Santo Domingo.– Empresas dominicanas generaron intenciones de negocios por US$3,678,745 durante su participación en tres ferias comerciales realizadas en julio en Trinidad y Tobago y Estados Unidos, como parte de la estrategia de ProDominicana para ampliar las oportunidades de exportación y posicionar la oferta nacional en mercados internacionales.
La participación incluyó la Trade & Investment Convention (TIC) 2026, en Trinidad y Tobago; Cosmoprof Las Vegas 2026, especializada en la industria de la belleza; y la NSA Trade Show 2026, enfocada en el sector de supermercados independientes de la costa este estadounidense.
El resultado, de acuerdo con ProDominicana, refleja el interés de compradores internacionales en productos dominicanos y abre oportunidades para ampliar la presencia de empresas nacionales en mercados considerados estratégicos para las exportaciones.
La agenda comenzó con la Trade & Investment Convention (TIC) 2026, celebrada en el Centre of Excellence, en Trinidad y Tobago, una plataforma que reunió a fabricantes, exportadores, compradores e inversionistas de más de 35 países.
Posteriormente, empresas dominicanas participaron en Cosmoprof Las Vegas 2026, en el Mandalay Bay Convention Center, donde presentaron productos vinculados con el cuidado capilar, cuidado personal y cosméticos, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado internacional de la belleza.
En esta feria participaron Laboratorio Capilo Español, Halka Industrial, Avacare, Inversiones y Negocios, S.A., Laboratorios Dr. Collado, Laboratorios Lemuel, Importadora Fernández García Tejada y Bahaily Natural Products, con líneas orientadas al cuidado del cabello, cuidado corporal, cosméticos especializados y productos elaborados con ingredientes naturales.
La agenda internacional concluyó con la participación dominicana en la NSA Trade Show 2026, realizada en el Meadowlands Exposition Center, en Secaucus, Nueva Jersey, una plataforma comercial dirigida al sector de supermercados independientes de la costa este de Estados Unidos.
En esta misión participaron Agrolácteos Imanfa, Vencor Group, Sancler, Sylvan Foods, Café Santo Domingo, Todus, Jomisardys y Delimix, que presentaron una oferta integrada por habichuelas, galletas, productos de belleza, alimentos congelados de valor agregado y café.
La participación en estas tres plataformas comerciales permitió a las empresas dominicanas exponer su oferta ante compradores y actores de distintos mercados, dentro de una estrategia dirigida a ampliar las oportunidades de negocios y fortalecer la internacionalización de las empresas nacionales.
Santo Domingo. – Los dominicanos volvemos a recibir una noticia conocida: suben los combustibles y el Gobierno anuncia, al mismo tiempo, que está realizando un enorme sacrificio para evitar que suban todavía más.
Para esta semana, la gasolina regular y el gasoil regular aumentaron otros RD$3.00 por galón, mientras el Gobierno afirma destinar RD$1,087.9 millones adicionales para contener parcialmente los precios.
El problema no es únicamente cuánto suben. El problema es que los dominicanos no disponemos de información suficientemente clara, verificable y comprensible para determinar cuánto cuesta realmente importar los combustibles, cuánto corresponde a impuestos y márgenes y cuánto del llamado “subsidio” constituye realmente un desembolso o sacrificio fiscal.
Y esta discusión no la ha inventado la oposición. El Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha solicitado una auditoría técnica al procedimiento utilizado para fijar semanalmente los precios y ha señalado posibles distorsiones en el Precio de Paridad de Importación (PPI). Sus análisis han cuestionado que determinadas diferencias presentadas como subsidios constituyan necesariamente transferencias fiscales en el sentido convencional.
Antonio Ciriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, también ha advertido sobre aspectos del PPI que merecen mayor transparencia, desde el precio internacional de referencia hasta componentes de la estructura de costos cuya razonabilidad resulta difícil verificar públicamente.
Por eso el debate no debería reducirse a creerle al Gobierno o creerle a sus críticos. La respuesta correcta es abrir las cuentas.
¿Cuál fue el precio efectivo de compra? ¿Cuánto costaron flete, seguro y financiamiento? ¿Cuáles fueron los márgenes reconocidos? ¿Cuánto se recaudó en impuestos? ¿Cuál habría sido exactamente el precio semanal sin intervención del Gobierno? ¿Cuánto dejó de recaudar el Estado y cuánto dinero efectivamente desembolsó?
Y hay una pregunta adicional: ¿los precios a los que se adquieren los combustibles se corresponden realmente con las condiciones del mercado internacional o existe alguna distorsión en el proceso de compra?
La transparencia no debe comenzar solamente en la fórmula. Debe comenzar en la compra.
Hoy existen empresas privadas que también importan combustibles y compiten en el mercado dominicano. Sin violentar información comercial confidencial, esos precios y costos pueden servir como referencia para evaluar la eficiencia de las adquisiciones de Refidomsa y determinar si eventuales diferencias responden a volumen, calidad, financiamiento, logística u otras razones justificables. No basta con saber si el PPI está bien calculado. También debemos saber si el precio sobre el cual comenzamos a calcularlo es competitivo.
Y esto no debería ser una concesión política. Es una obligación pendiente de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La Ley 1-12 estableció desde 2012 como objetivo garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, competitivo y ambientalmente sostenible. Y fue todavía más específica: dispuso “revisar y transparentar el mecanismo de cálculo del precio de los combustibles”.
