La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propuso que la modernización de la Ley Minera incorpore mecanismos de gobernanza para administrar y supervisar el 5 % de los beneficios netos que reciben los municipios donde operan proyectos extractivos, con el objetivo de garantizar que esos fondos se traduzcan en obras concretas y verificables para las comunidades.
La organización entiende que la discusión sobre la actualización del marco legal no debe limitarse únicamente al reconocimiento de esos recursos económicos, sino que debe enfocarse en establecer criterios de ejecución, fiscalización y priorización de inversiones comunitarias, de forma que el dinero no se diluya en gastos corrientes ni en decisiones discrecionales.
Camipe pide auditorías y vigilancia ciudadana
El director ejecutivo de Camipe, Martín Valerio, sostuvo que el principio de compensación territorial ya existe, pero insistió en que la reforma debe avanzar hacia un esquema más estructurado que garantice resultados medibles.
“El 5 % ya existe como principio de compensación territorial. Lo que necesitamos ahora es que la ley establezca una gobernanza clara para que esos recursos no se diluyan, sino que lleguen a obras prioritarias, auditables y verificables por las comunidades”, afirmó.
La propuesta del gremio contempla un modelo sustentado en planificación municipal, participación comunitaria, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y mecanismos de vigilancia ciudadana. Según la entidad, esto permitiría fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos y asegurar que las inversiones respondan a necesidades reales de los territorios impactados por la minería.
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Infraestructura, salud y agua entre las prioridades
Camipe plantea que los recursos derivados del 5 % minero se orienten a proyectos de infraestructura vial, agua potable, saneamiento, salud, educación, capacitación técnica y desarrollo productivo local, buscando que la actividad extractiva tenga un impacto directo sobre la calidad de vida de las comunidades.
Entre las prioridades específicas señaladas figuran la rehabilitación de caminos vecinales y carreteras secundarias, el fortalecimiento de centros educativos y sanitarios, además de iniciativas ambientales relacionadas con reforestación, manejo de cuencas y remediación territorial.
La entidad sostiene que el desarrollo de proyectos extractivos debe traducirse en beneficios visibles para las localidades donde opera el sector, especialmente tomando en cuenta el peso económico de la minería en la economía nacional.
Sector minero supera el 50 % de las exportaciones
De acuerdo con Camipe, el sector minero representa actualmente más del 50 % de las exportaciones nacionales y genera más de RD$45,000 millones anuales en ingresos fiscales. No obstante, el gremio considera que ese dinamismo económico debe reflejarse también en mejoras tangibles dentro de los municipios vinculados a la actividad extractiva.
En ese contexto, la organización entiende que la actualización de la legislación minera, vigente desde 1971, permitiría alinear el sector con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y Meta RD 2036, enfocados en el crecimiento sostenible y la reducción de brechas territoriales.
Por su parte, Roberto Despradel, CEO de Despradel & Asociados, señaló que la inversión extranjera vinculada al sector minero superó los US$260 millones el año pasado, según cifras del Banco Central, y consideró que un marco jurídico actualizado contribuiría a fortalecer la confianza y sostenibilidad de las inversiones.
Camipe reiteró que la reforma legal debe asumirse como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad, mejorar la gestión de los recursos naturales y asegurar beneficios sostenibles para las comunidades y el país.
