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Intrant registra 50,000 licencias para motociclistas frente a un parque de 3.7 millones de motos

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Santo Domingo, R.D. – La cantidad de licencias de conducir emitidas o renovadas para motociclistas continúa siendo reducida en comparación con el volumen de motocicletas que circulan en República Dominicana. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) registra cerca de 50,000 documentos de este tipo, frente a un parque vehicular de aproximadamente 3.7 millones de unidades.

La cifra equivale al 1.35 % del total de motocicletas, según los datos ofrecidos por el director del Intrant, Juan Manuel Méndez, quien reconoció que todavía queda trabajo por hacer para ampliar la cantidad de conductores que cuentan con la documentación correspondiente.

El funcionario explicó que las acciones para mejorar esta situación no se concentran únicamente en incentivar la obtención de licencias, sino también en promover el uso de equipos de protección adecuados, especialmente cascos homologados.

«Hay que irla implementando, y no solamente la licencia, sino el casco homologado. Deben usar la motocicleta, la persona que la conduce, el casco homologado. Este es un casco especial para proteger la vida de las personas que andan en motocicleta», expresó Méndez.

Los registros correspondientes a 2025 también reflejaban una brecha entre la cantidad de motocicletas y los conductores con licencia. Para ese año, el país tenía 6,589,164 vehículos, de los cuales el 57.16 % correspondía a motocicletas, equivalentes a 3,805,712 unidades.

En ese período, solo se contabilizaban 28,090 licencias categoría uno, destinadas a conducir motocicletas, lo que representaba el 0.74 % del total de ese tipo de vehículos.

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Intrant trabaja con federaciones de motociclistas

Méndez indicó que la institución desarrolla labores de orientación junto con asociaciones y federaciones de motociclistas, mediante un departamento especializado en ese sector.

Explicó que desde esa dependencia se coordinan charlas, se proporciona información y se brinda asistencia a los conductores para motivarlos a obtener sus licencias y avanzar en el proceso de regularización.

Aunque no precisó una fecha para la puesta en marcha de la iniciativa a la que hizo referencia, aseguró que continúa en preparación.

El director del organismo sostuvo que la misión del Intrant es contribuir a disminuir los accidentes de tránsito, pero señaló que alcanzar ese objetivo requiere la participación conjunta de las autoridades, los medios de comunicación y la ciudadanía.

En ese sentido, destacó la importancia de que las medidas dirigidas a los motociclistas incluyan tanto la regularización de los conductores como el uso de cascos homologados para proteger sus vidas.

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Gobierno busca más margen para gastar ante presión de los combustibles y solicita suspender regla fiscal

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Santo Domingo, RD. La presión fiscal provocada por el encarecimiento de los combustibles y la prolongación de la crisis internacional llevó al Gobierno a solicitar una nueva modificación del Presupuesto General del Estado de 2026, que incluye suspender temporalmente la regla que limita el crecimiento del gasto público y aumentar en RD$85,393 millones el déficit fiscal.

La propuesta cuenta con el respaldo del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien considera que la regla fiscal debe aplicarse con flexibilidad ante circunstancias extraordinarias, y del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien calificó como atendible la petición del Poder Ejecutivo y llamó al Congreso Nacional a comprender las dificultades económicas que enfrenta el país.

Pacheco sostuvo que las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno no generaron los recursos que se habían proyectado para enfrentar el impacto del conflicto en Oriente Medio y el aumento de los precios internacionales de los combustibles.

«Las medidas anticrisis no dieron los recursos que estaban proyectados», expresó el legislador al ser entrevistado por periodistas en el Congreso Nacional. Añadió que el presupuesto previsto por el Gobierno resultó insuficiente frente a las necesidades de gasto.

El presidente de la Cámara de Diputados hizo referencia a la Ley 30-26, promulgada el pasado 18 de junio, que contempló medidas de simplificación fiscal y aumento de algunos tributos para obtener recursos adicionales. Entre ellas figura el incremento temporal de la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) a las grandes empresas, de 27 % a 30 %, así como el aumento del impuesto a las transferencias bancarias electrónicas, de 0.15 % a 0.2 %.

A juicio de Pacheco, el Congreso debe ofrecer una respuesta a la situación, independientemente de las diferencias partidarias, debido a que las dificultades derivadas del encarecimiento del petróleo no afectan exclusivamente a República Dominicana.

Gobierno pide flexibilizar la regla fiscal

Durante su explicación ante los diputados que estudian la iniciativa, Magín Díaz defendió la suspensión temporal del límite establecido en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, que dispone que el crecimiento del gasto primario no puede superar la inflación promedio anual proyectada más tres puntos porcentuales.

«La regla tiene que ser flexible», planteó el ministro, al considerar que reducir el gasto en medio de una crisis internacional podría limitar la capacidad del Estado para amortiguar sus efectos sobre la población.

Díaz explicó que, una vez superada la situación excepcional, el Gobierno deberá retornar gradualmente al cumplimiento de la regla fiscal en un período de tres años. Para ello, Hacienda prevé presentar un plan que establezca el proceso de ajuste.

La iniciativa del Poder Ejecutivo procura suspender la aplicación de esa restricción hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante una disposición incluida en el proyecto de modificación presupuestaria.