Han transcurrido catorce años. Si todavía discutimos qué contiene realmente el PPI y cuánto representa el verdadero esfuerzo fiscal semanal, tenemos una tarea institucional pendiente. Pero transparentar los precios es apenas el comienzo. Si existe un subsidio real, debemos preguntarnos también a quién estamos subsidiando. No tiene el mismo impacto económico proteger el combustible utilizado por el transporte público, el transporte de alimentos, la producción agropecuaria y determinadas actividades productivas que subsidiar indiscriminadamente el consumo de todo el parque vehicular.
Una política inteligente debería concentrar cualquier mecanismo de estabilización prioritariamente donde una subida del combustible se convierte rápidamente en inflación: transporte colectivo, carga, producción agrícola y cadenas esenciales de distribución. Focalizar permite proteger mejor a quienes realmente lo necesitan utilizando menos recursos públicos. Sin embargo, incluso un subsidio perfectamente transparente y focalizado seguiría siendo una solución coyuntural.
La verdadera pregunta es otra: ¿qué estamos haciendo para necesitar menos petróleo importado dentro de diez o veinte años?
También aquí la END fue clara. La Ley 1-12 ordenó promover la producción local y el uso sostenible de biocombustibles, particularmente en el transporte, precisamente para reducir la dependencia de las importaciones. Pero existe algo todavía más importante: el país no necesita comenzar creando el marco jurídico. Ya lo tiene. Desde 2007, la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales estableció las bases legales para desarrollar los biocombustibles en República Dominicana. La legislación reconoce el bioetanol y el biodiésel, contempla incentivos para equipos destinados a su producción y su reglamentación establece mecanismos para mezclar alcoholes carburantes y biodiésel con los combustibles fósiles, bajo estándares de calidad y porcentajes determinados por las autoridades competentes. Es decir, hace casi dos décadas el país creó instrumentos legales para comenzar a sustituir parcialmente combustibles importados por energía producida aquí.
No estamos, por tanto, ante una idea que requiera inventar desde cero instituciones, legislación o incentivos. Tenemos la Ley 57-07. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos instituciones responsables de ejecutarlas. Lo que ha faltado es convertir ese marco jurídico en una política sostenida de desarrollo de biocombustibles.
República Dominicana posee caña de azúcar, experiencia histórica en destilación, producción de palma africana y residuos agrícolas y agroindustriales que pueden ser evaluados como materias primas energéticas. Incluso el sargazo, hoy un importante pasivo ambiental para nuestras costas y el turismo, merece investigación sobre sus posibilidades de aprovechamiento energético.
Otros países llevan años recorriendo ese camino. Brasil avanzó hasta mezclas E30 en gasolina y B15 en diésel; Colombia utiliza mezclas de etanol y biodiésel, e Indonesia ha llevado mucho más lejos el uso de biodiésel de palma. No son modelos para copiar mecánicamente, pero demuestran que la política de combustibles también puede convertirse en política industrial, agrícola y de seguridad energética.
Nuestro punto de partida debe ser prudente. Podríamos evaluar técnicamente una transición gradual hacia mezclas como E10 en las gasolinas y B5 en el diésel, condicionada a estudios de compatibilidad vehicular, disponibilidad sostenible de materias primas, costos, impacto ambiental y capacidad productiva nacional.
El bioetanol podría abrir una nueva demanda para la agroindustria cañera. El biodiésel permitiría evaluar el aprovechamiento de palma africana, aceites residuales y otras materias primas nacionales. Alrededor de estas alternativas podrían desarrollarse inversión, empleos rurales, investigación, innovación y nuevas cadenas industriales.
Y cada galón que podamos producir competitivamente en territorio dominicano representa una fracción menos de vulnerabilidad frente a guerras, crisis geopolíticas, interrupciones logísticas y aumentos internacionales del petróleo.
El objetivo no puede ser subsidiar eternamente nuestra dependencia. Debe ser reducirla.
Por eso, la discusión de estas semanas ofrece una oportunidad. El Gobierno debe transparentar completamente el cálculo del PPI y las condiciones de adquisición de los combustibles, y permitir una auditoría técnica independiente. Debemos determinar cuánto existe de subsidio efectivo, cuánto de sacrificio fiscal y cuánto de carga tributaria. Y cualquier mecanismo de protección debe focalizarse progresivamente hacia los hogares, el transporte y los sectores productivos que realmente lo necesitan.
Simultáneamente, debemos comenzar a ejecutar una política nacional de biocombustibles, gradual y técnicamente sustentada, que convoque a universidades, productores, industria, transportistas, inversionistas y organismos reguladores.
No necesitamos otra ley para comenzar. Necesitamos hacer funcionar las que ya tenemos. La Ley 57-07 creó desde 2007 buena parte del marco jurídico. La END estableció desde 2012 el mandato de transparentar los precios, diversificar el suministro y promover los biocombustibles para disminuir nuestra dependencia externa. Catorce años después de la END —y casi veinte después de la Ley 57-07— seguimos discutiendo el precio de cada viernes.
Quizás ha llegado el momento de dejar de administrar solamente la crisis de la próxima semana y comenzar a construir la seguridad energética de la próxima generación.
El gas natural se consolidó como la principal fuente de generación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) durante mayo de 2026, al aportar 40% de la electricidad producida en el país, según el Boletín de Generación y Gestión de Energía elaborado por el Viceministerio de Energía Eléctrica.
Durante el período analizado, el sistema generó 2,199 gigavatios-hora (GWh) para atender la demanda nacional, mediante una combinación de tecnologías térmicas y renovables.
Carbón y fuel oil completan las principales fuentes de generación
Después del gas natural, las centrales a carbón mineral representaron el 19% de la generación eléctrica, equivalentes a 418 GWh, consolidándose como la segunda fuente de mayor aporte al sistema.
En tercer lugar se ubicaron las plantas que utilizan fuel oil No. 6, con 303 GWh, equivalentes al 14% de la electricidad generada durante el mes.
