República Dominicana continua dando pasos significativo hacia un futuro energético más sostenible. El país cuenta la Ley de Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales (Ley 57-07, de mayo de 2007), así como su Reglamento de aplicación (Decreto 202-08, de mayo de 2008). Estas medidas buscan, en pocas palabras, impulsar ese sector y hacerlo lucir “más atractivo”, más allá de su impacto medioambiental.
¿En qué consisten los incentivos fiscales?
Estos incentivos están diseñados para fomentar tanto la producción como el consumo de energías limpias, reduciendo las barreras financieras y promoviendo la inversión en este sector clave.
Una de las medidas destacadas es la exención del 100% en la importación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y todos los impuestos a la venta final sobre equipos y maquinaria utilizados en la producción de energías renovables, así como en los equipos de transformación, transmisión e interconexión de energía eléctrica. Esta exención busca reducir los costos asociados con la adquisición de equipos necesarios para la generación y distribución de energía renovable.
Además, se ha establecido una reducción del impuesto por concepto de pago de intereses por financiamiento externo, limitando este impuesto al 5% de acuerdo con el artículo 306 del Código Tributario. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a financiamiento externo para proyectos de energía renovable, haciéndolos más atractivos para los inversionistas.
Otro aspecto importante de los incentivos fiscales es el apoyo a los auto productores de energía renovable. Se otorgará hasta un 40% del costo de la inversión en equipos como crédito único al impuesto sobre la renta a los propietarios o inquilinos de viviendas, comercios e industrias que implementen sistemas de energía renovable para su autoconsumo energético privado.
Para fomentar el desarrollo de proyectos de energía renovable a pequeña escala destinados al uso comunitario, se ofrecerán fondos de financiamiento a tasas preferenciales para instituciones de interés social, como organizaciones comunitarias, asociaciones de productores y cooperativas registradas. Estos fondos cubrirán hasta el 75% del costo total de la obra y su instalación.
Finalmente, se establece que los certificados o bonos por reducción de emisiones, canjeables según el “Acuerdo de Kyoto”, derivados de proyectos de energía renovable, serán propiedad de los propietarios de dichos proyectos, brindándoles beneficios comerciales adicionales.
Estos incentivos fiscales representan un compromiso sólido por parte del gobierno dominicano para impulsar la adopción de energías renovables y avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible para el país.
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