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Déficit aumentaría a RD$365,968 millones

El proyecto eleva el déficit fiscal previsto de RD$280,575 millones a RD$365,968 millones, lo que representa un incremento de RD$85,393 millones. En términos del producto interno bruto (PIB), pasaría de 3.24 % a 4.2 %.

La modificación también contempla un aumento de RD$54,100 millones en los gastos y una reducción de RD$31,293 millones en los ingresos estimados respecto a la reformulación presupuestaria anterior.

Entre las presiones que enfrenta el presupuesto, el Gobierno ha señalado el costo de los subsidios destinados a contener los aumentos de los combustibles, la electricidad y otros productos afectados por el contexto internacional.

Según las cifras presentadas por el Ejecutivo, los subsidios a los combustibles superan los RD$44,000 millones, mientras que los destinados al sector eléctrico ascienden a RD$96,000 millones. También se contemplan RD$3,400 millones para transporte y más de RD$2,150 millones para fertilizantes.

El Gobierno sostiene que más del 60 % del financiamiento adicional provendría de disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo que reduciría la necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento para cubrir la diferencia.

Suspensión de la regla genera cuestionamientos

La solicitud también ha generado cuestionamientos desde la oposición, que sostiene que el Gobierno habría superado los límites de crecimiento del gasto establecidos en la Ley 35-24 antes de solicitar su suspensión.

Haivanjoe Ng Cortiñas, secretario económico de la Fuerza del Pueblo, calcula que el gasto primario habría crecido 13.3 %, por encima del límite nominal estimado de entre 7 % y 8 %. Según sus estimaciones, la desviación representaría entre RD$65,500 millones y RD$78,000 millones, y se habría producido desde la reformulación presupuestaria de julio.

Por su parte, el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, cuestionó que el Gobierno solicite más recursos y un mayor déficit mientras procura suspender el mecanismo que limita el crecimiento del gasto.

La comisión especial de la Cámara de Diputados recomendó aprobar la modificación presupuestaria, mientras que la oposición presentó un informe disidente. La propuesta deberá ser conocida y votada por el Congreso Nacional.

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Venezuela proyecta elevar su producción petrolera a 3 millones de barriles diarios en diez años

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Venezuela.- Venezuela se plantea recuperar los niveles de producción de petróleo que registraba antes de la crisis de su industria. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) estima que el país podrá alcanzar los 3 millones de barriles diarios (bpd) en un plazo de diez años, una meta que supondría regresar a los volúmenes que mantenía a finales de los años noventa y principios de este siglo.

El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, informó que la producción llegó a 1,22 millones de barriles diarios en octubre y que la previsión es cerrar el año en 1,3 millones. Para 2027, la empresa contempla elevar el bombeo a 1,5 millones de barriles diarios, mientras que en un horizonte de cinco años espera alcanzar los 2 millones.

Las proyecciones fueron difundidas este sábado por la petrolera estatal, que también informó sobre nuevos acuerdos para ampliar las operaciones y desarrollar áreas de producción.

PDVSA firma 80 acuerdos para desarrollar campos petroleros

Obregón indicó que Venezuela ha suscrito 80 nuevos acuerdos en materia de hidrocarburos. Una parte importante de los contratos firmados durante este año está destinada a los denominados campos verdes, que requieren desarrollar infraestructura antes de iniciar o ampliar sus operaciones.

El funcionario explicó que estos proyectos necesitarán la construcción conjunta con socios de carreteras, tendidos eléctricos y otras obras civiles para facilitar su desarrollo.

Sin embargo, el aumento de la producción enfrenta desafíos operativos. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió esta semana que el bombeo venezolano se ha estancado en los últimos meses, después del crecimiento registrado entre enero y agosto.

El organismo señaló que para incrementar rápidamente la producción se necesitan mayores inversiones y trabajos de mantenimiento, especialmente en los puertos y en el suministro eléctrico.

Apertura a inversiones extranjeras

La estrategia petrolera venezolana se desarrolla en medio de una mayor apertura al capital extranjero en sectores como el hidrocarburífero, minero y eléctrico, así como de una estrecha colaboración con Estados Unidos.

En enero pasado, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el propósito de incentivar la inversión extranjera. Analistas interpretaron ese cambio como un desmantelamiento del legado del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

Ese mismo mes, Estados Unidos capturó al entonces presidente Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas.

Posteriormente, en agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, y Rodríguez anunciaron un acuerdo calificado de «histórico» para explotar una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas mediante una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria del 35 %.

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ExxonMobil y Shell regresan a los acuerdos petroleros

Entre los movimientos recientes para atraer capital internacional figura un acuerdo suscrito el lunes con la petrolera estadounidense ExxonMobil para su retorno a Venezuela. La compañía había salido del país en 2007, cuando el Gobierno de Chávez nacionalizó los últimos yacimientos operados por el sector privado.

Además, PDVSA informó el jueves sobre la firma de cinco acuerdos con la empresa británica Shell para consolidar proyectos de desarrollo e inversiones en el sector energético.