Las centrales solares fotovoltaicas aportaron 267 GWh, lo que representó 12% de la generación nacional, mientras que los parques eólicos y las centrales hidroeléctricas contribuyeron con 152 GWh y 151 GWh, respectivamente, para una participación individual del 7%.
Por su parte, la biomasa registró una producción de 19 GWh, equivalente al 0.87% del total generado.
Los ciclos combinados lideran la producción por tecnología
Al clasificar la generación por tecnología, el informe muestra que las centrales de ciclo combinado encabezaron la producción eléctrica del país con 713 GWh, equivalentes al 32% de toda la energía generada en mayo.
En segundo lugar figuraron los motores de combustión interna, responsables de 460 GWh, para una participación del 21%.
Las turbinas de vapor, categoría que incluye la central San Pedro Bio Energy, generaron 438 GWh, representando el 20% del total.
Las tecnologías renovables también mantuvieron una participación relevante. Los parques solares fotovoltaicos aportaron 267 GWh (12%), mientras que la energía eólica y la hidroeléctrica registraron 152 GWh y 151 GWh, respectivamente, con una participación de 7% cada una.
Las turbinas de gas en ciclo abierto ocuparon la última posición con 18 GWh, equivalentes al 0.81% de la generación mensual.
El sistema mantiene una matriz diversificada
Los datos del boletín evidencian que el gas natural continúa siendo el principal soporte de la generación eléctrica nacional, mientras que el carbón y el fuel oil mantienen un peso importante dentro de la matriz de generación.
Al mismo tiempo, las fuentes renovables —solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa— aportaron cerca del 27% de la electricidad producida durante mayo, reflejando la contribución de estas tecnologías dentro del abastecimiento energético del SENI, aunque las tecnologías térmicas siguen concentrando la mayor parte de la producción nacional.
Santo Domingo.– El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, planteó que el Gobierno debe focalizar los subsidios, ante la presión que el comportamiento de los combustibles y sus efectos sobre la inflación ejercen sobre las finanzas públicas.
El dirigente empresarial consideró que los subsidios generalizados representan una carga para el Estado y pueden terminar reduciendo su capacidad para destinar recursos a la inversión, por lo que sostuvo que durante los dos años restantes de la actual administración debe revisarse la forma en que se están utilizando estos recursos.
“Así que, lo hemos dicho desde el principio, el gobierno tiene el reto de focalizar los subsidios. Los subsidios generalizados son incosteables y realmente ponen una presión en las finanzas públicas que realmente van después a debilitar su capacidad de inversión”, manifestó.
Marranzini señaló que el contexto internacional mantiene una presión importante sobre las cuentas públicas, con los combustibles como uno de los factores que inciden tanto en el gasto como en el comportamiento de la inflación. Desde su perspectiva, una política de subsidios más focalizada permitiría reducir esa presión y preservar mayores recursos para otras prioridades del Estado.
El presidente del Conep también planteó que los recursos adicionales obtenidos mediante las recientes medidas fiscales deben traducirse en una mayor capacidad de inversión pública. En ese sentido, sostuvo que el incremento de los ingresos del Estado debe reflejarse en la ejecución de obras necesarias para el desarrollo del país, al tiempo que consideró necesario contener el crecimiento de la nómina pública.
“Si no se sigue profesionalizando, si no se sigue implementando el pacto eléctrico, no hay forma de reducir ese déficit que cada vez crece más”.
“Hemos visto un aumento en la inversión y en eso es lo que esperamos. Que estos recursos adicionales que se están recaudando de la última reforma fiscal, pues realmente vayan a la inversión pública, a la construcción de obras que necesita el país para desarrollarse, frizar la nómina pública”, dijo.
Su planteamiento contempla, por tanto, que una parte importante de los recursos que actualmente se destinan a cubrir presiones fiscales pueda ser orientada hacia proyectos de inversión, en lugar de incrementar el gasto corriente.
Sector eléctrico, otra prioridad energética
Dentro de las prioridades planteadas por Marranzini también figura el sector eléctrico, particularmente la necesidad de continuar las inversiones en las empresas distribuidoras y avanzar en la aplicación del Pacto Eléctrico.
El presidente del Conep consideró que el déficit del sector continúa representando uno de los principales desafíos para las finanzas públicas y que su reducción requiere mantener los esfuerzos de inversión y las reformas pendientes. “Y seguir invirtiendo en las distribuidoras y aplicar el pacto eléctrico, que realmente es un reto de un gobierno, pero también un reto del liderazgo político”, expresó durante una entrevista en El Matutino 11.
Marranzini sostuvo que la transformación del sector eléctrico también depende de continuar su profesionalización y de aplicar las medidas contempladas en el Pacto Eléctrico. A su juicio, mientras estas reformas no avancen, será difícil contener el déficit que genera el sistema y que continúa representando una presión para las cuentas públicas.
“Si no se sigue profesionalizando, si no se sigue implementando el pacto eléctrico, no hay forma de reducir ese déficit que cada vez crece más”, indicó.
Los planteamientos de Marranzini colocan los subsidios a los combustibles y el déficit eléctrico entre los temas que requieren atención dentro de la gestión de las finanzas públicas, al tiempo que los vincula con la capacidad del Estado para aumentar la inversión.
El dirigente empresarial considera que la política de subsidios debe ser revisada para evitar que las ayudas generalizadas continúen ejerciendo presión sobre los recursos públicos, mientras que en el sector eléctrico entiende necesario mantener las inversiones, profesionalizar las distribuidoras y aplicar las medidas pendientes del Pacto Eléctrico.
