Subsidios a la energía: cómo es el esquema de recorte que prevé el Gobierno de Argentina

EHPLUS, ARGENTINA.- El programa de ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo, tiene como pata fundamental la reducción de los subsidios al consumo de servicios públicos. La cuenta más abultada que paga el Estado proviene de las subvenciones en las tarifas de energía, un gasto que fue equivalente en 2023 a 1,5% del PBI, y es donde pasará buena parte de los recortes. Esta cuenta sumó USD 150.000 millones en los últimos 20 años, según la estimación de Alejandro Einstoss.

La consecuencia directa de la eliminación de ese cargo para las finanzas públicas será un impacto en el bolsillo de los usuarios a partir de los aumentos que se anticipan para las boletas de electricidad y de gas.

El diagnóstico sectorial del Gobierno fue expuesto en la última semana por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados durante el debate por la ley ómnibus. “Es alarmante: está desinvertido, desfinanciado y con riesgo de abastecimiento”, advirtió el funcionario quién también defendió la desregulación de los precios en el sector. Entre las empresas la visión es similar.

Por otro lado, dos de cada tres consumidores pagan menos del 10% del costo real de las facturas y reciben un servicio que en épocas de alta demanda, sobre todo en la luz, es deficiente. En paralelo, los ingresos acumularon seis años ininterrumpidos de caídas, con la inflación más alta en tres décadas, y la pobreza finalizó 2023 en torno al 45 por ciento.

La herencia

El kirchnerismo comenzó en 2003 una política tarifaria en el precio que pagaba la demanda que llevó a que creciera por debajo de los costos de la energía, según explicó a Infobae el economista del Instituto Argentino de la Energía (IAE), Alejandro Einstoss. En el marco de la salida del estallido de 2001, la visión de esa política tenía como premisa que de esa manera habría mayor ingreso disponible de las familias para otro tipo de consumos.

El efecto sobre las cuentas públicas y la macroeconomía del país no fueron positivos, según lo revelaron las estadísticas oficiales.

El último cambio en los subsidios se dio con la segmentación tarifaria que comenzó en 2022, aunque al gobierno anterior le llevó feroces internas llegar a una quita sobre de la asistencia a los sectores de mayores ingresos.

Los cálculos de Einstoss arrojaron que, finalizado 2023, en los últimos 20 años el déficit de balanza comercial trepó al equivalente de casi USD 36.000 millones y los subsidios energéticos acumularon USD 150.000 millones. Este último ítem tuvo una relación directa para explicar los sucesivos déficit fiscal primario, los cuales se financiaron con deuda o emisión de pesos por parte del Banco Central.

Los números del economista del IAE además van en línea con los que expuso durante la audiencia pública del gas el asesor del Ministerio de Economía y ex miembro de la consultora Anker Latinoamérica que había fundado el ministro Caputo, Martín Vauthier.

Las estimaciones que maneja el Palacio de Hacienda arrojaron que los subsidios a la energía representaron 1,5% del PBI en 2023, una baja respecto a los 2 puntos del 2022 y 2,3% del PBI en 2021. En 2019 el monto era equivalente a 1% del PBI en el final del gobierno de Mauricio Macri y en 2020 saltó a 1,8% del PBI, ya en la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

Vauthier resaltó que estas erogaciones representaron el año pasado la mitad del déficit fiscal primario tras la aplicación de la segmentación, mientras que en 2022 habían sido el 83,3% y en 2021 el 74,1% de ese rojo. Además, apuntó que en 2023 esas partidas fueron cuatro veces superiores al gasto en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sumó 0,4% del PBI.

El Gobierno busca una reducción de 0,5 puntos del PBI en los subsidios a la energía, mientras que buscarán cortar 0,2 puntos en transporte público. “La idea es eliminarlos gradualmente en un plazo de tres años”, afirmó recientemente el ministro de Economía. Para eso proponen que los usuarios paguen el costo de generación del gas y la electricidad, mientras que diseñan un nuevo esquema de subvenciones.

Actualmente, la segmentación contempla tres universos de usuarios pero determinados por la Canasta Básica Total (CBT) del Indec: los N1 (ingresos altos) que pagan tarifa plena por tener un ingreso mayor a 3,5 CBT, N2 ( ingresos bajos) con tarifa social y N3 (ingresos medios) que mantienen asistencia hasta determinado consumo y pagan pleno por el excedente.

“Está mal conceptualmente, el Estado tiene que ayudar a través de los subsidios a las personas que por razones de sus bajos ingresos no pueden pagar el costo del suministro”, afirmó Chirillo en la Cámara baja.

La Secretaría de Energía trabaja en un nuevo esquema que presentará próximamente en audiencia pública para comenzar a aplicarse en abril. El mismo se basará en una “canasta básica energética” que sume la necesidad de consumo de electricidad y gas mensual, pero que además tenga en cuenta los tipos de consumo por región. “El subsidio que otorgará el Estado será cuando el precio de la canasta básica energética supera un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente”, informaron.

“Lo veo más difícil y ambicioso que la segmentación actual. Porque le suma ingreso, consumo y la variable territorial. Hay que ver el diseño de esa política. Por lo que anticiparon la Secretaría de Energía debería manejar datos para dar un subsidio casi personalizado para cada hogar”, comentó Einstoss.

En el corto plazo el Gobierno buscará que los usuarios comiencen a pagar el costo de generación del gas con aumentos escalonados en ese concepto de la factura en febrero, marzo y abril. Si se suma esa recomposición al pedido de las empresas encargadas del transporte y la distribución, los incrementos pueden acumular 700% en ese período.

Para la electricidad la situación es similar: dos de cada tres hogares pagan 9% o menos del costo de generación, por lo que recomponer ese ítem de la boleta representa un salto de 15 veces en ese concepto. Transportistas y distribuidores pedirán también actualizaciones frente al congelamiento que impuso el Gobierno anterior.