Pese a las perspectivas de crecimiento, la recuperación de la industria continúa marcada por problemas estructurales. La caída de la producción venezolana ha sido atribuida por expertos a factores como la corrupción, la politización de la industria, la fuga de talento, la falta de mantenimiento y las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos en 2019, entre otras causas.

A esto se suma la situación laboral: sindicalistas y trabajadores venezolanos denuncian que la crisis salarial persiste pese al aumento de la producción.

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ADIE advierte que la demanda eléctrica de RD superaría los 5,000 MW en 2030

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Santo Domingo.- La demanda máxima de electricidad en República Dominicana alcanzó los 4,277 megavatios el pasado 28 de julio, frente a los aproximadamente 2,680 megavatios registrados en 2019, un aumento cercano al 60 % en siete años que plantea nuevas exigencias para la infraestructura energética del país.

El comportamiento del consumo y las necesidades de generación a mediano plazo fueron parte de los temas abordados durante el Foro ADIE 2026, organizado por la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), donde su presidente, José A. Rodríguez, llamó a anticipar las inversiones que requerirá el sistema para responder a la expansión de la actividad económica y las nuevas tecnologías.

Las proyecciones citadas por Rodríguez apuntan a que la demanda eléctrica nacional podría superar los 5,000 megavatios hacia 2030, en un escenario en el que la economía digital y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas incorporarán nuevas necesidades de suministro.

El presidente de la ADIE sostuvo que el país deberá continuar ampliando y diversificando su capacidad de generación, reforzar las redes de transmisión y distribución e incorporar sistemas de almacenamiento para acompañar ese comportamiento.

También insistió en que las inversiones deben planificarse de manera articulada, de forma que las nuevas actividades económicas puedan disponer de información sobre la disponibilidad, calidad y confiabilidad del servicio eléctrico antes de desarrollar sus proyectos.

Durante su intervención, puso como ejemplo las necesidades de una industria, un proyecto turístico o un centro de datos, cuyos planes de expansión dependen de conocer las condiciones del suministro energético.

Inteligencia artificial: más consumo y nuevas herramientas

El foro, celebrado bajo el lema «Energía Inteligente: la IA como motor y carga del sistema eléctrico», examinó la doble incidencia de la inteligencia artificial en el sector: el aumento del consumo de electricidad que supone la expansión de la economía digital y las herramientas que ofrece esta tecnología para optimizar la operación del sistema.

Uno de los puntos centrales fue el crecimiento de los centros de datos y otras infraestructuras digitales, que requieren electricidad de manera continua y con altos niveles de confiabilidad.

Al mismo tiempo, los participantes analizaron las posibilidades de aplicar inteligencia artificial en la administración de las redes, el mantenimiento predictivo de las instalaciones, la planificación energética y la incorporación de nuevas fuentes de generación.

La dimensión de este fenómeno también se refleja en las estimaciones internacionales. La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que el consumo eléctrico de los centros de datos podría más que duplicarse hacia 2030, hasta alcanzar aproximadamente 945 teravatios hora al año.

En América Latina y el Caribe, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) estima que la inteligencia artificial podría representar el 5 % del consumo eléctrico regional para 2035.

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Especialistas analizaron los cambios tecnológicos del sector

La actividad reunió a autoridades, representantes empresariales y expertos nacionales e internacionales para examinar cómo los avances tecnológicos están modificando las necesidades de la industria eléctrica.

La exposición principal estuvo a cargo de David Orr, vicepresidente y Global Chief Information and Digital Officer de AES Corporation, responsable de las áreas de tecnología, datos, inteligencia artificial e innovación digital de esa organización.

También participó David Fernández Cavero, Global Energy Solutions Strategic Advisor de EY, con la presentación «El nuevo paradigma de la IA: tendencias globales que están transformando la energía».

La agenda incluyó dos paneles. El primero, titulado «Visión local sobre el impacto de la IA en República Dominicana», contó con María Waleska Álvarez, presidenta ejecutiva de NAP del Caribe, y Ana Barranco, decana de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). La conversación fue moderada por Alejandra Orsini, directora ejecutiva de la Compañía Luz y Fuerza.

El segundo panel, «Tecnología, inteligencia artificial y el futuro del sector eléctrico», reunió a John Ingham, Senior Product Manager, Aero New Unit, de GE Vernova, bajo la moderación de Alliet Ortega, vicerrectora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

La ADIE también planteó la importancia de vincular la planificación energética con las inversiones, la innovación tecnológica y la formación del talento humano, como elementos necesarios para que República Dominicana pueda responder a las nuevas necesidades de la economía digital sin comprometer la confiabilidad del suministro.

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Joel Santos proyecta reducción de hasta cinco puntos porcentuales en las pérdidas eléctricas entre 2027 y 2028

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Santo Domingo.- El Gobierno dominicano se propone disminuir entre cuatro y cinco puntos porcentuales las pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) durante los próximos dos años, mediante inversiones en infraestructura, ampliación de las redes y mejoras en la gestión comercial del sistema eléctrico.

La proyección fue presentada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, durante un encuentro con periodistas, en el que explicó que la reducción se produciría de manera gradual: entre dos y 2.5 puntos porcentuales en 2027 y una proporción similar en 2028.