Marranzini hizo estos planteamientos al ser consultado sobre las medidas económicas que el empresariado considera prioritarias para los dos años que restan de la administración del presidente Luis Abinader, entre ellas la focalización de subsidios, la contención del crecimiento de la nómina pública y una mayor orientación de los recursos hacia la inversión.
Santo Domingo.– Una estación de servicio en Argentina está utilizando un sistema de almacenamiento con baterías para reducir los picos de demanda eléctrica y, con ello, disminuir la potencia que debe contratar con la distribuidora. La experiencia pone el foco en una tecnología conocida como peak shaving, que busca convertir las baterías en una herramienta para controlar costos, además de utilizarlas como respaldo energético.
De acuerdo con datos publicados por Surtidores, el sistema parte de una situación que puede presentarse en estaciones que incorporan equipos de alto consumo: el establecimiento puede mantener una demanda eléctrica relativamente baja durante la mayor parte de la jornada, pero registrar incrementos importantes durante períodos muy breves.
En una estación de servicio con venta de combustibles líquidos y tienda de conveniencia, por ejemplo, el consumo puede situarse entre 25 y 30 kW. Sin embargo, la incorporación de gas natural comprimido (GNC) cambia el perfil de demanda, debido al funcionamiento de los compresores, que puede elevar el requerimiento hasta 115 o 120 kW durante aproximadamente cinco minutos y varias veces a lo largo del día.
La lógica del peak shaving consiste en evitar que esos máximos ocasionales determinen toda la capacidad que el operador debe contratar. Para ello, la estación acuerda con la distribuidora un nivel de potencia inferior y utiliza un banco de acumuladores cuando la demanda supera el límite establecido.
Sebastián Dolce, gerente de Global Oil SRL, explicó a Surtidores que el objetivo del sistema es precisamente reducir la potencia contratada, debido al peso que este componente puede tener dentro de la facturación eléctrica.
La alternativa, según el planteamiento presentado, permitiría establecer un contrato cercano a los 50 kW y reservar la energía almacenada para los momentos en que el compresor de GNC eleva la demanda.
El sistema debe estar preparado no solo para entregar energía cuando se produce el pico, sino también para recuperar posteriormente la carga de las baterías. Cuando el consumo de la estación se mantiene por debajo del límite contratado, el excedente disponible puede utilizarse para recargar los acumuladores y dejarlos disponibles para el siguiente episodio de alta demanda.
La aplicación de esta tecnología ya fue realizada en una estación Puma de Global Oil, ubicada junto al puente carretero entre Neuquén y Cipolletti, en Argentina. La instalación fue configurada para impedir que la red eléctrica pública provincial entregue más de 60 kW al establecimiento. Cuando la demanda supera ese nivel, el sistema de almacenamiento entra en funcionamiento mediante la electrónica de potencia y aporta la energía necesaria para cubrir la diferencia.
De acuerdo con Dolce, la configuración permitió eliminar los picos de demanda que llegaban a la red. En este caso, la energía que excede los 60 kW establecidos es suministrada por las baterías.
El ejecutivo señaló que la solución no puede determinarse de manera uniforme para todas las estaciones de servicio. Antes de realizar la inversión es necesario conocer el comportamiento eléctrico específico de cada establecimiento.
La cantidad de almacenamiento requerida dependerá, entre otros factores, del tipo de compresor utilizado, la cantidad de veces que se producen los picos durante el día y cuánto tiempo permanece elevada la demanda.
Para determinar esas condiciones se realiza previamente una medición mediante un analizador de red, herramienta que permite identificar los períodos de mayor exigencia y establecer cuánto deberá aportar el banco de baterías durante cada intervención.
“Cada Estación de Servicio consume distinto. También hay varios tipos de compresores de GNC y hay que emparejarlos con la tecnología disponible al momento de hacer el presupuesto”, sostuvo Dolce.
La velocidad de las baterías es clave
La capacidad de responder rápidamente ante cambios bruscos de demanda es otro de los elementos centrales del sistema. Las baterías de litio pueden entregar y recuperar energía con rapidez, una característica necesaria cuando el aumento de potencia se produce de manera repentina.
En la instalación ubicada en Neuquén se emplearon inversores y equipos de electrónica de potencia de la empresa alemana SMA, además de baterías de alta tensión de la marca Sandoda. El proyecto fue desarrollado por Argenwer SRL y estuvo a cargo de tres ingenieros. Sin embargo, reducir la potencia contratada también implica asumir una condición: la estación debe evitar superar el límite acordado con la distribuidora.
Si el sistema de almacenamiento no logra cubrir un pico y el establecimiento demanda una potencia superior a la contratada, la distribuidora podría exigir nuevamente una ampliación de la capacidad.
Dolce advirtió que esta situación puede generar una dificultad adicional si, durante el período en que la estación redujo su contrato, la capacidad que quedó disponible fue asignada a otros usuarios conectados al mismo transformador.
Por esta razón, señaló que los equipos utilizados para el peak shaving deben ofrecer un alto nivel de confiabilidad, ya que una falla que provoque un exceso sobre la potencia contratada podría obligar al operador a volver a solicitar una capacidad mayor.
El ahorro potencial está directamente relacionado con cuánto puede reducirse la potencia contratada, pero esa reducción también determina la capacidad de almacenamiento que deberá instalarse. Cuanto más bajo sea el límite establecido con la distribuidora frente a los picos habituales de consumo, mayor será el esfuerzo que tendrá que realizar el banco de baterías para cubrir esos momentos sin superar la potencia acordada.
Por ello, el cálculo del tamaño adecuado del sistema se convierte en uno de los principales desafíos antes de ejecutar la inversión. “Lo más arduo para calcular es el tamaño del banco de baterías y cómo emparejarlo con las alternativas comerciales que hay”, explicó Dolce.
