica centralizada y la falta de mantenimiento preventivo.
Estos casos reflejan una tendencia mundial: incluso países con sistemas eléctricos avanzados son vulnerables a fallos en cascada, especialmente ante eventos climáticos extremos o problemas de transmisión
Recuento histórico en República Dominicana
En 2008 el país enfrentó una crisis eléctrica significativa, con cortes de entre 10 y 18 horas diarias entre mayo y noviembre, lo que generó protestas en varias provincias. Mientras que, entre 2000 y 2015, se registraron 13 apagones generales: cuatro entre 2000 y 2004, cinco entre 2004 y 2009, dos entre 2009 y 2012, y uno en 2015.
Aunque la frecuencia de estos eventos había disminuido en la última década, el reciente colapso volvió a poner sobre la mesa la fragilidad estructural del sistema eléctrico dominicano.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió este miércoles que aplicar de manera inmediata una indexación salarial —para ajustar los tramos del cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como proponen sectores de la oposición— provocaría una reducción de aproximadamente RD$2,000 millones en las recaudaciones fiscales cada mes.
“Si se hace de golpe, se pierden casi RD$25,000 millones de pesos. Entonces va a haber un problema fiscal. Tiene que ser gradual”, explicó el funcionario.
Durante un encuentro con periodistas, Díaz reconoció que la oposición “está jugando su rol” al reclamar que se elimine la congelación de la medida en la Ley de Presupuesto. Sin embargo, insistió en que cualquier modificación debe esperar la presentación de una reforma fiscal integral, la cual aún no tiene fecha definida.
“La oposición también fue responsable cuando le tocó gobernar: subió los impuestos en 2004, 2005, 2007, 2011 y 2012. Se hicieron seis reformas en doce años. Yo creo que los impuestos no se deben ver como una sola medida… Claro, es bien popular decir eso”, agregó.
El ministro reiteró que el tema de una reforma fiscal no ha sido presentado al presidente Luis Abinader y que el Gobierno mantiene reuniones permanentes con los sectores involucrados, en busca de un consenso amplio sobre las finanzas del Estado.
“Aquí ningún sector quiere ceder, y yo creo que eso es bastante injusto también. Al final, el Gobierno tiene que tomar la decisión que sea mejor para el país, y lo importante es que haya estabilidad”, sostuvo.
Díaz reconoció que el Estado necesita más ingresos para cumplir con sus compromisos financieros y ampliar la inversión pública, pero subrayó que cualquier medida debe aplicarse de manera “razonable y equitativa”.
Abierto al diálogo
El funcionario afirmó que el Ministerio de Hacienda está dispuesto a discutir el tema de la indexación salarial, siempre que se busque “un punto intermedio” que permita proteger las finanzas públicas sin afectar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el taller “Abordaje técnico y normativo del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana”, organizado por el Ministerio de Hacienda y Economía, en el marco de la Ley 155-17. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer las coberturas periodísticas sobre temas financieros y regulatorios.
En cambio, el 