El funcionario señaló que el comportamiento de las pérdidas comenzaría a estabilizarse durante 2027, mientras que los avances más importantes se esperan para el año siguiente, cuando entren en funcionamiento nuevos proyectos de generación y se concreten parte de las inversiones programadas.

Para alcanzar esos resultados, el Gobierno contempla destinar US$400 millones en 2027 a inversiones de capital, como parte del proceso de modernización de la infraestructura de las distribuidoras y de la respuesta al crecimiento de la demanda eléctrica.

Santos advirtió que las mejoras no se reflejarán de inmediato, debido a que la evolución del sistema requiere recursos para ampliar y adecuar las instalaciones. Explicó que una proporción importante de las necesidades financieras de las EDE está vinculada a la infraestructura necesaria para elevar la eficiencia y reducir las pérdidas técnicas.

En ese contexto, planteó la importancia de separar las pérdidas que se originan por deficiencias técnicas de las relacionadas con la gestión comercial y el cobro de la energía, así como identificar el peso que tienen las inversiones de capital en las finanzas de las empresas.

Pérdidas representaron US$1,700 millones

La dimensión económica del problema quedó reflejada en los resultados del año anterior, cuando el impacto de las pérdidas de las distribuidoras rondó los US$1,700 millones. De esa cantidad, aproximadamente US$900 millones correspondieron al diferencial tarifario.

El ministro aclaró que la reducción de las pérdidas no implicará necesariamente un alivio financiero inmediato para las empresas, debido a los recursos que tendrán que continuar destinando a inversiones de capital para mejorar sus redes e infraestructura.

Las intervenciones también tendrán un componente territorial. Aunque la ampliación de las redes de distribución está prevista para todo el país, el Gobierno identificó a Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y San Cristóbal como zonas prioritarias, debido a la elevada demanda de energía que registran.

A estas medidas se sumará un proceso de auditoría a las Empresas Distribuidoras de Electricidad, cuya ejecución está prevista para 2027, con el propósito de evaluar el desempeño de esas compañías.

Subsidio eléctrico continuará en 2027

Santos reconoció que el Gobierno tendrá que mantener los aportes económicos al sector eléctrico durante 2027, debido a los recursos que requerirá el programa de inversiones en infraestructura.

Explicó que los trabajos de modernización de las redes no generan resultados inmediatos, ya que sus efectos pueden tardar entre tres y cinco años en reflejarse en el funcionamiento del sistema.

A esto se sumará la entrada de nuevos contratos de suministro de gas natural a largo plazo, que contribuirían a reducir los costos de generación eléctrica. No obstante, indicó que parte de esos beneficios comenzaría a percibirse hacia finales de 2027.

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Sin cambios tarifarios previstos a corto plazo

En cuanto a una posible modificación de la tarifa eléctrica, el ministro afirmó que actualmente no se contempla adoptar esa medida en el corto plazo.

También reconoció que República Dominicana ha desarrollado una cultura de subsidios cuya transformación requiere condiciones y estrategias específicas.

Por el momento, la política del Gobierno estará concentrada en disminuir las pérdidas mediante inversiones, fortalecer las redes de distribución y lograr que más usuarios se incorporen progresivamente al sistema eléctrico formal.

Para avanzar en ese último objetivo, consideró necesario combinar las acciones de acercamiento a los consumidores con mecanismos de fiscalización y penalización dirigidos a quienes incumplan las disposiciones del sistema eléctrico.

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ExxonMobil supera el millón de barriles diarios en Guyana y acelera la expansión petrolera en América Latina

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Guyana.- Guyana superó el millón de barriles diarios de capacidad instalada de producción petrolera, tras la entrada en operación de una quinta plataforma de ExxonMobil en aguas del Atlántico, un avance que posiciona al país sudamericano como una fuente creciente de suministro mundial en medio de las interrupciones energéticas provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

El anuncio realizado este lunes por la petrolera estadounidense sitúa la capacidad instalada del proyecto en 1.1 millones de barriles diarios, menos de una década después de que comenzara el desarrollo del bloque Stabroek, un yacimiento que contiene al menos 11,000 millones de barriles de petróleo y está ubicado a unas 120 millas de la costa guyanesa.

Dan Ammann, presidente de operaciones de exploración y producción de ExxonMobil, atribuyó este resultado a la calidad del recurso petrolero, la colaboración con el Gobierno y los socios de la empresa conjunta, así como al trabajo de miles de guyaneses que participan en el desarrollo del sector energético del país.

La expansión acelerada ha permitido a ExxonMobil aprovechar el incremento de los precios internacionales del crudo, en un contexto marcado por las sucesivas crisis energéticas desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022 y, más recientemente, por la guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero.

El desarrollo petrolero también ha transformado el desempeño económico de Guyana. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que su economía crecerá un 22 % este año, lo que la convertiría en la de mayor expansión a nivel mundial.

Una apuesta de más de US$50,000 millones

El resultado de ExxonMobil en Guyana representa una de las apuestas de mayor impacto en la estrategia de crecimiento de la compañía, que destinó más de US$50,000 millones al desarrollo de sus operaciones en ese país.