La decisión, por tanto, no se limita a determinar cuánto cuesta instalar baterías. También requiere establecer cuál es el nivel de potencia que económicamente conviene contratar y qué capacidad de almacenamiento resulta necesaria para sostener la operación bajo ese límite.
El interés por este tipo de soluciones podría aumentar a medida que las estaciones de servicio incorporen nuevos equipos eléctricos. El GNC ya representa una fuente importante de variaciones en la demanda debido a los compresores de alta potencia. A esto podría sumarse la instalación de cargadores rápidos para vehículos eléctricos, capaces de incrementar todavía más los requerimientos instantáneos de electricidad.
En ese escenario, el almacenamiento energético dejaría de tener como única función servir de respaldo ante interrupciones del suministro. La experiencia argentina muestra otra posibilidad: utilizar las baterías para administrar los picos de consumo y reducir la capacidad que una estación necesita contratar con la distribuidora.
El objetivo final es que el establecimiento pueda mantener su operación habitual sin tener que pagar permanentemente por una capacidad diseñada para cubrir demandas que solo se presentan durante unos pocos minutos.
Para Dolce, el punto clave está en determinar si las baterías pueden pasar de ser una solución energética a convertirse en una herramienta que contribuya directamente a mejorar la rentabilidad de las estaciones de servicio.
Los precios internacionales de los combustibles continúan siendo uno de los principales determinantes del costo de generación de electricidad en República Dominicana, debido a su influencia directa sobre las centrales térmicas que abastecen el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Así lo establece el Boletín de Generación y Gestión de Energía correspondiente a mayo de 2026, elaborado por el Viceministerio de Energía Eléctrica, el cual analiza la evolución de las principales materias primas utilizadas por las empresas generadoras que participan en el mercado eléctrico dominicano.
Mercados internacionales marcan la evolución de los combustibles
El documento compara los precios promedio registrados en mayo de 2026 frente al mismo mes de 2025, utilizando información publicada por S&P Global, a través de la revista Platts US MarketScan, y por CME Group.
De acuerdo con el boletín, las cotizaciones internacionales de los combustibles están sujetas a factores geopolíticos, las condiciones climáticas y la estacionalidad, variables que afectan de forma significativa los mercados de futuros y, en consecuencia, el costo de las materias primas empleadas para la generación de electricidad.
El informe precisa que estas variaciones repercuten sobre la cadena de valor del sector eléctrico, debido a que combustibles como el gas natural, el carbón mineral y los derivados del petróleo constituyen insumos esenciales para una parte importante del parque de generación nacional.
El SENI prioriza las centrales con menor costo variable
El boletín también explica que la operación del SENI se basa en el análisis del Costo Variable de Producción (CVP) de las centrales térmicas, indicador que incorpora tanto el costo del combustible entregado en las plantas como los consumibles requeridos durante el proceso de generación.
Con base en ese criterio, las unidades generadoras son ordenadas de menor a mayor costo variable, con el objetivo de abastecer la demanda eléctrica al menor costo posible, sin comprometer la estabilidad operativa del sistema.
Según el documento, este mecanismo permite optimizar el despacho económico de las centrales térmicas, garantizando una operación eficiente del sistema eléctrico nacional.
Costos buscan optimizar la operación del sistema
El informe señala que los costos variables constituyen uno de los principales parámetros para definir el orden de entrada de las plantas de generación durante la programación diaria del sistema.
En ese sentido, el Viceministerio de Energía Eléctrica indica que el despacho económico busca equilibrar eficiencia operativa, seguridad del suministro y costos de generación, tomando en consideración la evolución de los precios internacionales de los combustibles y la disponibilidad de las distintas tecnologías presentes en el SENI.
Santo Domingo.– La cartera de tarjetas de crédito registró un crecimiento de 203 % entre 2017 y 2025, al pasar de unos RD$49,000 millones a más de RD$130,000 millones, una expansión que ha ganado terreno entre los trabajadores de menores ingresos.
El economista Francisco Tavárez advirtió que, para este segmento de la población, las tarjetas han dejado de ser utilizadas únicamente para compras puntuales y se han convertido cada vez más en un recurso para completar los ingresos y cubrir gastos habituales del hogar.
El planteamiento forma parte de un estudio realizado desde el Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que analiza la evolución del crédito privado y el comportamiento de las tarjetas de crédito entre los trabajadores dominicanos.
Tavárez señaló que la expansión del crédito mediante tarjetas ha sido superior tanto al crecimiento de los salarios como al ritmo de expansión de la economía durante esos años. Aunque el aumento de la cartera puede reflejar una mayor utilización de productos financieros, el economista llamó la atención sobre quiénes están accediendo a ese financiamiento y, especialmente, sobre el destino que le están dando.
Durante una entrevista en El Despertador, Tavárez explicó que las cifras generales de morosidad pueden ofrecer una imagen distinta a la que aparece cuando los datos se separan por nivel de ingresos. La morosidad general de las tarjetas se encuentra por debajo del 3%, pero entre quienes perciben salarios de RD$12,500 a RD$25,000 mensuales, el indicador puede ser entre cuatro y cinco veces mayor que el promedio. Para el economista, esta diferencia demuestra la necesidad de observar el comportamiento del crédito por segmentos y no únicamente mediante indicadores generales.
Otro dato presentado durante la entrevista apunta a que el 63 % de las nuevas tarjetas emitidas en 2025 fue destinado a trabajadores con ingresos inferiores a RD$32,500 mensuales. Ese grupo coincide con un universo de aproximadamente 1.3 millones de dominicanos dentro del mercado laboral formal que reciben ingresos por debajo de ese monto.
