La Asociación de Suplidores de Materiales Santo-Eléctricos (ASUME), ratificó su respaldo decidido a todas las acciones y medidas dispuestas por las direcciones de Aduanas e Impuestos Internos del país, dirigidas a mantener la integridad del mercado y a garantizar un entorno comercial equitativo y justo.
De acuerdo con el presidente de Asume, Pedro Fernández, las recientes intervenciones ejercidas por estos organismos de disponer el cierre de negocios tras detectar la comisión de serias irregularidades en términos de perjurio fiscal, crea un precedente saludable en el ordenamiento competitivo nacional.
“Desde hace tiempo en Asume venimos desplegando ingentes esfuerzos a través del mercado en que operamos, en procura de lograr reglas de juego más transparentes, equitativas y que promuevan la calidad en todos los eslabones del sector eléctrico nacional”, señaló.
Apuntó que esa organización está comprometida con la aplicación rigurosa de la ley para mantener la integridad del mercado y fomentar un ambiente de igualdad de condiciones para todos, subrayando la importancia de ejercer buenas prácticas comerciales como fundamento para un sector saludable y competitivo a largo plazo.
“De ahí que saludamos estas medidas regulatorias dirigidas a erradicar prácticas desleales, sin discriminación por el origen de los productos o las nacionalidades de los comerciantes implicados, y exhortamos a todos los actores del mercado a adherirse a las regulaciones vigentes con transparencia y respeto, garantizando así un entorno comercial equitativo”, acentúo el presidente de Asume.
Las direcciones de Impuestos Internos y Aduanas llevan a cabo una estrategia de fiscalización de comercios de procedencia china que han violentado las leyes tributarias, con la falta de emisión de facturas con comprobante fiscal, ocultamiento de información, transacciones bancarias millonarias y, en algunos casos, la falta de datos de todas sus actividades de comercio.
En tres días, las autoridades habían clausurado once negocios en Santo Domingo y Santiago. Según el último reporte emitido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la defraudación abarca a otros 22 comercios asiáticos que mantienen en investigación para ser judicializados y unas 800 medidas conservatorias.
En nota de prensa, la entidad recaudadora indicó que algunos de los comercios clausurados no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos.
Recibe nuestras noticias por correo