La inversión contrasta con las estrategias que predominaban en la industria petrolera cuando Darren Woods asumió la dirección ejecutiva de Exxon en 2017, período en el que los inversionistas favorecían a las compañías que apostaban por la transición energética.

Mientras Exxon decidió ampliar su presencia en una nueva frontera petrolera, competidores como BP y Shell redujeron durante la década anterior sus actividades de perforación en territorios poco explorados. Shell, de hecho, abandonó en 2014 el consorcio del bloque Stabroek, apenas un año antes de que se descubriera el gigantesco yacimiento.

Analistas consideran que el proyecto representó un cambio transformador para ExxonMobil, al proporcionarle acceso a reservas de alta calidad y bajo costo cuando la empresa revisaba su cartera de activos, la distribución de capital y sus planes de perforación a largo plazo.

Schreiner Parker, analista de Rystad Energy, consideró que el descubrimiento llegó en el momento oportuno y se convirtió en uno de los principales activos del reposicionamiento de ExxonMobil, al demostrar la capacidad de la compañía para incorporar grandes volúmenes de recursos y mantener una producción altamente competitiva.

El analista también destacó la velocidad con la que se desarrolló el proyecto: desde el inicio de la producción en 2019 hasta alcanzar una capacidad superior al millón de barriles diarios, en apenas siete años.

A su juicio, Guyana pasó de ser un éxito exploratorio a ocupar un lugar central en la estrategia mundial de crecimiento de ExxonMobil en exploración y producción.

América Latina gana terreno en la exploración petrolera

El desempeño de Guyana ha contribuido a reactivar el interés de las grandes petroleras por invertir en territorios fronterizos, es decir, cuencas nuevas, remotas, de aguas profundas o que todavía no han sido suficientemente exploradas.

Durante los últimos dos años, las inversiones también han comenzado a dirigirse hacia África occidental y el Mediterráneo oriental. Sin embargo, Sudamérica concentra actualmente buena parte del desarrollo de nuevos recursos petroleros en alta mar, especialmente después de que la guerra con Irán interrumpiera los suministros procedentes de Oriente Medio.

En Brasil, Shell y BP están ampliando sus actividades de perforación marítima. Asimismo, BP y XRG, el brazo internacional de la compañía petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, anunciaron este año una alianza para desarrollar un importante yacimiento de gas en Venezuela.

A este movimiento se suma Surinam, donde se espera que un consorcio encabezado por TotalEnergies comience a producir petróleo en el proyecto GranMorgu en 2028.

Patrick Brunings, ministro de Petróleo, Gas y Medio Ambiente de Surinam, afirmó que su país puede convertirse en un proveedor energético confiable debido a su ubicación geográfica, el respeto a los contratos y la estabilidad de su Gobierno dentro de un sistema democrático.

El funcionario señaló que han identificado un mayor interés de países afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania y por el reciente conflicto en Oriente Medio. Además, estimó que durante los próximos cinco años Surinam podría incorporar cuatro nuevos proyectos de explotación marítima: dos petroleros y dos gasíferos.

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Chevron aumenta su apuesta por la región

La expansión petrolera sudamericana también se refleja en los resultados de producción y en los presupuestos de exploración de las grandes compañías.

Argentina, Brasil y Guyana han alcanzado récords de producción este año. Según Rystad Energy, el volumen conjunto de petróleo producido por América del Norte y América del Sur se encamina a crecer un 10 % durante los dos años que concluyen en diciembre de 2026.

En ese escenario, Chevron, principal competidor de ExxonMobil en Estados Unidos, incrementó su presupuesto de exploración en más de un 50 % respecto a 2025 y mantiene actividades de búsqueda de hidrocarburos en Surinam, Argentina, Venezuela y Brasil.

La compañía también obtuvo una participación del 30 % en el bloque Stabroek tras acordar en 2023 la adquisición de la petrolera estadounidense Hess por US$53,000 millones.

La operación fortaleció las reservas de Chevron, que representan la cantidad de petróleo y gas que potencialmente puede extraer. En 2024, estas habían descendido a 9,800 millones de barriles equivalentes de petróleo, su nivel más bajo en una década.

Para Parker, los avances de Brasil en aguas profundas, el crecimiento de la formación de esquisto Vaca Muerta en Argentina y los desarrollos marítimos de Guyana están convirtiendo a América Latina en una de las fuentes más relevantes de suministro adicional de petróleo a escala mundial.

El analista agregó que Surinam podría incorporarse a ese crecimiento hacia finales de la década, mientras que Venezuela continúa siendo una incógnita.

La región, sostuvo, está pasando de ser reconocida por su potencial geológico a convertirse en un motor efectivo de expansión de la producción petrolera mundial.

Fuente: Financial Times

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Fuel oil 6 aumenta 33.4 % en generación eléctrica y carbón reduce su consumo

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Santo Domingo, República Dominicana.— El consumo de fuel oil 6 en la generación eléctrica aumentó 33.4 % durante los primeros nueve meses de 2026, mientras que el uso de carbón mineral disminuyó 7.2 %, en comparación con igual período del año anterior, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Entre enero y septiembre de este año se utilizaron 184.96 millones de barriles de fuel oil 6, frente a los 138.70 millones consumidos en el mismo período de 2025. En contraste, el consumo de carbón mineral pasó de 2.13 millones a 1.98 millones de toneladas métricas.