Tavárez consideró que estas cifras muestran que el problema de los ingresos insuficientes no se limita a los trabajadores informales, pues también alcanza a personas que cuentan con empleos registrados.
La tarjeta deja de ser un recurso para gastos puntuales
tarjetas de crédito
El economista explicó que el uso de las tarjetas también ha cambiado. Según su análisis, anteriormente estos instrumentos se utilizaban con mayor frecuencia para financiar adquisiciones específicas, como electrodomésticos u otros bienes duraderos.
Ahora, sostuvo, una parte de los trabajadores recurre al crédito de manera recurrente para completar los gastos del mes. En ese escenario, la tarjeta deja de funcionar como un mecanismo para enfrentar un gasto extraordinario y pasa a utilizarse para cubrir necesidades habituales.
Tavárez aclaró que el estudio no cuestiona el crédito como herramienta financiera, sino las condiciones económicas que llevan a los trabajadores a depender de él debido a que sus ingresos no resultan suficientes. A su juicio, los bajos niveles salariales existentes en el país han contribuido a que el crédito privado funcione como una vía para compensar la falta de ingresos disponibles.
El uso continuo de las tarjetas para cubrir gastos ordinarios puede llevar, según Tavárez, a una acumulación progresiva de obligaciones. La diferencia, explicó, está entre utilizar el crédito para una compra excepcional y recurrir a él todos los meses para financiar necesidades que forman parte del presupuesto habitual.
Cuando esto último ocurre, el trabajador puede mantenerse permanentemente endeudado y utilizar nuevos recursos de crédito para cubrir compromisos anteriores. El escenario se vuelve más complejo cuando el usuario no puede pagar la totalidad del balance y comienza a acumular mora, intereses y crédito revolvente.
Tavárez resumió su posición con una advertencia directa: “Financiarse con tarjetas de crédito es el camino a la ruina económica”, al referirse al uso permanente de este mecanismo para cubrir gastos ordinarios.
El costo del financiamiento ronda el 58 %
Otro de los aspectos señalados por el economista es el costo que representa mantener una deuda mediante tarjetas. Indicó que las tasas de interés rondan en promedio el 58 %, un nivel que considera particularmente relevante cuando el usuario pertenece a los segmentos de menores ingresos y no cuenta con capacidad para saldar completamente sus consumos.
Tavárez también llamó la atención sobre el nivel de conocimiento financiero de los usuarios, al considerar necesario que quienes utilizan estos productos comprendan el funcionamiento de las tasas de interés, los pagos mínimos y la acumulación de cargos.
El economista también puso bajo cuestionamiento los criterios utilizados para establecer los límites de las tarjetas. Explicó que, mientras en otros tipos de financiamiento las entidades suelen evaluar los ingresos y la capacidad de pago del solicitante, una persona puede recibir mediante una tarjeta una línea de crédito considerablemente superior a su salario mensual. Como ejemplo, mencionó el caso de un trabajador que percibe RD$20,000 al mes y recibe una tarjeta con un límite de RD$150,000.
Tavárez consideró que conceder líneas que pueden llegar a representar hasta diez veces los ingresos formales de una persona es una situación que debe ser observada desde el punto de vista regulatorio.
Por ello, planteó que la Superintendencia de Bancos debería analizar esta práctica y establecer criterios que relacionen el nivel de financiamiento con la capacidad real de pago del usuario.
Aclaró que su planteamiento no busca impedir que los trabajadores de bajos ingresos tengan acceso a tarjetas, sino establecer reglas que reduzcan el riesgo de que las líneas concedidas terminen generando una carga financiera permanente.
Alimentación y salud también se financian con tarjetas
Uno de los elementos que más preocupa al economista es el cambio en el destino del crédito. Tavárez sostuvo que las tarjetas están siendo utilizadas para cubrir alimentación, salud y otros gastos fundamentales, particularmente entre los trabajadores con menores ingresos.
Explicó que el acceso al crédito se ha extendido hacia segmentos que anteriormente tenían una menor participación en este tipo de productos, modificando también el propósito con el que se utilizan. En materia de salud, señaló que una persona puede recurrir a la tarjeta cuando debe asumir un gasto que no está suficientemente cubierto por la seguridad social.
Una situación similar puede presentarse en la educación cuando una familia opta por servicios privados y utiliza el crédito para cubrir los pagos. De acuerdo con su planteamiento, gastos que deberían formar parte de la planificación económica de los hogares terminan siendo financiados mediante deuda cuando los ingresos disponibles no alcanzan.
Tavárez también llamó la atención sobre el crecimiento de los mecanismos digitales de crédito y la aparición de entidades que operan principalmente mediante plataformas tecnológicas. Explicó que estos modelos tienen presencia en segmentos vinculados a tarjetas y otros productos de colocación rápida.
A su juicio, la facilidad con la que puede ponerse liquidez a disposición de los usuarios requiere prestar atención al riesgo de sobreendeudamiento.
El economista citó además experiencias internacionales en las que se han establecido criterios específicos para la concesión de tarjetas a personas con menores ingresos. Mencionó el caso de Argentina, donde, según explicó, el crédito digital ha experimentado una expansión rápida y señaló que este tipo de modelo también comienza a desarrollarse en República Dominicana.
Para Tavárez, la expansión del crédito no puede analizarse de manera aislada del nivel de ingresos de los trabajadores. Sostuvo que cuando las necesidades de las familias aumentan y los salarios resultan insuficientes, el crédito termina convirtiéndose en una alternativa para completar el presupuesto. Por esa razón, planteó que mejorar las condiciones salariales constituye una parte de la respuesta al problema.
