El economista José Luis de Ramón, presidente de la comisión científica que evalúa el Proyecto Minero Romero en San Juan, advirtió que en la República Dominicana persiste un vacío de decisión política para definir con claridad si el país apuesta por una minería moderna o si seguirá actuando como “un país de hippies mineros”.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el economista señaló que el origen de muchos de los conflictos alrededor de proyectos como Falcondo y Rosario no responde solo a fallos empresariales, sino también a contratos obsoletos, falta de supervisión estatal y deficiencias en la distribución de los recursos hacia las comunidades.
“Cuando el dinero entra al Estado no siempre termina donde debe ir”, expresó, al destacar la frustración acumulada en zonas mineras que no recibieron los beneficios prometidos.
Aunque reconoció errores históricos como renegociaciones mal llevadas, contratos enredados o empresas que abandonaron operaciones dejando pasivos ambientales también recordó experiencias positivas, como los proyectos comunitarios financiados por Gulf and Western en La Romana, donde sí existió un esquema de compensación tangible.
De Ramón insistió en que cualquier decisión sobre minería debe basarse en estudios científicos rigurosos y no en percepciones o “demonizaciones sin evidencia”. Recordó que la minería es una actividad contracíclica capaz de sostener economías en momentos de crisis, como ocurrió durante la pandemia del Covid-19.
Sostuvo que hoy existen mejores prácticas internacionales, impulsadas por organismos como el IFC del Banco Mundial, que obligan a altos estándares ambientales y sociales para cualquier proyecto extractivo serio. Sin embargo, el problema local sigue siendo la falta de institucionalidad que garantice contratos responsables y una distribución eficiente de los recursos.
Sobre la llamada “licencia social”, el economista explicó que no puede exigirse en etapas exploratorias en las que todavía no existe un plan técnico ni medidas de mitigación definidas. “La comunidad solo puede aceptar o rechazar un proyecto cuando conoce qué impacto tendrá y qué beneficios recibirá”, sostuvo.
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De Ramón planteó que el Gobierno asuma el liderazgo y conforme una comisión reducida de expertos geólogos, economistas, abogados, ambientalistas que produzca en 60 días un informe técnico que sirva de base para la discusión pública. Sugirió involucrar a la Academia de Ciencias, universidades, comunicadores y partidos políticos, pero advirtió que no se debe caer en comisiones numerosas “que no producen nada”.
El economista también pidió mayor claridad sobre las recientes manifestaciones en San Juan, sugiriendo investigar el origen de los recursos que han permitido movilizar personas de localidades lejanas. Afirmó además que la provincia enfrenta problemas estructurales que nada tienen que ver con la minería, como la pérdida masiva de agua: “De cada seis litros que circulan en San Juan, cinco se pierden”, dijo.
De Ramón concluyó que el país debe decidir si quiere o no desarrollar minería. “Ambas posiciones son legítimas”, afirmó. “Pero hay que asumirlas con evidencia, planificación y conciencia del costo económico que implica renunciar a esa actividad”.
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