El gas natural también registró un incremento. Su consumo subió 5.41 %, al pasar de 59,962.14 MMBTU en los primeros nueve meses de 2025 a 63,208.05 MMBTU en igual período de 2026, una diferencia de 3,245.91 MMBTU.

Por su parte, el fuel oil 2, conocido como diésel, aumentó 3.36 %, al pasar de 3.50 millones a 3.62 millones de barriles. Entre los combustibles considerados, el fuel oil 6 presentó la mayor variación porcentual.

Estos cambios reflejan movimientos en el consumo de los combustibles utilizados por las centrales termoeléctricas, aunque el mayor crecimiento de uno de ellos no significa necesariamente que tenga la mayor participación en la generación nacional.

El gas natural mantiene el liderazgo en la matriz

Los datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) indican que, durante lo que va de 2026, el gas natural aportó el 40 % de la energía colocada en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la mayor participación entre las fuentes utilizadas.

El carbón mineral representó el 19 % y el fuel oil 6, el 14 %. En tanto, la energía solar aportó el 12 %, mientras que la eólica y la hidroeléctrica contribuyeron con 7.1 % cada una. La biomasa completó la matriz con 0.8 %.

De esta manera, aunque el fuel oil 6 registró el mayor crecimiento porcentual en su consumo, su participación en la energía suministrada fue inferior a la del gas natural y el carbón.

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Las centrales que utilizan combustibles fósiles

En el sistema eléctrico dominicano operan centrales termoeléctricas que utilizan derivados del petróleo, gas natural y carbón mineral para producir electricidad.

Entre las instalaciones que emplean fuel oil 6 figuran Quisqueya I y II, Sultana del Este, Monte Río, Palamara, La Vega y Pimentel. Estas plantas utilizan motores de combustión interna o equipos térmicos que transforman la energía del combustible en electricidad.

En el caso del carbón mineral, el país cuenta con centrales como Punta Catalina, Itabo I, Itabo II y Barahona Carbón. Estas instalaciones aprovechan el calor generado por la combustión para producir vapor, que mueve turbinas conectadas a generadores eléctricos.

El fuel oil 2 o diésel también se utiliza en motores de generación, especialmente en unidades que pueden funcionar como respaldo o atender necesidades específicas del sistema.

La generación solar y la demanda eléctrica

A diferencia de las centrales termoeléctricas, las plantas solares fotovoltaicas producen electricidad mediante paneles que captan la radiación solar y la convierten en energía eléctrica, sin quemar combustibles fósiles.

Entre los parques solares que operan en el país figuran Girasol, Bayahonda, Monte Plata Solar, Montecristi Solar, Canoa y Martí, entre otros.

Estas instalaciones contribuyen a diversificar la matriz y reducir la necesidad de combustibles durante las horas de radiación solar. Sin embargo, su producción depende de la disponibilidad de luz, por lo que las centrales térmicas mantienen un papel complementario cuando disminuye la generación fotovoltaica.

La evolución del consumo de combustibles también ocurre en un contexto de crecimiento de la demanda eléctrica. Durante 2026, el pico máximo registrado alcanzó 4,350 megavatios, frente a los 2,700 megavatios reportados como máxima demanda en 2020.

El consumo regular de electricidad ronda los 4,000 megavatios, aunque durante determinadas épocas del año, especialmente en verano, la demanda alcanza niveles superiores. Para atender esos picos, el sistema debe disponer de capacidad instalada suficiente y recurrir a unidades que habitualmente permanecen fuera de servicio y entran en operación ante situaciones de emergencia o mayor consumo.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ha señalado que esa necesidad de atender una demanda creciente explica la importancia de mantener inversiones en nuevas plantas de generación eléctrica.

Demanda eléctrica crece 8 %, por encima de la economía, y alcanza un pico de 4,350 MW

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Santo Domingo, República Dominicana.— La demanda máxima de electricidad en República Dominicana pasó de 2,700 megavatios en 2020 a 4,350 megavatios en lo que va de 2026, un incremento de 1,650 megavatios que refleja, según el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, los cambios en los hábitos de consumo y la mejora de las condiciones de vida de la población.

En una entrevista con el periodista Jairon Severino y Esteban Delgado, el funcionario explicó que ese aumento equivale a más de dos veces la capacidad de generación de Punta Catalina. Aclaró que se trata del pico de potencia demandada y no del consumo permanente, pero consideró que el dato permite dimensionar la velocidad con la que está creciendo la necesidad de electricidad en el país.

El cambio también se observa en el ritmo anual de expansión. Santos indicó que hasta 2020 la demanda aumentaba alrededor de 120 megavatios por año, lo que permitía proyectar unos 600 megavatios adicionales en un período de cinco años.

Sin embargo, afirmó que actualmente el incremento ronda los 250 megavatios anuales, casi el doble de lo que se anticipaba. Según explicó, las proyecciones pudieron contemplar aumentos de 160 o 170 megavatios, pero no una expansión de esa magnitud.