El economista aclaró que no propone aumentos indiscriminados, sino mecanismos que permitan recuperar progresivamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Consideró que las discusiones sobre salarios no deberían limitarse a compensar la inflación, porque un ajuste basado únicamente en el aumento de los precios permite recuperar capacidad de compra perdida, pero no necesariamente garantiza que el ingreso sea suficiente frente al costo de vida.
Tavárez planteó incorporar la productividad y los beneficios generados por ella a las discusiones sobre remuneración. Explicó que la indexación salarial permite recuperar parte del poder adquisitivo, pero que los trabajadores también deberían beneficiarse de los resultados asociados al incremento de la productividad. A su juicio, este enfoque permitiría avanzar hacia una recuperación más sostenida de los ingresos y disminuir la necesidad de utilizar crédito para completar los gastos cotidianos.
El economista sostuvo que el problema del endeudamiento tampoco puede resolverse únicamente estableciendo límites a las tarjetas. Consideró necesario revisar las razones por las que los hogares deben destinar parte de sus ingresos a servicios que, en determinadas circunstancias, deberían contar con mayor cobertura o respaldo público.
Se refirió particularmente a salud y educación, áreas en las que, según explicó, las familias pueden terminar recurriendo a proveedores privados y financiando esos gastos mediante crédito. En ese sentido, planteó mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos como una vía para reducir la presión que determinados gastos ejercen sobre el presupuesto familiar.
Mayor protección ante gastos de salud
Tavárez también defendió un fortalecimiento de la seguridad social para evitar que los trabajadores tengan que recurrir a préstamos o tarjetas para enfrentar tratamientos costosos.
Se refirió a personas que acuden a campañas públicas o solicitan ayuda para poder cubrir enfermedades y procedimientos médicos. A su juicio, una persona afiliada al sistema de seguridad social debería contar con una protección suficiente para enfrentar situaciones de salud de alto costo, sin verse obligada a asumir deudas con tasas elevadas.
Entre las condiciones que mencionó figuran enfermedades como el cáncer y la diabetes, cuyos tratamientos pueden representar una fuerte presión financiera para los hogares. Para el economista, atender estas necesidades desde las políticas públicas también contribuiría a reducir la dependencia del crédito como mecanismo para enfrentar gastos esenciales.
Santo Domingo.– La llegada de nuevos funcionarios a posiciones de dirección no será suficiente para solucionar los problemas que durante décadas han afectado al sector eléctrico dominicano, afirmó el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco, quien consideró que las transformaciones requieren decisiones de política de Estado.
El economista se refirió al traslado de Joel Santos al frente del sector eléctrico y reconoció la relevancia de las nuevas responsabilidades asumidas por el funcionario, aunque sostuvo que aún habrá que esperar para determinar si su gestión logra generar modificaciones de fondo.
“Ojalá tenga oportunidad de poder hacer algunos cambios significativos”, expresó Collado Di Franco durante una entrevista en el programa radial Esto No Tiene Nombre.
Para el vicepresidente ejecutivo del Crees, la permanencia de los problemas del sistema eléctrico a través de distintas épocas demuestra que la discusión trasciende a los funcionarios que ocupan los cargos en un momento determinado.
A su juicio, se trata de una situación que se ha repetido durante décadas y cuyo desenlace estará marcado por las políticas que se decidan aplicar.
“Esta conversación es atemporal en el sentido de que la podríamos estar teniendo ahora, la pudimos haber tenido a principios de este siglo, de este milenio, la pudimos haber tenido en la década que sea”, manifestó.
Collado Di Franco también puso el foco en la forma en que operan las empresas distribuidoras de electricidad y cuestionó que sus decisiones estén condicionadas por factores políticos.
El economista señaló que uno de los puntos que debe observarse es la relación entre el cobro del servicio y las transferencias que reciben las distribuidoras desde el Gobierno central. Explicó que garantizar mediante recursos públicos parte de las necesidades de estas empresas puede reducir los incentivos para que asuman el costo político que implica cobrar por el servicio.
“Si tú tienes garantizado, más bien, que te van a hacer una transferencia del Gobierno central, pues, ¿qué esfuerzo vas a hacer para echarte de enemigo a la gente del barrio que le fuiste a cobrar?”, cuestionó.
En su explicación, planteó que esta dinámica termina llevando al Gobierno a asumir ese costo y distribuirlo entre la población mediante recursos públicos. “Yo prefiero asumirlo, dividir el costo entre todos los ciudadanos, los endeudos, los pagos con sus impuestos”, expresó.
El vicepresidente ejecutivo del Crees sostuvo que mientras las decisiones sobre las distribuidoras continúen respondiendo a criterios políticos, será difícil alcanzar una solución a los problemas que arrastra el sector. “Mientras sean decisiones políticas, como tú lo has dicho, pues no vemos una solución”, afirmó.
Pese a sus cuestionamientos sobre el modelo bajo el cual se ha manejado el sector, Collado Di Franco expresó su esperanza de que Joel Santos tenga la posibilidad de impulsar cambios significativos desde las funciones que ahora desempeña.
No obstante, reiteró que el resultado de esa gestión no dependerá únicamente del funcionario, sino también del respaldo y de las decisiones políticas que existan alrededor del sector eléctrico.
El economista consideró que los problemas acumulados durante décadas requieren más que una sustitución de funcionarios para ser enfrentados, al entender que las decisiones de política pública son las que finalmente determinarán si se producen transformaciones en el sistema.
Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) acumularon 730,804 reclamaciones generadas durante el período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, reflejando el volumen de inconformidades presentadas por los usuarios del servicio eléctrico, según el Informe de Gestión Comercial de mayo de 2026, elaborado para el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Del total de reclamaciones registradas en el año móvil, 296,105 fueron declaradas procedentes, mientras que 345,106 fueron consideradas improcedentes, de acuerdo con los datos consolidados del informe.