El ministro señaló que la demanda eléctrica crecerá 8 % durante 2026, mientras que la economía avanzará alrededor de 5 %. Esa diferencia evidencia que el consumo de electricidad está aumentando a un ritmo superior al de la actividad económica.

Más equipos eléctricos elevan el consumo de los hogares

Santos atribuyó buena parte de ese comportamiento a la transformación de los patrones de consumo. Explicó que los hogares están incorporando equipos de mayor capacidad o que utilizan electricidad para actividades que antes dependían de otras fuentes.

Entre los ejemplos mencionó hornos eléctricos para panaderías, estufas eléctricas, televisores de mayor tamaño y neveras más grandes, cuya incorporación incrementa la demanda de energía y puede reflejarse en el monto de las facturas.

“Cuando usted cambia, compra un televisor más grande, eso demanda energía. Cuando usted mete una estufa eléctrica, le va… Cuando usted compra una nevera más grande también”, afirmó.

El funcionario sostuvo que muchas personas no perciben el impacto acumulado de esas decisiones sobre su consumo. A su juicio, la población mejora su calidad de vida al adquirir nuevos equipos, pero no siempre incorpora en sus hábitos de consumo la relación entre esos aparatos y el aumento de la factura eléctrica.

A esos factores agregó las temperaturas más elevadas que se registran cada año, aunque insistió en que el principal elemento es el cambio en la cultura de consumo de los hogares.

La planificación eléctrica enfrenta una demanda mayor

El crecimiento de la demanda plantea un desafío para la planificación del sistema eléctrico, debido a que las necesidades de generación aumentan más rápido de lo que se proyectaba anteriormente.

Santos indicó que todavía se trabaja con una expectativa de crecimiento de alrededor de 5 % anual, aunque considera que en algún momento el ritmo debería normalizarse.

La diferencia entre las previsiones anteriores y el comportamiento actual obliga a considerar una demanda adicional de potencia mayor para atender los hogares y las actividades económicas. El ministro vinculó este fenómeno con la necesidad de ajustar las proyecciones del sector a los cambios en el consumo de electricidad.

Fuente: elDinero.

Cámara de Cuentas detecta nueve irregularidades en contratos de seguridad de Edesur con Senase

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Santo Domingo, República Dominicana.— La Cámara de Cuentas identificó nueve irregularidades en la contratación de servicios de seguridad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) con Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase), en una investigación especial que abarcó el período 2017-2026 y documentó deficiencias en los procesos de licitación, formalización de contratos, pagos y conservación de expedientes.

El informe señala que Edesur suscribió a finales de 2017 un contrato por RD$104,727,207, con una vigencia inicial de tres años. Sin embargo, cuatro adendas modificaron los montos y extendieron el período de prestación hasta 2022, por lo que el desembolso final ascendió a RD$180,757,984 durante seis años.

La investigación también encontró anomalías cronológicas en la legalización de los acuerdos. Según el órgano auditor, Edesur firmó el contrato principal después de que comenzara formalmente su vigencia, una situación que se repitió en las adendas III y IV.

Los hallazgos se producen en torno a una contratación vinculada con Senase, empresa privada que, según la información del caso, ha figurado en investigaciones judiciales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dentro de la Operación Lobo, por presuntas irregularidades relacionadas con corrupción administrativa y fondos públicos.

Diferencias en la licitación y falta de documentación

Entre las observaciones figura un proceso de contratación por RD$124,561,152 sin evidencia de publicación en los portales digitales correspondientes, lo que, de acuerdo con la Cámara de Cuentas, incumplió las normativas aplicables a las compras y contrataciones públicas.

El organismo también detectó diferencias entre los montos y las cantidades incluidos en los documentos del procedimiento. Edesur habría adjudicado y firmado un contrato con condiciones distintas a las establecidas en la oferta, el pliego de condiciones y la adjudicación.

En concreto, la cantidad de vigilantes contratados por zona no coincidía con la prevista en la licitación. Además, el monto comprometido superó en RD$258,744 el resultado del cálculo matemático del servicio.

La Cámara de Cuentas agregó que las adendas I y II no detallaban las cantidades de horas diurnas y nocturnas ni el monto total contratado y los precios por hora para cada turno.

A estas observaciones se suma la ausencia de documentos que respaldaran el procedimiento por RD$124.5 millones. Entre los soportes no suministrados se encontraban la solicitud de contratación, la certificación del registro del contrato en la Contraloría General de la República, actas del Comité de Compras, invitaciones a oferentes, publicaciones en periódicos, certificaciones de fondos y dictámenes jurídicos del pliego de condiciones.

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Diferencias en facturas y pagos fuera de contrato

La revisión también encontró una diferencia de RD$500,598 entre una factura confirmada por Senase y la documentación incluida en el expediente de pago de Edesur.

Asimismo, 37 transacciones correspondientes a facturas y notas de crédito no fueron suministradas para su análisis. Esos documentos representaban RD$53,882,161, según el informe.

Otro señalamiento corresponde a 14 pagos por RD$60,855,356 realizados a facturas sin contrato vigente y después del vencimiento de su período de vigencia, aunque esos pagos estuvieran contemplados en la adenda IV, de acuerdo con la descripción de los hallazgos.

La investigación identificó, además, tres expedientes de pago que no fueron entregados a los auditores, por un monto de RD$8,287,839, lo que limitó la posibilidad de evaluar esas transacciones y obtener las evidencias correspondientes.

El último señalamiento se refiere a expedientes de pago que carecían de documentos de soporte por RD$172,470,145. Entre los faltantes mencionados figuran comprobantes de pago firmados y sellados por funcionarios autorizados, constancias de recepción de servicios, facturas, órdenes de compra y certificaciones de cumplimiento tributario y de seguridad social.

También se señalaron deficiencias en los controles de facturación y en los formularios de entrada y salida del personal, así como en los certificados de disponibilidad de cuota.

Edesur respondió, pero los hallazgos se mantuvieron

La distribuidora presentó respuestas a los señalamientos formulados durante la investigación. No obstante, la Cámara de Cuentas decidió mantener los hallazgos al considerar que las explicaciones de Edesur no estuvieron acompañadas de evidencias suficientes para demostrar lo contrario.

El informe deja documentadas observaciones que abarcan desde la formalización de los contratos y las condiciones de adjudicación hasta la trazabilidad de facturas, pagos y documentos que respaldan el uso de recursos de la empresa eléctrica estatal.

Congelamiento de combustibles reabre debate sobre la aplicación de la Ley de Hidrocarburos

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Santo Domingo, República Dominicana.— La decisión del Gobierno de mantener congelados los precios de los combustibles hasta enero, siempre que el subsidio no supere los RD$1,500 millones semanales, reavivó el debate sobre los criterios utilizados para fijar los precios locales y la aplicación de la Ley 112-00 de Hidrocarburos, concebida para reflejar semanalmente las condiciones del mercado internacional.

La medida vuelve a poner en discusión el alcance de las intervenciones estatales para amortiguar las variaciones del petróleo y evitar que los cambios internacionales se trasladen directamente a los consumidores. Mientras el Gobierno establece un límite al gasto destinado al subsidio, usuarios cuestionan la falta de claridad sobre las razones que determinan cuándo se congelan los precios y cuándo se autorizan aumentos.

Miguel González, uno de los lectores consultados por Listín Diario, expresó que no siempre comprende el comportamiento de los combustibles frente a las variaciones del petróleo.

“Muchas veces el petróleo baja y los combustibles se quedan al mismo precio, pero si el petróleo sube, de una vez el Gobierno sube las gasolinas y el gasoil”, afirmó.

González también cuestionó que, pese a existir una legislación para regular los precios de los hidrocarburos, el Gobierno adopte decisiones que, a su juicio, responden a su conveniencia.

La Ley 112-00 fue concebida para que los precios locales reflejen semanalmente las condiciones del mercado internacional. Sin embargo, su aplicación ha estado acompañada de intervenciones estatales justificadas en la necesidad de amortiguar las variaciones y evitar que lleguen directamente a los consumidores.

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Ciriaco plantea modificar la ley y transparentar los precios

El economista y vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco Cruz, consideró que el Gobierno debería impulsar una modificación de la Ley de Hidrocarburos y transparentar el Precio de Paridad de Importación (PPI).

También propuso reducir los márgenes de ganancias en el sector mediante una mayor competencia y la eliminación de barreras de entrada.

Sobre el anuncio del presidente Luis Abinader, Ciriaco Cruz sostuvo que debe interpretarse como una medida temporal, aunque advirtió sobre sus implicaciones para las finanzas públicas.

“En realidad, el anuncio del presidente de la República, Luis Abinader, hay que verlo como una medida temporal, pero plantea un dilema fiscal importante en la medida que el subsidio no supere los RD$1,500 millones semanales”, señaló.

El economista explicó que los combustibles tienen un peso relevante en la estructura de costos de la economía, debido a su incidencia en el transporte y la distribución de bienes y servicios. Por esa razón, advirtió que un aumento brusco puede trasladarse a otros precios.

“Por tanto, un aumento brusco puede transmitirse hacia otros precios”, indicó.

El subsidio como amortiguador de un choque externo

Ciriaco Cruz explicó que congelar los precios funciona como un mecanismo temporal para contener el impacto de las variaciones internacionales. En lugar de trasladar inmediatamente esos aumentos a los hogares y las empresas, el Estado absorbe una parte mediante recursos fiscales.

“El Gobierno absorbe fiscalmente parte del incremento internacional en lugar de trasladarlo inmediatamente a hogares y empresas. Esa es, probablemente, su principal justificación económica”, sostuvo.

No obstante, consideró relevante que el anuncio establezca un límite de RD$1,500 millones semanales, porque introduce una restricción explícita al costo fiscal de la medida.

A su juicio, ese monto funciona como un techo y evita que se anuncie formalmente un subsidio sin límite. El planteamiento deja abierta la discusión sobre qué ocurriría con los precios cuando el costo de mantenerlos congelados supere ese umbral.

El debate, por tanto, no se limita a la decisión de subsidiar o trasladar las variaciones internacionales. También abarca la transparencia de los componentes que determinan el precio final, la competencia en el mercado de combustibles y la pertinencia de actualizar el marco legal que regula su cálculo.

Fuente: Listín Diario.