EDEEste registra el mayor volumen de reclamaciones
La distribuidora con el mayor número de reclamaciones fue EDEEste, que acumuló 328,714 casos generados durante el año móvil.
Dentro de su área de concesión, el sector Oriental concentró 235,795 reclamaciones, seguido por el sector Este, con 63,276, y el Occidental, con 29,643 aproximadamente, de acuerdo con la distribución presentada en el informe.
En conjunto, 31,015 reclamaciones fueron consideradas procedentes, mientras 46,698 fueron catalogadas como improcedentes en el acumulado de 2026.
Aunque registró un menor volumen de reclamaciones que EDEEste, EDENorte presentó la mayor cantidad de casos procedentes.
Durante el año móvil, la empresa contabilizó 169,347 reclamaciones generadas, de las cuales 129,808 fueron consideradas procedentes y 33,123 improcedentes.
El sector Santiago concentró la mayor cantidad de reclamaciones dentro de la empresa, con 60,403 casos, seguido por Puerto Plata, con 34,754, y La Vega, con 34,496.
EDESur reporta el menor número de reclamaciones
Por su parte, EDESur registró 44,637 reclamaciones generadas entre junio de 2025 y mayo de 2026, el menor volumen entre las tres empresas distribuidoras.
De ese total, 5,091 fueron declaradas procedentes, mientras 20,842 fueron consideradas improcedentes.
El mayor número de reclamaciones dentro de su zona de concesión correspondió al Distrito Nacional, con 11,191 casos, seguido por San Cristóbal, con 10,494, y Baní, con 10,494 aproximadamente, según la información contenida en el informe.
Durante mayo de 2026, las tres distribuidoras recibieron 64,932 reclamaciones, de las cuales 34,754 fueron consideradas procedentes y 25,374 improcedentes.
En ese mes, EDENorte concentró 36,737 reclamaciones, equivalente a más de la mitad del total nacional, seguida de EDEEste, con 16,154, y EDESur, con 12,041.
Los resultados forman parte del monitoreo comercial que realiza el Ministerio de Energía y Minas para evaluar el desempeño de las empresas distribuidoras en la atención y procesamiento de las reclamaciones presentadas por los usuarios del servicio eléctrico.
Santo Domingo. – Sky High Dominicana avanza en la construcción de su hangar propio en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), una inversión estratégica destinada a fortalecer sus capacidades técnicas y de mantenimiento aeronáutico, como parte de la nueva etapa de expansión de la compañía en el Caribe.
La moderna infraestructura tendrá capacidad para albergar simultáneamente dos aeronaves e incorporará tecnología de última generación para apoyar los procesos de mantenimiento y soporte técnico de la flota. Por sus dimensiones, se convertirá en el hangar de mayor tamaño del AILA y uno de los más grandes del Caribe.
Más allá de su dimensión, el proyecto permitirá a Sky High fortalecer progresivamente sus capacidades propias de mantenimiento, facilitando la realización de inspecciones, trabajos programados y procesos de soporte aeronáutico en instalaciones propias. Esta infraestructura contribuirá a una mayor eficiencia operacional y acompañará el crecimiento de la flota bajo los procedimientos y estándares que exige la industria aeronáutica.
“El crecimiento de una aerolínea también se construye desde su infraestructura. A medida que ampliamos nuestra flota y nuestra red, debemos fortalecer las capacidades técnicas que sostienen cada operación. Este hangar representa una inversión de largo plazo en eficiencia, mantenimiento y seguridad operacional, y reafirma nuestra confianza en la República Dominicana como plataforma para continuar creciendo en el Caribe”, expresó Cesarina Beauchanps, vicepresidenta ejecutiva de Sky High Dominicana.
La construcción responde a una visión de crecimiento que integra la expansión comercial con el fortalecimiento de la estructura que la hace posible. Disponer de infraestructura especializada permitirá a la compañía ampliar su capacidad técnica, optimizar procesos y respaldar de manera sostenible una operación aérea cada vez más robusta.
El nuevo hangar se suma a otras inversiones desarrolladas por Sky High para fortalecer su operación desde la República Dominicana. Entre ellas se encuentra el Centro de Entrenamiento Aeronáutico de Sky High Dominicana, destinado a la formación continua de pilotos, tripulantes de cabina, técnicos y demás personal aeronáutico.
Ambos proyectos forman parte de una estrategia que articula infraestructura, capacidad técnica y desarrollo del talento humano como componentes esenciales para sostener el crecimiento de la compañía. Mientras el Centro de Entrenamiento fortalece la preparación de las personas que hacen posible cada operación, el nuevo hangar ampliará las capacidades físicas y técnicas necesarias para acompañar la evolución de la flota.
Con estas inversiones, Sky High Dominicana continúa desarrollando desde Santo Domingo una plataforma operacional preparada para respaldar su crecimiento y fortalecer su presencia en los mercados del Caribe y América Latina, indica en una nota de prensa.
Sobre Sky High Dominicana
Sky High Dominicana es una aerolínea dominicana comprometida con la conectividad regional, la seguridad operacional y la excelencia en el servicio. A través de sus operaciones comerciales, ejecutivas y de carga, conecta a la República Dominicana con múltiples destinos del Caribe y América, contribuyendo al intercambio turístico, comercial e institucional entre los mercados donde opera.
Para el vicepresidente ejecutivo del Crees, la permanencia de los problemas del sistema eléctrico a través de distintas épocas demuestra que la discusión trasciende a los funcionarios que ocupan los cargos en un momento determinado. 
